Ejército dispara por la espalda y mata a joven desarmado en Tamaulipas, le negaron atención médica
Revolución Tres Punto Cero
Gustavo Ortega Pérez, tenía 23 años de edad, cuando falleció en el Hospital de Especialidades, después de permanecer una semana en estado de coma. Lo anterior se suscitó hace unos meses. Lo que le produjo la muerte fueron las lesiones de dos balazos, uno en la cabeza y otro por la espalda, siendo los percutores elementos del Ejército Mexicano.
De acuerdo al testimonio de la familia, en poder de Revolución TRESPUNTOCERO, la agresión ocurrió el domingo 15 de febrero frente a una estación de gasolina ubicada por la cuadra 93 de la Carretera Anáhuac, cerca de la entrada a la colonia Santiago M. Belden, en Nuevo Laredo.
Dafne de la Cruz, esposa de la víctima, narró que los militares acusaron a Gustavo de haberlos agredido a balazos primero, aunque el joven nunca tuvo un arma en su poder, y después de una persecución le dispararon hasta herirlo de gravedad, inicialmente le fue negada la atención médica y fue por la presión de los testigos que fue ingresado al Hospital General bajo fuerte custodia militar e impidiendo en todo momento que sus familiares pudieran tener algún contacto con él, incluso tres camionetas pertenecientes al ejército cerraron las calles cercanas del hospital y a la unidad de emergencias.
La esposa de Gustavo intentó en vano convencer a los militares para que la dejaran entrar a ver al joven, pero estos no se lo permitieron, es por ello que recurrió al Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, quienes se trasladaron inmediatamente al hospital al conocer los hechos. Ya en la sala de urgencias solicitaron información sobre la persona lesionada, pero el Ejército también a ellos les negó algún tipo de dato, bajo el argumento que no podían permitir el paso a familiares o representantes, ni decir algo más, porque la persona lesionada estaba “arrestada y a disposición de la PGR”.
Sin embargo, el personal del CDHNL insistió en el acceso para conocer las características de la persona lesionada y se pidió hablar con un responsable del hospital o personal médico para tratar de confirmar que se trataba de Gustavo Ortega Pérez, pero nuevamente los militares impidieron y negaron el acceso, diciendo que para corroborar su parentesco debería presentar acta de matrimonio, “sin importarles que se trataba de una situación de extrema urgencia”.
Luego de varias horas, alrededor de las 11 p.m., el personal del Ejército autorizó ingresar a Alba Carolina Ortega Pérez, hermana de Gustavo, pero solamente por espacio de cinco minutos y sólo para identificar al lesionado como su familiar. La joven aseguró al Comité que el joven se encontraba inconsciente y que de acuerdo con información proporcionada por el personal médico que lo atendió, presentaba al menos dos impactos de bala, uno en la espalda y otro más en la nuca, mismos que ponían en peligro su vida y que lo habían dejado en coma.
Al percatarse que a Gustavo le hacían falta medicamentos y equipo especializado para ser atendido, sus familiares lo trasladaron al hospital de Especialidades, ellos se quejan que en todo momento, el personal militar se dedicó a obstruir la atención del lesionado e intimidar al personal de enfermería y médicos, lo cual fue constatado por los visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que investigan este caso. Pese a los esfuerzos realizados, Gustavo no pudo salvarse y falleció días más tarde.
En la averiguación se logró constatar que los soldados que participaron en los hechos pertenecen al 16o Regimiento de Caballería Motorizada, aunque la demanda de los organismos de Derechos Humanos es que los elementos enfrentes una investigación tanto en el Ministerio Público Militar como en la Procuraduría General de la República por la comisión del delito de ejecución forzada, la primera que se registra en Nuevo Laredo durante el 2015, es difícil que el ejército acceda a la investigación.
Según expertos en temas de seguridad, Tamaulipas ha sido ya catalogado como Estado fallido, derivado a la no garantía del derecho a la paz social, la justicia, la libertad de tránsito o expresión, ya que en la entidad las fuerzas armadas son las que han obtenido el control y ejercido la violencia sobre la población, según explican las organizaciones civiles de defensa a Derechos Humanos.
