«El Istmo no se vende, se ama y se defiende». Pueblo binni’zaa frena megaproyecto de Eólica del Sur
Subversiones.
Valentina Valle,
Oaxaca.-«En 1492 los pueblos indígenas eran expulsados de sus tierras. En 2015, también». El lema, lanzado por Amnistía Internacional, llenó en este 12 de octubre muchas páginas de la redes sociales, reiterando los problemas que siguen atravesando los pueblos originarios del continente americano. Sin embargo, para la población indígena del Istmo de Tehuantepec, estado de Oaxaca, este 523 aniversario del «descubrimiento de América» fue un día victorioso. En la conferencia de prensa convocada por el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) de la Ciudad de México, Raymundo Regalado y Betina Cruz, portavoces del pueblo binni’zaa e integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos Juchitecos (APPJ) y de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), dieron a conocer la aceptación, por parte del juez séptimo de distrito de Salina Cruz, del amparo presentado por 1,166 indígenas binni’zaa así como la orden de suspensión provisional de todas las autorizaciones, permisos, vistos buenos, licencias y cambios de uso de suelo otorgados por las autoridades mexicanas a la empresa Eólica del Sur.
Este proyecto –que prevé la instalación de 132 aerogeneradores para la producción de 396 megawatts de energía, en un territorio de alrededor de 5 mil hectáreas– es bien conocido en el Istmo de Tehuantepec, por ser la nueva versión del plan de explotación y despojo que la empresa Mareña Renovables intentó imponer hace tres años al pueblo indígena ikots de San Dionisio del Mar, en el territorio conocido como Barra de Santa Teresa.
Este primer intento de recolonización multinacional del Istmo fue derrotado a finales de 2012 a través del mismo tribunal, que otorgó la suspensión presentada por los indígenas istmeños. La declaración de improcedencia de la queja que en aquel entonces la compañía interpuso en el consejo de la judicatura federal –en contra del juez– argumentando que estaba cediendo ante una presión social, no desanima ahora a los abogados de Eólica del Sur, que como destaca Ricardo Lagunes, asesor jurídico del pueblo binni’zaa, «son los mismos de Mareña Renovables y están pretendiendo hacer a un lado al juez séptimo de distrito para que no siga con este asunto». La conciencia de que «en este país también la independencia y la imparcialidad de los jueces se ven amenazadas», llevó a Lagunes a hacerse portavoz de un llamado para que se garantice la independencia e imparcialidad, «para que el pueblo tenga un juicio justo y que se protejan sus derechos, por el momento de manera provisional y cautelar y, en su momento, de manera definitiva». El jurista, de hecho, definió este caso como muy relevante con respecto a lo que está pasando en todo México, un país donde,
los bienes naturales se ponen a la disposición de los intereses privados, en completa violación de los derechos de las comunidades, que son las propietarias legítimas y originarias de estos bienes naturales. Por eso, la orden de suspensión va de la mano con el reconocimiento de que la relación del pueblo con su territorio va mas allá de una mera posesión, incluyendo las esferas religiosas, sociales, culturales que le confieren su identidad y sentido. No puede existir el pueblo si no hay la garantía de su libre movimiento en el territorio, de su prácticas culturales y religiosas, y todo esto no se está garantizando por parte del Estado mexicano. El juez de distrito al no haber concedido esta suspensión, habría permitido que el pueblo se viera vulnerado con daños que no pudieran ser ni resarcidos ni reparados, incluso teniendo un fallo favorable al final del juicio de amparo.
A propósito de los daños causados por el proyecto Eólica del Sur, durante la conferencia habló el biólogo Fernando Córdova, también parte del grupo de asesores, quien destacó que «actualmente la zona no cuenta con un estudio regional que evalúe los impactos acumulativos tanto ambientales como sociales». Una falta que definió sumamente grave, tomando en cuenta que el supuesto desarrollo de la región Istmo es una prioridad tanto para el gobierno estatal como para el federal.
Como muchas veces hemos señalado, toda la región del Istmo tiene de hecho un papel central en la implementación y realización del Proyecto Mesoamérica, un plan surgido en junio de 2008 por iniciativa del gobierno mexicano como continuación del Plan Puebla Panamá, a su vez lanzado en junio de 2001 como primer paso hacía la conformación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el enésimo tratado que habría permitido a los países de América del Norte saquear los de América del Sur. Este megaproyecto, financiado por instituciones como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), nunca vio la luz como ALCA, pero sus finalidades explotadoras son retomadas por las nuevas iniciativas de «desarrollo regional», precisamente el Proyecto Mesoamérica y la implementación del Istmo como Zona Económica Especial.
A demostración de la mala fe en la realización de estos proyectos –que también incluyen megacarreteras y extracción minera– y con respecto al parque eólico de Juchitán, tema de la conferencia, Córdova denunció que,
el grupo asesor contó con la disposición de la Secretaría de Energía para la entrega de la información que solicitamos reiteradamente para la realización de una evaluación científica en los aspectos social y ambiental necesarios. Ni tampoco se nos abrió un espacio a lo largo de la consulta en Juchitán para presentar el resultado de nuestra investigación, a partir de la cual detectamos una serie de inconsistencias en la autorización del impacto ambiental. Por ejemplo existe un conflicto de interés en su elaboración y autorización debido a que el socio fundador de la empresa que elaboró la manifestación de impacto ambiental es actualmente el subsecretario de planeación y política ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
Según el experto, si la evaluación de impacto ambiental hubiera sido verdadera, habría denunciado que la empresa promotora el proyecto pretende talar el 100% de la superficie selvática sin proponer ninguna medida de compensación, desprestigiando de esta manera la importancia de esta zona, que en cambio, es un sito fundamental para el corredor biológico mesoamericano. Además destacó que los muestreos de fauna son insuficientes y tienden a subestimar los impactos reales: «de los 147 impactos que se generaran, el 82% corresponde a impactos negativos, mientras que únicamente el 18% se reconocen como positivos y por esta razón concluimos que la autorización para el Parque Eólico del Sur es inaceptable, debido a su magnitud y sus impactos ambientales y sociales que se generarán a mediano y largo plazo».
