Denuncian kiliwas despojo de tierras de empresa Cetto en connivencia con sector agrícola
Antonio Heras, Ensenada, BC
La corrupción en la Procuraduría Agraria ha permitido el despojo y la invasión de tierras en beneficio de empresarios, entre ellos la empresa vinícola LA Cetto, denunciaron líderes kiliwas, una de las cinco etnias nativas de Baja California.
En la comunidad de San Antonio Necua, ubicada en el municipio de Ensenada, la comisariada ejidal Claudia Morales Domínguez denunció un conflicto agrario que durante años han tenido con la empresa LA Cetto que pretende adjudicarse terrenos nacionales que están en posesión de los indígenas y cuyos expedientes se han “extraviado” en dos ocasiones en las oficinas de la Procuraduría Agraria desde 2003.
Durante una reunión de pueblos yumanos realizada en Ensenada, los indígenas denunciaron la indiferencia de las autoridades agrarias en la solución de los conflictos por tenencia de la tierra, en particular de actos de corrupción de la PA que consiente contratos ventajosos para el sector privado en detrimento y perjuicio de los pobladores nativos.
El titular de Concertación Agraria de la SEDATU, Carlos Ernesto Zatarain, reconoció que la empresa de Luis Cetto solicitó esos mismos terrenos y que esta en tramite la resolución oficial pero aseguró que “quien tiene la posesión está de gane”.
El jefe Kiliwa Elías Espinoza Alvarez denunció que la Procuraduría Agraria en lugar de defender sus derechos, aconseja a los indígenas a que les den sus tierras a las empresas bajo el argumento que ellos no las necesitan.
“Son las propias autoridades agrarias las que ejercen presión sobre los indígenas para que cedamos ante los empresarios y aceptemos condiciones injustas e inequitativas en contratos”, advirtió.
Claudia Morales denunció también el trato preferencial de la Comisión Nacional del Agua porque mantiene su negativa a otorgar el permiso de perforación de un pozo de agua que beneficie a los pobladores de San Antonio Necua, mientras que Cetto tiene la autorización de la CONAGUA de perforación para obtener agua de consumo humano.
El indígena Anselmo Domínguez Sandoval denunció además que LA Cetto cerró el derecho de vía que utilizaba la comunidad bajo el supuesto que cruzaba un predio de su propiedad.
Los indígenas han pretendido dialogar con Luis Cetto, pero la prepotencia del empresario rebasa todos los límites ya que presume que tiene comprada a las autoridades y que su palabra es ley, dijo el representante kiliwa.
La comunidad indígena de Santa Catarina denunció a su vez un contrato apócrifo celebrado con la empresa de generación de energía eólica San Matías, toda vez que no fue avalado en asamblea y lesiona los intereses de los pobladores porque pretende subarrendar el resto de las tierras ejidales.
Los Kiliwas han luchado para cancelar un contrato en el que con el pretexto de la energía eólica, se apoderan del derecho único de subarrendar y el usufructo de todo el ejido incluyendo las seis minas, de oro y plata que existen en el lugar.
El comisionado para el Diálogo de los Pueblos Indígenas, Jaime Martínez Veloz, reconoció que se trata de un contrato leonicio, no aprobado por la asamblea, que pretextando la creación de energía eólica es para apoderarse del usufructo de las minas que existen en el ejido de Santa Catarina y señaló que la PA desoyó las recomendaciones de CDI y omito informar a la comunidad sobre las concesiones mineras que existen en su territorio.
Por la comunidad de San Isidro, Monica Duarte pidió la intervención de las autoridades agrarias para resolver la demanda en contra de la Comisión Federal de Electricidad instalo desde 2009 torres y cableado para energía eléctrica sin tomar en cuenta a la comunidad.
Los representantes de los pueblos indígenas nativos de Baja California pidieron respeto a los funcionarios del sector agrario y que “los tomen en cuenta antes de hacer contratos con empresas y concesionar minas que están en sus tierras, que el gobierno haga consultas antes de concesionar las minas a los grandes empresarios”.
Foto: Cortesía Ezln