A ello se le suma “la corrupción en los más altos niveles de gobierno ha permitido una cercana convivencia entre funcionarios y delincuentes, cobijados también bajo un poderoso manto protector; el poder político. Puntualmente el contexto de las ejecuciones extra judiciales en Nuevo Laredo, Tamaulipas es muy similar a lo que sucede con las desapariciones forzadas; impunidad de los agresores, manipulación de escenarios, alteración de evidencias, siembra de armas y drogas a las víctimas, intimidación y amenazas para los familiares o testigos, descalificación en páginas de internet y una profunda parcialidad de las autoridades investigadoras”, ratifica el informe sobre la inseguridad de esta entidad entregado por el CDHNL al Alto Comisionado de la ONU, el cual también se encuentra en poder de este medio.
El Presidente del CDHNL, Raymundo Ramos, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO, “nosotros pensamos que a su llegada las fuerzas armadas iban ayudarnos combatiendo a la delincuencia, pero lejos de generarnos paz social, se convirtieron en un problema de mayores dimensiones, por los abusos de autoridad, porque no están preparados para tareas de seguridad pública, y sin embargo ellos incluso, ejercen tareas de ministerio público, de jueces, y hasta de dioses, porque sencillamente y de forma libre deciden a quiénes les perdonan la vida y a quienes asesinan; son quienes deciden a qué personas ponen a disposición de las autoridades y en qué momento, con o sin tortura, ellos determinan las horas de tortura y cuál es el cargo por el cual se van a auto inculpar los detenidos”.
Si lo quieren así puede que inculpen a un ciudadano por un cargo de agresión hacia las fuerzas armadas y también tienen el poder de no llevarlo nunca con la autoridad y ejercer la ejecución extrajudicial o forzada. “Existe para los elementos absoluta libertad, no hay una autoridad que evalué el desempeño de las fuerzas armadas, pese a que Tamaulipas debería ser evaluada cada 6 meses por la autoridad civil y la sociedad, nunca ha sido permitido, ellos son los únicos que se aplauden e inventan que los delitos están disminuyendo, que están capturando a muchos más delincuentes, cuando la realidad es que las carreteras están aún más inseguras, no podemos viajar de noche porque las cifras de muertos, desaparecidos, detenidos arbitrariamente se van acumulando, bajo la absoluta impunidad”, asegura Ramos.
Sobre el tema el activista y sociólogo Roberto Sauce, asegura “en treinta años de estudios sobre violencia, México y el norte del país, puntualmente Tamaulipas podría ser uno de los escenarios más devastadores que me ha tocado analizar, por medio de casos tan cruentos como los perpetrados por los torturadores de medio y próximo oriente o las dictaduras en Sudamérica de décadas pasadas.
En el caso de las ejecuciones extrajudiciales por parte de los militares y también marinos pasaran a la historia como los crímenes de lesa humanidad convertidos por el priismo y el panismo en falsos positivos en busca de una legitimidad frustrada, porque intentan obtener con sangre, lo que jamás lograron obtener en las urnas y no solamente hablo del gobierno federal, las Fuerzas Armadas también son ilegitimas, porque asesinan al pueblo que deberían proteger, aliado que se convierte en enemigo, es un traidor por lo tanto no puede más que ser reconocido por el pueblo como grupos de choque o grupos de uniformados ilegales”.
Sauce puntualiza que pese a que el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales en Tamaulipas son hechos tan evidentes de norte a sur del país e incluso ya en varios continentes, sus efectos psicosociales siguen siendo negados por un gobierno que parece temerle a las Fuerzas Armadas; “el presidente está sobrepasado por las Fuerzas Armadas, en pocas palabras el que firme tratados internacionales de defensa a derechos humanos es una traición al Ejército porque coarta su libertad de violar, torturar, asesinar impunemente, por ello Cienfuegos sale y pone en ridículo al presidente recordando quién tiene el mando del país.
De 2011 a la fecha, Tamaulipas alcanzó los niveles máximos históricos tan sólo en la problemática de la ejecución extrajudicial; el simple hecho de asesinar debe ser condenado incluso si las fuerzas armadas lo hicieran en contra del capo más famoso, porque las leyes mexicanas son claras, nadie tiene derecho a ejecutar, aunque se tendría que leer el manual del Ejército y Marina, dependencias a las que se le permite todo, desde la manipulación del presidente, hasta la muerte de los ciudadanos y esa entidad es el claro reflejo de lo que acontece en todo el país. Tamaulipas es pues una de las principales situaciones dramáticas de todo el territorio mexicano”.