El papel de la SEMARNAT resulta así fundamental en la imposición de esta enésima obra de marco capitalista en el Istmo de Tehuantepec, por haber sido la que en 2014 otorgó el permiso a Eólica del Sur, con la condicionante de que se realizara una consulta de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, como destacó el grupo de asesores, «la consulta no resultó ser ni libre ni previa ni informada, y tampoco culturalmente apropiada». El proceso que se dio el año pasado en Juchitán fue simplemente una repetición de lo que ya había ocurrido hace unos años con Mareña Renovables y que Alejandro Regalado Martínez, de la sociedad cooperativa pesquera Xcuana Bichi, también presente a la conferencia, recuerda como una consulta de «pura gente pagada, para la cual hasta nos ofrecieron dinero y mandaron mensajes a mi celular con amenazas». Más allá de los testimonios de los expertos, las palabras de don Alejandro son fundamentales porque son las mismas que se escuchan en todos los pueblos del Istmo, donde la población tal vez no maneja datos duros sobre los efectos de esta invasión de aerogeneradores, pero sí los vive.
Nosotros sólo pedimos beneficios para nuestros hijos en el futuro, para trabajar en la pesca y en el campo. Ahora dicen que viene otra empresa, ¿qué pretende el gobierno? ¿por qué no nos escucha? ¿por qué no nos está haciendo caso? Nuestra tierra es la única fuente de trabajo que tenemos, de ahí sacamos el sustento de nuestra familia. Ahora tenemos ahí el amparo pero queremos que siga, que nos hagan caso, pedimos al gobierno que deje de interferir. La consulta no estuvo buena porque hubo corrupción y dinero. Lo que quiere el gobierno es hacernos pelear entre hermanos para el poco dinero que llega a las comunidades.
De hecho la consulta fue un proceso desgastante y turbio. Betina Cruz recuerda como empezó en noviembre de 2014 y terminó el 30 de julio de 2015, con la presencia del gobierno federal y todas sus instituciones que «llegaron a dar la información que ellos quisieron y no la que como pueblo indígena queríamos». La integrante de la APIIDTT destaca que aunque el pueblo indígena binni’zaa estuvo presente en la mayor parte del proceso,
al final, cuando el gobierno dijo que iba a pasar sobre todos para poder apoyar el proyecto, decidimos retirarnos y fundamentamos el retiro con que no se estaba haciendo una consulta real, sino una consulta como mero trámite. Y eso se demuestra porque el gobierno, el 15 de enero de 2015, otorgó a Eólica del Sur el permiso para realizar el parque, por parte de la Comisión Reguladora de Energía y antes de empezar la consulta, mientras en junio de 2014 había aprobado la manifestación de impacto ambiental. Con esto se ve claramente que es falsa la intención de realizar una consulta para realmente pedirle al pueblo indígena su opinión. Por lo tanto lo que hicimos fue interponer esta demanda de amparo que resultó en la suspensión otorgada el día 30 de septiembre de este año.
El reconocimiento de este amparo por parte del juzgado séptimo de Salina Cruz constituye, por supuesto, un éxito en la historia de la resistencia istmeña a la imposición de los proyectos de explotación neoliberal en el territorio de Oaxaca. Sin embargo, los pueblos protagonistas de esta lucha saben que sólo se ganó una batalla y no la guerra y, que, además, ahora vendrá un momento muy delicado. Lo comentó Marcelino Nolasco, del Centro de Derechos Humanos Tepeyac, también presente el la conferencia de prensa y que planteó cómo «lo grave de cualquier amparo son las agresiones a los compañeros y sus familias» y que en este sentido va el llamado «a los pueblos del istmo para que cierren filas en su territorio y al gobierno para que ponga especial atención a la seguridad de estos compañeros, porque no vamos a decir que los grados de tensión se van a acelerar sino que estos procesos ya están, porque los proyectos ya crearon tensión y división».
No está demás recordar los acontecimientos ocurridos después de la pasada victoria de los pueblos originarios del Istmo en contra de las empresas eólicas, cuando en enero 2013, a un mes de la suspensión de los permisos, la APIIDTT impidió la entrada de Mareña Renovables a la Barra de Santa Teresa, generando una respuesta gubernamental inmediata de violenta, con un saldo de decenas de heridos y torturados, y la operación de grupos de pistoleros con mecanismos paramilitares. En este entonces la represión duró varios meses, con policías y golpeadores que intentaron disolver la APPJ; el robo de equipo y allanamiento a Radio Totopo, emisora comunitaria adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y la orden de aprehensión en contra del entonces coordinador Carlos Sánchez; el intento de desalojo violento por parte de la policía estatal de la barricada que resistía al proyecto «Fuerza y Energía Bii Hioxho» en Juchitán; la detención del activista Mariano López Gómez.
A pesar de qué en estos años los nombres de proyectos e impresas hayan cambiado, la conferencia de prensa convocada por los pueblos originarios del Istmo en este día de la Resistencia Indígena nos ha mostrado que su firmeza en la defensa de la tierra y territorio sigue igual. Lo que preocupa es la embestida gubernamental que, en cambio, no deja de crecer.