El Estado categoriza al activismo como un foco de desestabilización social: estudiantes golpeados de Xalapa
Estudiantes integrantes del Comité 5 de Junio, emitieron un comunicado nacional e internacional para dar a conocer que a poco más de un mes del brutal ataque que 8 de sus integrantes adscritos a la Universidad Veracruzana, vivieron la madrugada del 5 de junio en la localidad, cuando un grupo armado con bastones retráctiles y armas de fuego, machetes, palos con clavos y bates de beisbol
irrumpió en un domicilio particular mientras festejaban un cumpleaños, “para perpetrar con saña y brutalidad el atentado que puso en peligro sus vidas? nos asumimos como una víctima grupal y sujeto colectivo que de manera conjunta participa en la investigación. Entre todos estamos aportando elementos a la Fiscalía General del Estado y demandando que se investiguen una serie de delitos implicados en el ataque, y no sólo las lesiones de manera aislada”.
Afirman que, por el modo de operar de los atacantes, este atentado fue premeditado, organizado y orquestado. Consideran que detrás de quienes los violentaron existen autores intelectuales responsables de ordenar el ataque en su contra por lo que demandan a la Fiscalía investigar y acreditar la responsabilidad por el delito de conspiración, a fin de encontrar y sancionar a quien contrató, organizó, instruyó, entrenó y equipó a los agresores en tácticas, técnicas y procedimientos de tipo policial o militar para perpetrar el atentado.
Recalcaron que como lo han señalado públicamente desde el 5 de junio, con el apoyo de la defensoría de Derechos Humanos que les acompaña en el proceso, exigen el cese a la criminalización de la que han sido víctimas como estudiantes universitarios dedicados a actividades de carácter social, integrantes de colectivos y grupos en defensa de la tierra, el territorio, la libre expresión y el medio ambiente, “estudiantes críticos a los tres niveles de gobierno, a la violencia que vivimos día a día, incrementada por un Estado omiso y un clima de permanente impunidad”.
“Informamos que, como parte del proceso, se ha retomado como una línea de investigación la relativa a los señalamientos que de manera irresponsable hicieron a los medios de comunicación autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública (como consta en las notas periodísticas del día 1 de junio) y el Estado mismo, responsabilizando a estudiantes de la Universidad Veracruzana de sucesos que se enmarcan en el contexto electoral de Veracruz, como lo evidencia la ya bien conocida lista negra, un fichaje en contra de personas críticas del gobierno que consta en documentos provenientes del Instituto Nacional Electoral y de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz”, expresaron.
Recordaron que como agraviados, los estudiantes denunciaron a los atacantes y autores intelectuales por los delitos de: a) Tentativa de homicidio, b) Lesiones calificadas, agravadas por la saña y crueldad, alevosía y ventaja con las que operó el comando armado? c) Conspiración, y d) Asociación delictuosa.
Agregaron que denunciaron también a las autoridades que intervinieron en el conocimiento del caso, específicamente a la Secretaría de Seguridad Pública, “de quienes sospechamos encubrieron a los atacantes o fueron ellos mismos.
Tenemos conocimiento de que con fecha 3 de julio de 2015 han emitido un informe en que manifiestan que sólo se presentaron a ayudarnos, lo cual es completamente falso, como denunciamos en comunicados anteriores. En su momento y como parte de la investigación presentaremos pruebas de cómo ellos están coludidos con un grupo de sujetos que intervienen en la escena y consideramos forman parte de los atacantes”.
Señalaron que por lo anterior, denunciaron al personal de la Secretaría de Seguridad Pública y al titular de la misma, Arturo Bermúdez Zurita, como responsables de los delitos de los que fueron víctimas: “a) Omisión de auxilio y omisión de cuidado, ya que una vez perpetrado el ataque y ante la gravedad de los hechos y nuestra vulnerabilidad, abandonaron el lugar incumpliendo su deber legal, b) Abuso de autoridad de los servidores públicos, quienes fueron dolosamente omisos con la atención hacia nosotros, víctimas del ataque, y c) Encubrimiento por favorecimiento, puesto que de manera dolosa permitieron que se sustrajera, modificara y alterara el lugar de los hechos que durante más de 10 horas estuvo sin la debida preservación”.
“Hoy, un mes después de la brutalidad con la que fuimos violentados, reiteramos nuestra condena enérgica al clima de represión sistemática, de criminalización de la protesta social, y a la categorización del activismo como foco de desestabilización. Exhortamos a los organismos de derechos humanos, organizaciones, colectivos, medios libres e independientes, luchadores sociales, estudiantes y población en general, a sumarse a la siguiente exigencia única que hacemos al Estado”: Una efectiva investigación que conduzca al pleno esclarecimiento de los hechos denunciados, a la sanción de los responsables materiales e intelectuales de los actos, y a una efectiva reparación del daño a fin de garantizar que hechos como los ocurridos no se repitan? así como que se tomen las medidas necesarias para salvaguardar nuestra seguridad e integridad y la de nuestras familias, y el cese al hostigamiento contra estudiantes y activistas