Movilización social contra la minería tóxica (II)

Betty Zanolli Fabila
El Sol de México
De acuerdo con los Observatorios de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) y Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), existen actualmente en América Latina 208 conflictos mineros activos correspondientes a 218 proyectos atentatorios de 312 comunidades, de los cuales México ocupa el primer lugar con 36 conflictos en 17 estados de la Federación: Baja California Sur (BCS) en los municipios de Comondú, Ensenada, La Paz, San Antonio y Ensenada; Chiapas: Motozintla y Chicomuselo; Chihuahua: Huizopa; Coahuila: Ocampo; Colima: Zacualpan en Comala; Durango: Tlahualilo; Guerrero: Cocula; Jalisco: Tequetitlán; Michoacán: Aquila; Morelos: Miacatlán y Temixco; Oaxaca: Tlacolula, Ocotlá y, Santa María de Zaniza; Puebla: Tlatlauquitepec, Huehuetlán, Zautla y Tetela de Ocampo; Querétaro: Tolmán; San Luis Potosí: Real de Catorce y Cerro San Pedro; Sonora: Mulatos y Cananea; Veracruz: Alto Lucero y Zacatecas: Chalchihuites y Mazapil. De ellos, el de la Minera San Xavier que devastó el cerro San Pedro en territorio potosino es de los más antiguos y el del proyecto Don Diego en BCS, de los más recientes. Este último en particular, otro caso igual e inéditamente escandaloso de afectación al subsuelo y vida marina sudbajacalifornianos como el de Los Cardones y que constituiría el primero en el mundo de Minería submarina, ya que para obtener 350 millones de toneladas de arena fosfática a lo largo de 50 años, en una superficie de 91 mil hectáreas, se pretende dragar a el fondo marino del Golfo de Ulloa. Golfo que, de acuerdo con la Conabio, es una Región Marina Prioritaria por la diversidad de organismos que habitan su fondo marino (almejas, abulones y caracoles), zona crítica para la población de ballenas y tortugas amarillas o caguamas y punto esencial de cruce para dos corrientes de circulación oceánica. De ahí que uno se pregunte, azorado y horrorizado: ¿autorizará la Semarnat, que apenas el 10 de abril de 2015 la declaró Zona de Refugio Pesquero, que se drague su fondo submarino para obtener minerales, aún si ello implica la remoción de los organismos del hábitat, al tiempo que la suspensión de los sedimentos en la columna de agua alterará irreversiblemente la vida marina de la zona e impactará en el 40 por ciento de la actividad pesquera sudbajacaliforniana que se desarrolla en dicha área?Nos hacemos la pregunta porque la característica común que enluta a los distintos conflictos mineros es la complicidad de los tres órdenes de gobierno para apoyar los diversos proyectos de megaminería tóxica. De nada sirve que exista un Estado de Derecho, un marco constitucional y más de 2 mil declaraciones de “territorios libres de Minería tóxica”, si a lo largo de toda la República Mexicana las autoridades favorecen y legitiman dichos proyectos, como lo hacen a nivel federal la propia Semarnat y el Registro Agrario Nacional, ni qué decir de las autoridades locales en turno. Y lo peor: formalizados, no hay manera de revertir esta situación, no solo por los múltiples mecanismos instrumentados de intimidación; ante todo, por la impenetrabilidad del sistema político que impide cualquier acción contraria. Por ello no sorprende que un municipio como el colimense de Zacualpan -foco rojo por los abusos mineros y de despojo de agua, declarado por su asamblea comunal “territorio libre de Minería”- esté enclavado dentro de una entidad cuyo 44 por ciento de superficie está concesionada a la Minería, mientras el correspondiente al territorio nacional concesionado continúa acrecentándose escalofriantemente a través de las más sofisticadas prácticas de despojo y usurpación agrarias, implementadas lo mismo por la vía legal de la concesión con la anuencia de la autoridad, que por la ilegal, como es el caso de Huizopa en Chihuahua y de tantos otros puntos más.

¿Qué hacer? Por lo pronto, será imposible que la megaminería tóxica sea frenada por intervención directa de la autoridad. La falta de conciencia, negligencia, ausencia de amor por el bienestar de la Nación en todos los aspectos e indudablemente la gran magnitud de los intereses en juego le impiden desplegar otro tipo de conducta. Solo queda en consecuencia un camino: la movilización social conjunta, en pleno, desde todos los confines de la República, para impedir que siga avanzando la megaminería tóxica, particularmente a cielo abierto. El mejor ejemplo lo tenemos, como lo señalé en la anterior colaboración, en la notable obra que han desarrollado y están desarrollando en BCS sus organizaciones sociales, solo que estamos contra el tiempo para contener la devastación que provoca la deletérea megaminería tóxica.

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