Desde las esferas del gobierno amenazan a Francisco Toledo y Sergio Hernández por oponerse al Centro de Convenciones
Pedro Matías, Oaxaca.
OAXACA, (pagina3.mx).- Con el hashtag #muerteatoledoylosopositoresalCCCO se inició una campaña sucia y de represión en contra de los pintores Sergio Hernández y Francisco Toledo por oponerse al negocio del secretario de Turismo, José Zorrilla Diego de SanMartín.
Sin embargo, los artistas plásticos adelantaron que “nada de esto nos amedrenta”, al contrario, los motiva a continuar la lucha por la defensa del Cerro del Fortín en Tribunales nacionales y ante instancias internacionales.
Por lo pronto, denunciaron que más de siete millones de pesos costó la consulta ilegal, ilegítima y tramposa del gobernador Gabino Cué para que su secretario de Turismo, José Zorrilla, construya un Centro Cultural y de Convenciones (CCCO) en el Cerro del Fortín que beneficia el hotel Victoria del que es accionista.
En una carta a la opinión pública, manifestaron que “nos preocupa sobre todo los signos ominosos de represión en el horizonte: el acoso de las autoridades a nuestros esfuerzos de información y la aparición de hashtag tan sugerentes como #muerteatoledoylosopositoresalCCCO”.
Insistieron en que Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana fue el que más perdió con el “fraude” anunciado porque quedó deslegitimado para el proceso electoral que inicia el próximo 8 de octubre.
El pasado domingo 4 de octubre se consumó un fraude larga y múltiplemente denunciado donde “no hay sorpresa alguna en el resultado” que favoreció al negocio de sus colaboradores de Gabino Cué.
Lo que sorprendió es que a pesar del nivel de mapachería alcanzado en complicidad con el IEEPCO, el gobierno haya obtenido tan pobres resultados donde menos de 10% del padrón nominal de esta capital acudió a votar.
“Si se suma la costosa campaña de los promotores del CCCO, la burda coacción y compra de votantes, la ausencia casi completa de garantías de equidad, se trata de una victoria pírrica del gobierno, que, sin embargo, nos habrá costado por lo menos 7 millones de pesos a los contribuyentes”, puntualizaron.
Ya “habíamos denunciado que la consulta era ilegal, ilegítima y tramposa, pero ahora nos preocupa que sus resultados vayan a usarse para justificar una obra tan cuestionada desde los puntos de vista ecológico, histórico y social, así como el descrédito del árbitro electoral frente al proceso que se avecina”.