Ordena juez frenar obras de megaproyecto eólico en Oaxaca
Proceso.
Gloria Leticia Díaz, Oaxaca.
Comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec ganaron un amparo para detener provisionalmente “las autorizaciones, permisos, vistos buenos, aprobaciones, licencias y cambios de usos de suelo” para la puesta en operación del megaproyecto Energía Eólica del Sur.
Bettina Cruz, representante del pueblo binnizá, integrantes de la comunidad, así como abogados y organizaciones sociales informaron que el 30 de septiembre anterior el juez séptimo de distrito dio entrada a la solicitud de amparo firmada por mil 166 indígenas de la región “para el efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, esto es, para que las autoridades aquí señaladas como responsables no ejecuten las obras otorgadas con la licencias anteriormente descritas”.
En rueda de prensa, la defensora Cruz resaltó que el triunfo del pueblo indígena binnizá (zapoteco) radica en que quedó “evidenciado que no hubo consulta pública, ya que en enero pasado se aprobó el proyecto por la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero fue hasta junio de este año que se llevó a cabo la supuesta consulta, que sólo fue una simulación”.
También recordó que la empresa Energía Eólica del Sur pertenece al mismo grupo de empresarios que en 2012 conformaba la empresa Mareña Renovable, contra la que los pueblos indígenas ya habían ganado otro amparo hace dos años, pero que ahora vuelve a presentarse con otro nombre.
El abogado Ricardo Lagunes Gasca explicó que las comunidades de Juchitán interpusieron el amparo contra el ayuntamiento por la expedición de permisos y cambios de uso de suelo para la producción de energía eléctrica por medio de fuerza eólica, pero que ello sólo beneficiaba a la empresa Eólica del Sur, de la que son socios, entre otros, los consorcios Oxxo y la Cervecería Cuahutémoc.
El proyecto, agregó, afectaría 5 mil hectáreas con la instalación de 132 aerogeneradores, diseñado desde 2013, y “a pesar de ello la Semarnat no incentivó consulta alguna, sino meses después de que dio su aprobación”.
Además, destacó que la forma en que procesó ese ejercicio la Semarnat, “no cumplió con los estándares internacionales de ser una consulta previa, libre e informada, por lo que el juez séptimo de distrito otorgó el amparo provisional”.
Este recurso inhabilita los permisos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía, Semarnat, ayuntamiento de Juchitán e incluso el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), “que había dado su visto bueno para destruir la zona”.
En la conferencia de prensa Fernando Córdova Tapia, del Grupo Asesor de la Academia de la comunidad indígena, resaltó que la Semarnat aprobó un proyecto que planteaba “talar 100% de la superficie selvática sin proponer ninguna medida de compensación”.
Al señalar que no se consideró la importancia biológica de la zona, como Corredor Biológico Mesoamericano, Córdova apuntó que en el manifiesto de impacto ambiental, presentado por la empresa Eólica del Sur, es claro que “de los 147 impactos que se generarán, el 82% corresponde a impactos negativos, mientras que únicamente el 18% se reconoce como positivo”.
Raymundo Regalado, líder comunitario, alertó sobre posibles reacciones violentas contra los defensores de la tierra, ya que han recibido amenazas de muerte por oponerse a los megaproyectos eólicos, en tanto que Bettina Cruz ha sido víctima de un atentado y la familia de Regalado es constantemente vigilada.
Cristina Hardaga, de Asociadas por lo Justo (JASS), y Humberto Guerrero, de Fundar, alertaron sobre la posible “criminalización de los defensores del territorio indígena” ante el avance jurídico del caso.
Hardaga recordó que detrás de la aprobación del proyecto y la “simulación de consulta” hubo “autoridades coludidas y corruptas que echaron a andar una andanada de represalias para obstaculizar el pleno ejercicio de los derechos humanos”.
Guerrero resaltó que la criminalización ha sido un mecanismo que opera contra los defensores “para desviar la atención del objetivo principal de la lucha social y desgastar a los pueblos con la defensa jurídica de sus líderes”.