Sierra Tarahumara historia de despojos
Reversos
Rivelino Rueda
Los “de pies ligeros” llegaron en autobuses destartalados. Los otros, los flamantes carruajes de última edición, con baños, aire acondicionado y cómodos sillones, llegan hasta la calle de Madrid. Éstos no. Éstos lucen llenos de polvo y mantienen un penetrante olor a orines. Éstos que se mantengan lejos, a un costado del Parque Pauster.
Que caminen unos metros. Total, si recorren grandes distancias a pie y precisamente se les conoce por eso, que hagan el esfuerzo. La caravana es colorida y ordenada. No importan las descortesías ni la mañana brumosa en la Ciudad de México, lo que importa es reafirmar el derecho a ser rarámuri y ódami.
Representantes de las comunidades indígenas de Bacajípare, Bosques San Elías Repechique, Coloradas de la Virgen, Choréachi, El Mochomo, Huetosachi, Mala Noche y Mogótavo, agrupados en la “Caravana por la Justicia de la Sierra Madre Tarahumara” llegaron al Senado de la República para refrendar sus demandas a 30 años de haber iniciado la lucha por la defensa de sus tierras.
“En algunas comunidades de las que desde hace más de 30 años han defendido el bosque que hay en su territorio, ahora están sufriendo asesinato de sus compañeros, la persecución, la violencia y el desplazamiento forzado”, comenta Luis Javier Pérez, de la comunidad Repechique, uno de los participantes de la caravana.
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La lectura del documento. El énfasis en los compromisos incumplidos. La advertencia de continuar enfrentándose a “intereses económicos muy poderosos” que buscan instaurar proyectos en la región que “no son los proyectos de nosotros”.
Un gaseoducto, un aeropuerto, la lucha por el derecho al agua, los “regateos” para construir centros de salud, el “echarse la pelotita” entre autoridades para la edificación de escuelas… La ancestral defensa por la tierra. 65 mil kilómetros cuadrados. 50 mil habitantes.
Luego el traslado al piso 14 de la Torre de Comisiones de la Cámara alta para reunirse con legisladores y autoridades. Unos se lo echan a pie uno a uno de los escalones, faltaba más, otros más se aventuran por dos lentos elevadores con capacidad para ocho personas. El cuero correoso de los huaraches se afianza en la alfombra. El paliacate rojo en la cabeza contrasta con el insípido gris de los sillones. Allá afuera luce en todo su esplendor Paseo de la Reforma. Aquí dentro las palabras claras:
“En la sierra se están agravando otros problemas por la violencia. Hay miedo. Llega gente de fuera y obliga a nuestra gente a sembrar enervantes. No hay quien ponga freno al aumento de homicidios, al aumento de las adicciones. Sólo dicen que no pasa nada, que todo está tranquilo”, remarca el representante de la caravana.
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Lo de siempre. Termina la reunión sin compromisos concretos, solo promesas, solo la firma de acuerdos que, muchas veces, han sido incumplidos. Hipnotiza, casi como melodía de violín, el idioma rarámuri y ódami. Bajan catorce pisos y atrás dejan palabras e historias cotidianas, sobre la defensa de la tierra, su ancestral tierra…
Uno de los representantes indígenas comenta que se llevó a cabo una consulta sobre el Gasoducto El Encino-Topolobampo a 321 rancherías que se congregan en 21 centros de reunión tradicional de cuatro municipios de la Sierra Tarahumara.
“Esta consulta no fue previa porque la obra ya tenía más del 50 por ciento de avance. Para las comunidades ésta fue la primera consulta en la que participamos y, podemos decir, que tampoco fue adecuada a nuestra cultura y a nuestros tiempos, porque la hicieron muy apurada y no nos dieron tiempo para pensar y platicar bien en las comunidades. Tampoco nos dieron toda la información que pedimos sobre los riesgos que conlleva vivir con un gasoducto”, manifiesta otro representante.
Por allá alguien pide la voz y señala que “las empresas trasnacionales están ofreciendo constricción de escuelas, centros de salud y otros servicios, lo que nos parece ofensivo porque es lo que nos corresponde por derecho a las comunidades, y el gobierno debe garantizarlo independientemente de los proyectos”.
Y otro caso más del despojo: “Un problema que estamos viviendo es que las comunidades de Mogotavo, Huetosachi y Bacajipare presentamos proyectos para la distribución de agua potable, los cuales fueron aprobados y contaban ya con los estudios de factibilidad, pues en el caso de Mogotavo ya tenía un 60 por ciento de avance de obra pero fueron cancelados. La razón que dieron es que los propietarios de los predios se inconformaron. Nos preguntamos: ¿El derecho de propiedad privada está por encima del derecho al agua?”
La mirada vacía y un tufo de hartazgo se dejan ver entre los funcionarios. Las exigencias no forman parte de los protocolos a los que están acostumbrados, sobre todo cuando por allá se escucha que otro de los problemas de la región es que “los niños serranos tienen una educación deficiente, en el caso de que la tengan, porque no hay aulas, no hay maestros comprometidos que duren toda la semana y, además, nos imponen el modelo educativo que no nos ayuda al desarrollo armónico como rarámuri y ódami”.
Los esperan los autobuses con cicatrices de lodo, con olores nauseabundos por los alucinantes trayectos en carretera. Cruzan a toda prisa el Parque Pasteur, que hace esquina con Insurgentes y Paseo de la Reforma.
Bajo el brazo se llevan un acuerdo de las autoridades. Muchas dudas, muchos kilómetros a cuestas, muchos años de lucha y grandes conquistas que se les han ido arrebatando a los poderosos.
Luis Javier Pérez se detiene. Observa el enorme edificio del Senado. Echa un vistazo a los alrededores y comenta: “Lo principal es que el Estado respete nuestro derecho a decidir qué queremos. Nuestro derecho a pensar diferente. Nuestro derecho a ser como somos, rarámuri y ódami, y a gozar de nuestros derechos”.