Jorge Emilio Esquivel Muñoz y la presunción de inocencia
Subversiones
Por Romeo LopCam
Considerando que según la última encuesta de victimización y percepción sobre la seguridad pública (ENVIPE) que realiza el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), un 92.8% de los delitos que suceden en el país no se denuncian, o no concluyen en una averiguación previa; resulta increíblemente fortuita la actuación de la Procuraduría General de la República (PGR) en el caso de Jorge Emilio Esquivel Muñoz, un activista del Auditorio Che Guevara que fue acusado de narcomenudeo el pasado 25 de febrero, como resultado de una «denuncia ciudadana».
Según la dependencia, Jorge Emilio —a quien sus amigos conocen como «El Yorch»— fue interceptado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en los alrededores de una tienda de autoservicio en Avenida Universidad, con «50 envoltorios de cocaína en piedra, 26 pastillas psicotrópicas “Ribotril” y una bolsa con mariguana en greña, con un peso aproximado de 300 gramos», cuando realizaba «el intercambio de algo» con una mujer que se retiró del lugar. Leyendo el boletín de prensa, pareciera que la justicia en nuestro país marcha sobre ruedas. No obstante la percepción pública apunta en otro sentido.
Quienes parece que sí creen todo lo que dicen las dependencias de gobierno, son la mayoría de los medios de comunicación comerciales, pues difunden boletines oficiales sin someterlos a mayor crítica, añadiendo incluso valoraciones que avivan los prejuicios sociales y atentan contra la presunción de inocencia de los acusados. Tornándose en jueces, establecen una suerte de «tribunal paralelo» en el que se condena a las personas con base en su aspecto, su ocupación, su sexo, su clase social, o sus ideas y prácticas políticas.
Entre los medios que basaron sus respectivas notas sólo en la información que emitió la PGR, sin tomarse la molestia de contrastar dicha fuente están: Sin Embargo, Excelsior, Noticias MVS, La Razón, La Jornada y Milenio. Otros como El Universal y el Reforma fueron más lejos y declararon culpable al acusado al emplear titulares como: «El “taquero” que vendía ‘coca’» o «Traía ‘El Yorch’ 50 bolsitas de coca». Pocos retomaron la versión de los activistas, a pesar de que fue difundida ampliamente en las redes sociales.
El único texto que encontré, que intentó incorporar de manera equilibrada los dichos de todos los actores es «La otra versión sobre la detención de “El Yorch”», escrito por Mathieu Tourliere para Proceso. En él Nayeli Camacho Olvera, testigo del hecho y amiga de Jorge Emilio, afirma que éste fue levantado por unos 15 tipos vestidos de civil que nunca se identificaron como policías. Y añade que es crucial acceder a los videos que captaron las cámaras de vigilancia de las inmediaciones, pues con ellos se demostraría que el activista no llevaba maleta o mochila alguna, como afirmaron sus captores.
En una conferencia desarrollada éste 27 de febrero, los compañeros de Jorge Emilio validaron esta versión y añadieron datos como el de que durante toda la semana previa al suceso, pudieron identificar a varios elementos de la policía haciéndoles un seguimiento. Esto a su juicio es relevante porque según pudieron averiguar a través de la defensa, se supone que la mentada «denuncia ciudadana» fue recibida apenas un día antes de la detención, misma que tuvo lugar el 24 de febrero alrededor de las 9:25 de la noche. Ellos en cambio afirman que la cacería inició mucho antes.
Los activistas —anarquistas en su mayoría— que mantienen diversos proyectos en el Auditorio Che Guevara, asumen el hecho como una más de las muchas embestidas con las que las autoridades universitarias y los gobiernos de la ciudad y federal, pretenden sacarlos de ahí y criminalizar su actuar. Uno de ellos reflexionó, «como se les cayó lo de ataques a paz pública, ahora nos quieren acusar de ser narcos». Esto porque en días recientes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que dicho delito, asentado en el Código Penal del Distrito Federal, es inconstitucional.
Hay elementos para creerles. Hace unos meses Cesar Astudillo, titular de la Secretaría de Atención a la Comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseveró en una entrevista a modo que los principales factores de riesgo para los universitarios eran el narcomenudeo, que Ciudad Universitaria colinda con el barrio de Santo Domingo y que en ésta se articulan grupos que tienen «resentimiento contra el Estado». Afortunadamente hasta ahora no se puede acusar a nadie por esto último, ni por vivir en un barrio popular. Sólo a partir de las drogas se puede construir una amenaza.
Por otro lado, no es raro que las dependencias dedicadas a la procuración de justicia le fabriquen delitos a personas que tienen una práctica política disidente. Y para muestra se pueden citar casos como los de Mario González, Jacqueline Santana y Bryan Reyes; acusados todos ellos de diversos crímenes en investigaciones que a la larga demostraron ser poco menos que burdos montajes. A decir de sus amigos, Jorge Emilio Esquivel Muñoz es uno más en la lista. En los próximos meses asumen, será estigmatizado como pocos. Confían sin embargo en su resistencia.
Hoy «El Yorch» duerme en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11, localizado en Hermosillo, Sonora, en donde también estuvo recluido el doctor José Manuel Mireles Valverde. Antes trataron de ingresarlo al penal número 13 de Mihuatlán, Oaxaca, pero supuestamente por razones de cupo esto no tuvo lugar. La Cruz Negra Anarquista anunció recientemente que hará el acompañamiento jurídico, no obstante para ello requerirá de toda la solidaridad posible, pues el Estado parece decidido a entorpecer la defensa legal haciendo uso de todas las artimañas a su alcance.