Se disparan más de 700 por ciento quejas por tortura en BC
Gabriela Martínez, Tijuana, B.C.
En solo nueve meses, de enero a septiembre de 2015, las quejas por tortura y tratos crueles e inhumanos o degradantes se dispararon 712 por ciento en Baja California, y lo cuestionable: las corporaciones señaladas se niegan a reconocer cabalmente las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
En el repunte de este delito, considerado un crimen de lesa humanidad porque agravia directamente la esencia del ser humano, el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (ONU) emitió por primera vez en la historia una recomendación contra el Estado mexicano, por el caso de cuatro hombres torturados por soldados del Ejército Mexicano en el cuartel militar de Tijuana, en junio de 2009.
Melba Adriana Olvera Rodríguez, titular de la CEDH, informó que en 2015, al último día de septiembre, esta comisión estatal recibió 228 quejas por tortura y tratos crueles, cuando en 2014 el número de casos apenas llegó a los 32.
Destacó que las denuncias presentadas en estos meses ya rebasan la cantidad de denuncias recibidas anualmente de 2010 a la fecha.
–¿Qué sucede en el estado? ¿Por qué aumentaron tanto los casos de tortura?
–Puede deberse a varios factores, que incluyen a la propia institución de la Procuraduría de Derechos Humano –nombre anterior de la CEDH–. Es revelador que en 2015 hay más quejas y es sintomático que desde el primer mes aumentó más de 30 por ciento; en Ensenada se cuadriplicó la cifra.
El problema no solo es el aumento en las quejas, subrayó, sino el desinterés de las instituciones señaladas por erradicar esas conductas delictivas.
De las 27 recomendaciones que emitió la CEDH por más de 500 casos denunciados por tortura y tratos crueles e inhumanos o degradantes, desde 2010, en menos de 25 por ciento las autoridades repararon el daño.
Incluso la Procuraduría Ge-neral de Justicia del Estado (PGJE), bajo el mando de Perla del Socorro Ibarra Leyva, rechazó la queja 528/2014, donde agentes de la Unidad Antisecuestros fueron acusados de torturar y abusar sexualmente de una mujer, identificada como la novia de un hombre señalado como secuestrador.
Raúl Ramírez Baena, director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, considera que “la impunidad de la que gozan las corporaciones” permite que los abusos continúen. Claro ejemplo, dijo, son las investigaciones que han tenido que llegar a cortes internacionales por la falta de respuestas en territorio mexicano.
La Corte Penal Internacional (CPI) actualmente analiza 30 casos de Baja California, que incluyen más de 100 víctimas de tortura y crímenes de lesa humanidad; como los 25 policías torturados hace seis años y la detención de Adrián Vázquez Lagunes, a quien los policías confundieron con un lugarteniente del cártel de Sinaloa apodado el Macho Prieto, y lo torturaron brutalmente dejándole lesiones de por vida, dijo el abogado.
“Las familias han tenido que salir y peregrinar todo un camino en busca de justicia fuera del país, porque aquí no encuentran respuestas. Estamos ante un Estado mexicano que ha caído en omisiones y negligencias reiteradamente, y hay que decirlo, en ocasiones hasta encubrimientos”, lamentó.
Ramírez Baena dijo que las autoridades señaladas aseguran que las denuncias son para esquivar la justicia y acusan a los defensores de derechos humanos de defender delincuentes, pero lo que no entienden es que aunque hubiera un delito que perseguir, eso no justifica que ellos cometan iguales o peores delitos; además, observó, es común que acusen gente inocente y la obliguen mediante tortura a incriminarse cuando necesitan crear “chivos expiatorios”.
El director de la CCDHN informó que más de 30 organizaciones civiles del país se reunirán en la ciudad de México con la Subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR para revisar la integración de sus propuestas a la Ley General sobre Tortura que será sometida a la aprobación de la Congreso de la Unión. Se trata, dijo, de una ley que cumple con todos los estándares internacionales para la prevención y la sanción de este delito de lesa humanidad.
La ONU pone a BC como evidencia de tortura en México
Ramiro apenas terminaba de trabajar cuando dos soldados lo golpearon y le arrebataron el celular mientras platicaba con su esposa. Le preguntaron con quién hablaba, le asestaron un puñetazo e insistieron: “¡¿A quién le estás avisando, cabrón?!”.
