“Mi encarcelamiento pago de una factura política a Mouriño”: Celestino May

Rosa Santana
20 de noviembre de 2015
Proceso
CAMPECHE, Camp. (apro).- El líder campesino Pedro Celestino May Can, recluido desde hace más de un mes en el penal de Kobén, acusado de despojo, se declaró “preso político” y denunció que su encarcelamiento es el pago de una “factura política” del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas al empresario Carlos Mouriño Atanes.

En una carta que escribió desde la prisión e hizo llegar a esta reportera, el dirigente del Movimiento Campesino Tierra y Libertad expone su temor por la seguridad de su familia, pues día y noche personal de la Fiscalía General del Estado, dice, permanece apostado a las puertas de su casa.

Desde el sexenio del expresidente Felipe Calderón, el movimiento Tierra y Justicia inició un juicio legal contra Carlos Mouriño Atanes, padre del fallecido exsecretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, por la posesión de los terrenos del ejido Lerma, conurbado a esta capital, donde el influyente empresario español cristaliza su exclusivo proyecto inmobiliario Campeche Country Club.

Para realizar su viejo sueño, en las postrimerías del calderonismo el dueño del Grupo Energético del Sureste y del equipo de futbol español Celta de Vigo, presuntamente hizo valer sus influencias en las dependencias federales para apropiarse de las tierras del ejido Lerma.

De esa manera se apoderó de 9 mil 685 hectáreas, por las que pagó alrededor de 40 centavos por metro cuadrado, que luego revendió en 288 dólares.

El ejido quedó reducido a sólo 400 hectáreas, luego de un juicio que dejó a salvo los derechos de ocho ejidatarios que se negaron a cederlos o venderlos. A la fecha May Can es el único que se ha mantenido firme.

Para evitar el despojo, el líder campesino decidió regalar tierras circundantes al Country Club para que ahí se creara “una colonia proletaria”. Y fue así como repartieron 3 mil 250 lotes a personas humildes para que construyeran sus viviendas y con ello se depreciara el valor de los predios del club.

Meses atrás Celestino May Can denunció amenazas de muerte y atentados en su contra, así como el incendio premeditado de su rancho y la muerte de su ganado, de lo que responsabilizó directamente a Carlos Mouriño, y exigió al Congreso local y al exgobernador Fernando Ortega Bernés que pongan atención a su caso.

Días después de haber entrado en funciones el nuevo gobierno, elementos de la Fiscalía General del estado (FGE) detuvieron de manera ilegal a Celestino May, quien por orden judicial quedó en libertad, pero de inmediato fue reaprehendido. Le dictaron cuatro meses de prisión preventiva, acusado de despojo contra el empresario Rafael Sélem Ferrer, concesionario de la Chevrolet.
En su misiva de cuatro hojas, May Can expone sus sospechas de que Mouriño Atanes aportó algo a la campaña de Moreno Cárdenas, pues desde que éste inició su gobierno la FGE arreció el hostigamiento en su contra.
“Narro un fragmento de la verdad con lágrimas en mis ojos, de un verdadero campesino ejidatario de Lerma, que apenas tiene la primaria, luchando o defendiéndome del poder político y económico de Carlos Mouriño Terrazo o Atanes, los cuales son los verdaderos despojadores de las tierras ejidales de Lerma.
“Hoy me encuentro en prisión, que no merezco y me considero un preso político, porque no estoy siendo juzgado por la ley, sino por políticos, los cuales recibieron favores de Carlos Mouriño Atanes para llegar al poder, la intención de esta gente es que se me den 12 años de prisión, de acuerdo al artículo 214 bis del Código Penal del Estado de Campeche”, denuncia.
Y revela: “Tengo temor de que desaparezcan a mi familia, las camionetas de la Fiscalía se pasan día y noche en la puerta de mi domicilio, como si yo y mi familia fuéramos delincuentes peligrosos o secuestradores”.
El líder campesino recuerda que en 1983 el gobierno federal, a través de Banobras, le expropió al ejido de Lerma 114 hectáreas de tierra para crear un parque industrial en tierras comunales, que nunca se concretó, pero sí beneficio a empresarios a los que se les repartieron predios en el lugar. Es el caso de Sélem Ferrer.
Insiste que una de las cláusulas de la expropiación estipula que si pasados 30 años el proyecto no se realizaba, las tierras regresarían al ejido.
El conflicto con Sélem Ferrer estalló porque en el predio que se adjudicó éste quedó el paso de servidumbre o camino de acceso que desde hace décadas usaban los ejidatarios para entrar a sus parcelas y que los nuevos colonos comenzaron a utilizar para llegar a sus terrenos.
“Campechana de Vehículos o Rafael Sélem tuvo 32 años para su proyecto, que sólo se dedicó a hacer negocios, prestando la tierra y cediendo material pétreo para el Campeche Country Club y la construcción del muelle de los Mouriño Atanes; estas mismas tierras ahora mismo fueron dadas a Coca Cola en pago”, señala May Can en el documento.
Expone que todas esas tierras que se dieron para el parque industrial están siendo usadas para la extracción de materiales a favor de los Mouriño, y que no hay motivo para que se le acuse a él de despojo.
“Cómo se me puede acusar, cuando solo protegemos un paso de servidumbre, que por usos y costumbres de nuestros padres y abuelos lo seguimos usando para ir a las parcelas comunales”, apunta.
Dice que Sélem, cumpliendo las órdenes de Richard Séller Hernández, pretendió bloquearles ese acceso con bardas y rejas, como lo hicieron Carlos Mouriño y El Colegio de la Frontera Sur con las otras dos entradas que había a las parcelas donde ahora se crea la colonia Tierra y Justicia.
“La Fiscalía me acusa como líder, por defender mi derecho al libre tránsito que tenemos los mexicanos, y la libertad de expresión y de manifestarnos pacíficamente. Creo que la Fiscalía no hizo el trabajo de investigar legalmente, pues las fotos que presentan en mi juicio son las mismas personas que participaron en el desalojo de la gasolinera de Calkiní, Campeche, gente de Carlos Mouriño”, abunda.
Sostiene que personeros de Richard Kelleher, en presencia de éste, intentaron matarlo antes de su detención, y señala que dicha agresión está documentada en un video –que también hizo llegar a esta corresponsal– en el que se escucha cómo dicen los agresores “¡mátalo!”. Y recuerda que por ese hecho levantó una demanda ante la FGE, la cual no ha procedido.
Concluye: “Los españoles no pudieron conquistar Campeche. En una fracción de tierra fracasaron, un campesino los frenó sin recursos”.
Al trascender el envío de esta carta, Celestino May, quien se encontraba en un sitio seguro de la prisión, fue reubicado a la que se conoce como “área 92”, donde los presos comunes cohabitan hacinados en el suelo con reclusos de más alta peligrosidad.
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