Organizaciones sociales inician contracampaña ante eólicas
Matilde Pérez U., Oaxaca
Periódico La Jornada
Miércoles 29 de julio de 2015, p. 33
Para contrarrestar la campaña que el presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Saúl Vicente Vázquez, y líderes de la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo de Tehuantepec (Cocei) realizan en favor de la instalación de un parque de energía por Eólica del Sur, filial de la empresa Mareña Renovables, las asambleas Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) y de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), y Radio Comunitaria Totopo, iniciaron una consulta popular a la comunidad indígena binniza.
Rodrigo Peñaloza, de la APPJ, explicó que la consulta popular será para aclarar a la población que los líderes de la Cocei, entre ellos Héctor Sánchez López, Mariano Santana Lopeznelio, al igual que dirigentes de PRI, PRD, PT, autoridades municipales, CTM y Confederación Nacional de la Productividad, mienten al asegurar que a cambio de aceptar el citado parque eólico habrá “obras para el beneficio social”.
Estimó que la consulta a realizarse entre las nueve secciones de Juchitán y colonias populares llevará un año, pero en cada una de ellas se levantará una acta para dejar constancia del rechazo al megaproyecto.
Dijo que en la región ya están instalados 24 parques eólicos que han alterado la vida de las comunidades, pues los “trabajadores de las eólicas son como una fuerza de ocupación. Estamos ante un etnocidio”.
En conferencia de prensa, los integrantes de ambas agrupaciones y de la Radio Comunitaria Totopo denunciaron que la pretensión de los dirigentes políticos y de la Cocei es “vender las tierras comunales a las empresas trasnacionales eólicas” a cambio de supuestos beneficios sociales.
Agregaron que la consulta indígena promovida por el Estado en torno a la instalación del parque número 25 por Eólica del Sur es “una farsa, pues no se apega a los principios de consulta previa, libre e informada que rige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
Denunciaron que en la aprobación del proyecto de Eólica del Sur hay un conflicto de interés pues la manifestación de impacto ambiental (MIA) fue realizada por la consultoría Especialistas Ambientales, cuyo socio fundador es Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Fernando Córdova, del grupo interdisciplinario que apoya a los grupos en resistencia contra los parques eólicos, sostuvo que la MIA “está plagada de errores” y además no especifica el daño ambiental. La información es parcial en torno a la destrucción de la selva de la región, “pues en realidad se pretenden destruir 463 mil 761 metros cuadrados de selva baja espinosa. Es un ecocidio”.
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