¿Qué sigue en la defensa del Bosque Otomí contra la autopista de Grupo Higa?
Aldabi Olvera
Desde que Enrique Peña Nieto expropió tierras del Bosque Otomí-Mexica en 2015 para la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, concesionada a su amigo Armando Hinojosa Cantú, el pueblo otomí-ñätho de Xochicuautla instaló un campamento en pleno bosque, marchó en la Ciudad de México, obtuvo mediante amparo una suspensión de obra y lanzó un “contradecreto” de acuerdo con sus usos y costumbres para reapropiarse del territorio despojado.
Con estas acciones, el pueblo otomí cobró notoriedad y se instaló entre los defensores del territorio reconocidos a nivel nacional. Sin embargo, el gobierno del Estado de México inició una campaña en la que insiste: la autopista construida por Grupo Higa será terminada entre el 2016 y el 2017.
En conferencia de prensa realizada en el Club de Periodistas, habitantes de Xochicuautla, acompañados de sus vecinos de las comunidades de Huitzizilapan y Ayotuxco, afectados también por la construcción de la autopista, anunciaron que presionarían a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para obtener de ella una recomendación que les ayude a detener el proyecto que ya causó la devastación de cientos de hectáreas de bosque. También, amagaron con acudir ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos y denunciar lo que han vivido en el extranjero.
La CNDH fue la única institución que en nueve años de lucha les abrió las puertas, pero lleva ya casi un año analizando su caso sin emitir la recomendación que los indígenas le piden. Y aunque la CNDH emitió medidas cautelares a favor de la población, los habitantes exigen medidas cautelares que protejan su territorio como tal.
A la par que realizaban la conferencia de prensa, los tres pueblos se movilizaron ante las puertas de la Comisión: “esta es nuestra primera acción del año, pero vendrán muchas más”, dijo el vocero del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, José Luis Fernández.
Además, advirtió:
“No sólo es el proyecto carretero (Autopista Toluca Naucalpan) sino (la construcción de) casas-habitación residencial, un club de golf”.
NO TIENE CASO UNA CONSULTA
Los integrantes de los pueblos temen una represión próxima. Además tienen una preocupación: que en la recomendación de la CNDH se invite al Estado mexicano a realizar una consulta en las comunidades.
Insistieron en que, después de nueve años de incursiones constantes de cientos de granaderos y policías ministeriales en sus pueblos, de la instalación de asambleas de comuneros ilegales en la que autoridades comunales de filiación priista reparten miles de pesos, el tejido social “está roto”.
En el decreto presidencial de Peña Nieto dice que la comunidad de Xochicuautla fue consultada en junio del 2015, cosa que los habitantes niegan. En el caso del decreto contra Huitzizilapan publicado en 2014, ni siquiera se menciona la consulta:
“Si la consulta se debía realizar es hace nueve años. Después de nueve años, 20 detenidos y cientos de afectados, la consulta ya es secundaria”
dijo Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero en la conferencia de prensa.
Recalcó que la CNDH puede “reivindicarse” para reconocer que encima de cualquier proyecto están usos, costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas: “Si se atreve a proteger los derechos de estas comunidades daría una señal a nivel nacional”, insistió.
Ya en la CNDH, después de un mitin con alrededor de 100 indígenas, activistas solidarios que esperaban arremolinadas en la banqueta, la visitadora Norma Inés Aguilar León atendió una delegación de manifestantes. Este reportero también entró.
“Ya hemos venido a dejar lo que nos han pedido. Vamos a tener que ir a derechos humanos a nivel internacional. Yo siento que no hay confianza con ustedes”
dijo Eugenio de Xochicuautla.
Lucero, de Xochicuautla, siguió:
“Fueron tres personas, tienen mucha evidencia y no se ha visto nada. Si tanto están en televisión pero nunca nos hacen caso. El gobierno mete a sus granaderos. Si quiere sangre, la tendrá. Lo hacemos pacíficamente y ellos lo hacen como quieren. Tienen un nivel alto, pero si están aquí es porque deben de apoyarnos. El oxígeno que ustedes tienen es de nuestros pueblos”.
Insisteron: “¿qué mensaje le voy a decir a mi gente?”
La visitadora contestó:
“Los insto a que pongan las denuncias correspondientes”. También les dijo que están en una etapa de resolución. Aclararon que pidieron informes a 20 organismos de gobierno y actualmente estudian cuáles deben ser los efectos de violación a los derechos humanos cuando la violación ya pasó. También dijo que trabajan sobre qué van a ordenar, si indemnización, cancelación, porque el caso de las comunidades del Bosque Otomí-Mexica es “muy complejo”.
Este reportero habló con la visitadora y le dijo sobre las fallidas consultas a los yaquis y a los zapotecos de Juchitán, y se limitó a decir que leyera su resolución sobre el caso yaqui.
AYOTUXCO Y HUITZIZILAPAN
El pueblo otomí de Santa Cruz Ayotuxco reemprendió su organización públicamente contra la destrucción de sus cerros para la construcción de la autopista. Hasta el momento, Ayotuxco es el pueblo más afectado por el paso de ésta. En 2006, justo cuando comenzó el proyecto carretero, recibió al entonces Subcomandante Marcos a propósito de La Otra Campaña.
Pablo Romero, de Ayotuxco, dijo en la conferencia de prensa:
“Hemos hecho las denuncias, las pruebas. Contamos con varios manantiales en el trayecto donde pasa, hoy han desaparecido. Ya no hay agua. Está completamente seco. El lugar donde vivimos es montaña alta y es difícil que gocemos del agua otra vez”.
“¿Que nos hace falta, díganos, qué documentos?” preguntó en la reunión en la CNDH Abundio Rivera, de Huitzizilapan.
Esta comunidad que también integra el Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra, acaba de recuperar, después de meses de trabajo, a sus autoridades comunales y se reinsertó en la lucha para defender su territorio. Son afectados en seis hectáreas, pero el paso de la autopista dejaría al pueblo sin conexión con hermosos parajes que, sospechan, podrían ser utilizados para desarrollos habitacionales.
Xochicuautla mantiene el amparo 1123/2015 que le da suspensión definitiva, pero tiene otros tres recursos legales contra la expropiación que todavía no se resuelven.