En Jalisco, creman restos de desaparecidos sin tomar ADN

Por: Darwin Franco Migues

23 de noviembre 2015.- Cuando un cuerpo es cremado es casi imposible que de sus cenizas se pueda extraer material genético (ADN) que permita generar un perfil para conocer, a través de una confronta con otro ADN, la identidad de quien ilegalmente fue creado, porque instancias como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) considera que es más digno hacer esto que depositar el cuerpo en una fosa común.

Desde el año 1993, el IJCF crema los cuerpos de las personas que no son identificadas pero a muy pocos se les toman pruebas de ADN. El propio IJCF les quita el derecho a la identidad.

A decir de Eduardo Mota Fonseca, coordinador del Servicio Médico Forense (Semefo) en Jalisco, si en 10 días los cuerpos no son identificados o reclamados por nadie, el IJCF tramita ante el Ministerio Público y la Secretaría de Salud un permiso para que el Semefo proceda a cremar dichos cuerpos y obtener, así, un acta de defunción. Ya cremados, el Semefo resguarda los restos un año o dos y si en ese tiempo sigue sin ser reclamados se busca un espacio dentro algún panteón municipal.

Lo único que acompaña a estas cenizas son dos números de expediente, el administrativo y el de trabajo social, en ambos se deben incluir la necropsia médico-legal, los exámenes de alcoholemia y de abuso de drogas, las fotos forenses de distintos planos, una ficha dactiloscópica y una odontológica. El examen de ADN no siempre resulta necesario, pues para Mota Fonseca en la mayoría de los casos basta mirar las fotografías forenses para identificar un cuerpo.

El problema para los familiares de las víctimas inicia cuando identifican parcialmente a su familiar a través de una fotografía. Al tener dudas, le solicitan tanto al IJCF como al Semefo les entreguen el perfil genético de quien aparece en la imagen y la debida confronta con las pruebas de ADN que a ellos le realizaron cuando presentaron la denuncia por desaparición. La flagrante violación a sus derechos humanos y a sus derechos como víctimas se materializan cuando ambas autoridades no pueden darles estas pruebas porque simplemente no existe el perfil genético y, por consecuencia, es imposible realizar la confronta con el ADN de la familia. El cuerpo de su familiar desaparecido fue cremado, no tiene perfil de ADN y no puede asegurarse que las cenizas que tienen bajo resguardo las autoridades forenses correspondan a su ser querido.

Esta acción avalada y generada tanto por personal del Ministerio Público de la Fiscalía General de Jalisco, el Semefo, el IJCF y la Secretaría de Salud del estado es violatoria al Artículo 21 de la Ley General de Víctimas donde precisa que: “las autoridades ministeriales no podrán autorizar ni procesar ninguna solicitud de gobierno para la cremación de cadáveres, identificados o sin identificar, hasta en tanto no haya sentencia ejecutoriada”. En el caso de Jalisco, ni siquiera existe un cruce entre la aparente identificación que el IJCF hace de los cuerpos que les son remitidos por la Fiscalía General con las denuncias que ésta última estancia dice investigar para localizar a los 3 mil 125 desaparecidos que existen en el estado desde el año 2006.

Cuando sí existen estos cruces suceden cosas tan terribles como entregar (o intentar hacerlo) las cenizas de un desaparecido a su familia siendo que éstas habían permanecido entre uno y tres años en las instalaciones del IJCF. Tan sólo en noviembre, tres familias de desaparecidos integradas a Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ) fueron llamadas por la Agencia del Ministerio Publico 12/C, especializada en desaparecidos, de la Fiscalía General y el IJCF porque se encontraron indicios de que uno de los cuerpos bajo su resguardo pertenecía a su familiar.

En el primero de los casos, se trataba de un adulto que desapareció el 17 de septiembre de 2013 en el municipio de Zapopan. Su cuerpo, informó la Fiscalía a sus familiares, fue localizado el 4 de diciembre de 2013 en una fosa clandestina ubicada en el cerro de Santa Lucía. Sin embargo, esta afirmación sucedió dos años después de que su familiar desapareció siendo que dichos restos se encontraban en las instalaciones del IJCF desde aquel 4 de diciembre. La Fiscalía precisó que esto sucedió así porque no tenían toda la información genética de la familia para hacer la confronta. Lo que la Fiscalía General entregó a sus familiares no fue el cuerpo sólo fueron sus cenizas.

Situación similar vivió la familia de un joven de 19 años, el cual fue llevado junto con dos amigos por policías en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, el 4 de febrero de 2014. Las cenizas, no el cuerpo, de este joven les fueron entregadas a sus familiares el 4 de noviembre de 2015, les dijeron que lo localizaron dentro de una fosa clandestina que se encontró en Tlajomulco, el 21 de febrero de 2014. Es decir, el cuerpo de este desaparecido se encontró 17 días después de que la familia reportó su detención irregular por parte de policías y sus restos permanecieron un año nueve meses en el IJCF, instancia que decidió cremarlo porque nadie lo reclamó. La familia precisó que esto es mentira porque ellos lo buscaron en el Semefo todo el tiempo y más después del hallazgo de las fosas.

En ambos casos, las autoridades incumplieron lo que marca el Artículo 21 de la Ley General de Víctimas, pues cremaron dos cuerpos que sí estaban vinculados a una investigación judicial. Sin embargo, esto parece ignorarlo el Fiscal General, Eduardo Almaguer, porque asegura que esta entrega de cenizas a los familiares “no es un tema de la Fiscalía porque ésta apoyó y acompañó a los familiares”. Lo que olvida el Fiscal de Jalisco es que fueron sus ministerios públicos los que avalaron la petición del IJCF para cremar los cuerpos, que fueron sus policías investigadores los que tardaron años en realizar las confrontas de ADN y que fue la Agencia 12/C la que permitió la entrega de las cenizas siendo que esta acción es violatoria a los derechos humanos de los familiares.

Por esta razón, la última familia a la que la Fiscalía General pretende entregar las cenizas de su desaparecido se negó a recibirlas el pasado 19 de noviembre. Se trata del caso de un joven que desapareció el 19 de enero de 2010 en el municipio de San Sebastián del Oeste y que la Fiscalía afirma haber localizado el 17 de febrero de 2013 ahorcado en el puente peatonal ubicado al cruce de la calle Plan de la Noria y Periférico Norte, en Zapopan.

La familia tras dudar de que sea verdaderamente su familiar solicitó ver el cuerpo pero éste ya no existía sólo sus cenizas, pidió el perfil genético y la confronta de la prueba de ADN que se le realizó a la madre del joven y ambos documentos “están extraviados” como lo precisaron en el IJCF. La verdad es que el cuerpo fue incinerado sin habérsele realizado el perfil genético. La familia dijo que no aceptará esto: “Yo no quiero las cenizas, yo quiero el cuerpo de mi hijo y todas las pruebas que confirmen que de verdad es él, la persona que me quieren entregar. No recibiré jamás las cenizas”.

Desde el año 2006 hasta el 31 octubre de 2015, el IJCF ha incinerado mil 581 cuerpos pero tan sólo les ha tomado perfiles genéticos a 803. Es decir, 778 cuerpos fueron incinerados sin prueba de ADN. Esto confirma lo dicho por FUNDEJ en su comunicado: “las autoridades de Jalisco están completamente sobrepasadas y no han comprendido que nuestros hijos e hijas, aún desaparecidos, cuentan con derechos y entre esos derechos, está el de su identidad”. La Fiscalía aunque lo niegue, sí tiene gran responsabilidad en el horror que viven las familias de los desaparecidos de Jalisco.

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