Presidente de México despoja por decreto a indígenas de Xochicuautla para megaproyecto de empresario afín
Xochi Daniel Vargas
Reverdeció el monte destruido. Ya nacían árboles de capulín, pero los volvieron a destruir. Aún así reverdece con tenacidad, allá enfrente, un paraje que se ve desde el “Campamento de Paz de la Digna Resistencia” de la comunidad otomí de Xochicuautla, ubicada en un frondoso bosque situado entre la capital mexicana y la ciudad de Toluca (centro-suroeste).
Ese paraje fue destruido junto con otros cinco kilómetros de bosque en octubre de 2014.
“Nadie le gana al monte. Así como está los árboles crecerían en tres años”, cuenta uno de los indígenas al volver de un recorrido por el trazo que se pretende imponer la autopista Toluca-Naucalpan.
Los otomíes (o ñätho, como se llaman a sí mismos en su lengua) ya habían instalado este campamento para detener la destrucción de sus tierras y seis casas cuando se enteraron del decreto presidencial con el que el mandatario mexicano, Enrique Peña Nieto, les expropia casi 40 hectáreas de territorio para que pase el mencionado proyecto.
La construcción está concesionada a la empresa Teya, parte de Grupo Higa, el consorcio que regaló al presidente una casa de 86 millones de pesos (USD7 millones) en Lomas de Chapultepec, la zona de más alta plusvalía del país; hecho que detonó una polémica en diversos medios de todo el mundo en noviembre de 2014.
Mujeres ñätho del campamento nos cuentan que, desde que empezaron los trabajos, el terror psicológico no ha parado, no sólo de ver cómo caen los encinos, de ver el monte sin vegetación, sino por la constante presencia de policías y las prebendas que han dividido a la población. Cuando la policía acude a la comunidad, los niños gritan por la defensa de su monte sagrado, donde la comunidad realiza ofrendas de flores, pan, frutas.
Un día después de que se enteraran del decreto presidencial, los ñätho acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para exigir se les otorguen medidas cautelares a modo de protección ante los embates constantes de la policía y la maquinaria de Teya.
Sin embargo, el texto del decreto dice que los ñätho fueron consultados entre el 5 y el 12 de junio de acuerdo con los artículos primero y segundo de la Constitución Mexicana y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas.
“Es una consulta que se inventaron en unos días” asegura José Luis Fernández, vocero y comunero de Xochicuautla. “El presidente dice que fuimos consultados. Es una gran mentira. No puede haber una consulta de pocos días como dice el decreto”, denuncia.
El comunero ñätho relata que, en 2007, topógrafos comenzaron a realizar trabajos de medición en su territorio sin preguntar antes a sus habitantes. Un año después, ya con información que ellos mismos consiguieron sobre el proyecto, llamaron a asamblea para decidir si aceptaría la construcción de la vía.
“El 24 de febrero de 2008, a través de una consulta por usos y costumbres de la comunidad, se dijo que no podía pasar”, cuenta Fernandez.
El texto del decreto dice en su primer punto que la expropiación se realiza por causas de “utilidad pública” para la construcción del proyecto carretero denominado Toluca-Naucalpan. También dice que se otorgará a los indígenas 10,850,440 pesos por indemnización.
“Esta obra enlaza directamente con el Aeropuerto Internacional de Toluca a toda la zona norte y noroeste de la zona metropolitana de la Ciudad de México, lo que significa una enorme aportación al desarrollo socioeconómico de toda la región centro del país”, dice el decreto.
Lo que no dice es que ya existe una carretera federal que va de la ciudad de Toluca al municipio de Naucalpan. Tampoco menciona que el proyecto será de cuota, ni que concesionado en 2007 a Teya al resultar ganadora de licitaciones cuando Peña Nieto era gobernador del estado de México, donde se pretende construir la autopista.
En 2014, Peña expropió también a otras comunidades vecinas de Xochicuautla como Huitzizilapan. El avance de la carretera al cerrar el 2014 era de 34% de acuerdo con infirmación del gobierno estatal.
El Banco Nacional de Obras (Banobras) otorgó un crédito a la empresa de 2,775 millones de pesos en 2013 a pocos meses que Peña Nieto tomó posición como presidente para la construcción de la carretera para que fuera finalizada en el segundo semestre del 2015.
Teya tiene una filial, Autovan SA de CV, la cual tiene una serie de denuncias por “Incumplimiento de amparo”, “destrucción de vegetación”, “tala de árboles” en territorio comunal y boscoso de indígenas ñatho (otomí) ante la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y ante la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa).
Desde el 2011, el gobierno del estado rodea las asambleas comunitarias de Xochicuautla con cientos de policías antimotines, los cuales han detenido a 22 integrantes de la comunidad, 14 en mayo de 2013 y ocho en noviembre de 2014. Todos salieron a los pocos días de su detención por falta de cargos.
Además de Xochicuautla y Huitzizilapan, la construcción afecta a la comunidad ñätho de Ayotuxco, las cual interpuso amparos contra la megaobra, aunque la maquinaria de Teya destruyó ya algunos tramos de su territorio.
La defensa del bosque
El trazo del proyecto a cargo de Teya cruza por un bosque que separa a la capital del país de la Ciudad de Toluca. Este bosque tiene diversas categorías que lo protegen por ley otorgadas por el estado mexicano: Parque Ecológico, Turístico y Recreativo “Zempoala-La Bufa”, Parque Otomí–Mexica del Estado de México, Santuario del Agua y Forestal Subcuenca Tributaria “Río Mayorazgo-Temoaya”.
El Bosque Otomí-Mexica es clave para la recarga de mantos acuíferos que abastecen a México y a Toluca. En él viven especies endémicas como el ajolote mexicano y el venado. Además, es una de las rutas tradicionales de peregrinaje de diversos pueblos originarios que suben a los cerros para pedir buenas cosechas y hacer rituales para mantener el equilibrio natural y espiritual de la región.
Xochicuautla defiende sus bosques desde hace ocho años con distintas estrategias, como la realización de foros, recorridos con otros pueblos originarios como la Tribu Yaqui del estado norteño de Sonora y movimientos como al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se levantó en armas en 1994, y las familias de los 43 normalistas ausentes de Ayotzinapa, quienes visitarán el pueblo indígena el próximo 20 de julio.
Con esta defensa del santuario del agua el pueblo se hizo acreedor al premio de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo, el reconocimiento independiente más importante de México.
El 15 de julio en conferencia de prensa, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, acompañante legal del pueblo, anunció que Xochicuautla consensa ya un “Contradecreto reapropiatorio” para restituir lo expropiado. El contradecreto, firmado por los delegados de la comunidad y su Consejo Supremo Indígena, pretende dejar un precedente legal para México.
Armando García, delegado por usos y costumbres, hizo un llamado a la sociedad civil y a otros pueblos indígenas a apoyar el campamento que sostienen en el bosque y a movilizarse próximamente.
“Nos queda claro que la Ley Agraria ha servido para legalizar los despojos de las comunidades originarias e indígenas, no solamente en Xochicuautla. También está oposición a la presa La Parota, en Guerrero, o la construcción de un acueducto en territorio de los compañeros de la Tribu Yaqui”, dice Fernández.
Y denuncia: “En todos los lugares de México pasa lo mismo”.