Ese 16 de junio de 2009, Ramiro López fue detenido y acusado con otros tres hombres de secuestro. El Ejército Mexicano los había presentado con más de 17 armas decomisadas y como integrantes del cártel de Sinaloa. Tras su arresto, un teniente pidió que se lo llevaran, luego de unas preguntas y otro par de golpes, gritó el militar:
–¡Este pendejo no sabe nada!
Ramiro se ilusionó, pensó que lo dejarían ir, pero no.
–Ni modo, ya mamaste, no eres pero ya te traigo.
Y así decidieron llevarlo a diferentes casas de seguridad y al cuartel militar en Tijuana, donde por más de 40 días, según el expediente integrado por el Comité Contra la Tortura (CAT) de la ONU, Ramiro López sufrió choques eléctricos, ahogamientos y golpizas brutales hasta que perdió el sentido del oído.
Este organismo de la ONU, en su recomendación plantea cinco puntos fundamentales que el Estado Mexicano debe cumplir:
Liberar de inmediato a 4 jóvenes torturados en el cuartel militar de Tijuana en 2009; sancionar a los militares responsables; reparar el daño a las víctimas; eliminar de la legislación nacional la figura del arraigo y desahogar en la justicia ordinaria los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares contra civiles.
La ONU otorgó un plazo de 90 días al Estado mexicano, que vencen a mediados de diciembre, para responder la recomendación.
Mayra López, hermana de Ramiro, habló con La Jornada Baja California después de que el CAT emitió en agosto pasado una recomendación contra México.
–¿Cómo les cambia la vida esta recomendación?
–Todos estos años negaron la atención médica a mi hermano. Después de la resolución, al día siguiente me hablaron del órgano desconcentrado del Cefereso donde está recluido Ramiro, para decirme que ese jueves ingresaba a cirugía y pedían una disculpa porque no tenían presupuesto.
–¿Cuáles fueron las irregularidades?
–Plagiaron un pliego petitorio de otra averiguación previa, le ajustaron algunas cosas. No coinciden tres domicilios (de la detención). No hubo ni un dictamen pericial positivo, ni testimonios, nada.
–¿En qué se basa el juez para declararlos culpables?
–Básicamente en sus declaraciones ministeriales, que fueron obtenidas bajo tortura. El juez jamás revisó los dictámenes emitidos por la PGR y los médicos les decían que había lesiones en ellos.
–¿No las vieron por omisión o por negligencia?
–Es su obligación revisar el expediente. Pregunté al Ministerio Publico qué estaba pasando, y en ese momento me dijo: “tú puedes presentar 10 mil pruebas… pero aquí no hagas nada porque no lo voy a liberar, la orden es que se van los cuatro”.
–¿Qué ha comentado su hermanos sobre el tiempo que lo tuvieron en el cuartel?
–A veces podía ver o escuchar cuando los estaban torturando; ellos estaban en el mismo cuarto, pero se dieron cuenta de otras personas que también torturaban, eran detenidos y les hacían lo mismo. Los del Ejército le llaman a ese lugar “el cuarto de la risa”.
–¿El sistema judicial los decepcionó?
–Sí, porque nunca consideraron todas las pruebas que había en el expediente. Simplemente querían cumplir con una orden de trabajo.
–¿Para ustedes es suficiente esta recomendación?
–A nivel moral y sicológico es insuficiente, todo este tiempo no va a regresar. Mi hermano no ha visto a su familia, no miró crecer a su hijo, que tenía 6 años, pero el hecho de que ya se vislumbra la libertad para él, es algo bueno.
Desde que se emitió la recomendación, Mayra y su familia se han reunido en dos ocasiones con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Roberto Campa. La instrucción, dice, es que se le otorguen los servicios de salud; del dinero todavía no hablan, porque la prioridad es su liberación.
Las otras tres víctimas de tortura son los hermanos Rodrigo y Ramiro Ramírez Martínez, y Orlando Santaolaya Villarreal, quienes permanecen, junto con Ramiro, en el Centro Federal de Reinserción Social de Tepic, Nayarit, desde el 31 de julio de 2009.
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