Acosan y citan a declarar de nuevo a víctimas de represión en Atenco en 2006
ALDABI OLVERA
A casi seis meses del décimo aniversario de la represión ordenada por Enrique Peña Nieto contra el pueblo de San Salvador Atenco; algunas personas que fueron detenidas y torturadas por diversas corporaciones policiacas son todavía “citadas a declarar”.
Ken Lueders encontró policías en su puerta este 27 de octubre cuando subía por las escaleras del edificio donde vive. Le mostraron una orden de presentación firmada por el Juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca: Moisés Reza Ocampo. Los policías no se identificaron. Lueders relata que uno le tomó fotografías y dijo:
“Sabemos que eres tú. Sabemos dónde está tu domicilio, dónde vive tu hermano”.
Ante su negativa de acompañarlos, lo amenazaron:
“No van a chingar a nuestros compañeros. Tú sabes que están consignados nuestros compañeros por tus mamadas. Ustedes son los que metieron las notas. Nos vas a tener que acompañar”.
Lueders es periodista de medios libres. Aquel 3 y 4 de mayo del 2006 fue a cubrir la represión y el cerco instalado alrededor del pueblo mexiquense que, como muchos otros, era parte de la Otra Campaña, un esfuerzo de organización alternativo a las campañas electorales para la presidencia de la república. Se acreditó como prensa, fue torturado.
Esos días fueron detenidas 211 personas. Durante cuatro años se luchó a distintos niveles para que todos los detenidos pudieran salir en libertad. En octubre del 2014 la Procuraduría General de Justicia del Estado de México detuvo a 11 médicos, 8 policías y un MP por violación y tortura contra las víctimas del “mayo rojo”.
Hoy todavía se espera un informe de fondo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la denuncia que 11 mujeres interpusieron contra el Estado mexicano por tortura sexual. La CIDH ya lanzó una recomendación en la que dice que el daño debe ser reparado.
El Estado mexicano pretende hacer reparación del daño con un fondo, pero las mujeres contestaron en mayo de este año que la reparación que esperan no es económica, sino mediante la justicia.
“No creemos que se haga justicia consignando a un grupo de policías expiatorios que cumplían órdenes”, acota Lueders, “saldrían bajo fianza y después vemos un escenario de policías buscando venganza. Es absurdo que a nueve años te citen y digan: ¿fue éste el que te pegó?”
Lueders hizo llegar a Másde131 el citatorio que le mostraron en el que el juez gira una orden de búsqueda, localización y presentación contra 11 personas para un “desahogo de pruebas” a las 11:00 horas del 30 de octubre.
Se les cita para que declaren en contra de Daniel Job Olmos Arroyo por encubrimiento, también de Agustín Hinojosa Martínez por tortura en contra de las mujeres que interpusieron la denuncia ante la CIDH.
Los citatorios ya se volvieron órdenes de presentación. Él, como otros, se ha negado a ir a declarar contra pocos policías cuando los altos mandos responsables ejercen hoy cargos públicos.
“Que dos judiciales me quieran subir a una patrulla es un acoso y tortura psicológica que continúa a nueve años de la represión. ¿Qué van a hacer conmigo esos días?”
Además explica:
“Ir a presentarte es darle legalidad a su teatro y decir: estás impartiendo justicia. El daño no se repara así, menos cuando la persona que ordenó el operativo ostenta el cargo de presidente (Enrique Peña Nieto)”.
Quienes han decidido ir a testificar le contaron al periodista que afuera de las audiencias están los familiares de los policías detenidos que los amedrentan. Además, los policías cuentan con una base de datos de dónde se encuentran sus domicilios.
Jorge Salinas Jardón, integrante del colectivo de Telefonistas Zapatistas, quien fue detenido y brutalmente golpeado en 2006 y además se encuentra en la lista, cuenta en entrevista para Másde131 que en caso de que declare, el gobierno mexicano va a tener las pruebas para demostrar en la CIDH que está atendiendo los reclamos:
“Hace un año dijimos que era una trampa jurídica de parte del gobierno en su actitud de simular”.
Aclara que en caso de inculpar a los policías, estarían incurriendo en falsedad porque no vieron quiénes los golpearon, pues llevaban la cabeza tapada durante la tortura.
Salinas Jardón confirma que desde hace un año le han dejado citatorios debajo de su puerta o pegados. Aún así, no se presentará y ya interpuso una denuncia penal por tentativa de homicidio y tortura contra los policías que lo detuvieron en 2006, pero no prospera.
“¿Por qué vamos a declarar si estamos exonerados y estamos libres?”, se pregunta.
Ignacio del Valle, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, quien pasó cuatro años en prisión, cuenta también a Másde131 que con detener a algunos elementos policiacos el gobierno quiere “dar carpetazo” a lo que ocurrió en su pueblo en 2006.