Chalchihuapan: a un año de la represión al pueblo náhuatl, sigue sin haber justicia (Puebla)
Por Yadira Llaven Anzures
A un año del brutal choque contra el pueblo náhuatl de San Bernardino Chalchihuapan, las cosas no han cambiado: la justicia no llega para la familia Tamayo ni para los nueve pobladores, entre ellos dos que perdieron la vista y el habla, en la represión armada del gobierno de Rafael Moreno Valle.
A sus 37 años de edad Elia Tamayo Montes, con tercer grado de primaria y teniendo como oficio torcer cáñamo para hacer hilo, se convirtió en el centro neurálgico de la protesta que exige cárcel para los culpables.
El 9 de julio de 2014 el hijo de Elia, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, fue asesinado por policías estatales cuando al salir de la escuela pasó por una protesta de vecinos que exigieron la reinstalación del servicio del registro civil, perdido por una reforma a la Ley Orgánica Municipal del estado.
El menor de 13 años de edad fue herido “por un artefacto” y falleció 10 días después, tras agonizar en el Hospital General del Sur de la ciudad de Puebla, entre señalamientos de los testigos de que el niño recibió un impacto de bala de goma en la cabeza.
Facundo Rosas Rosas, actual secretario de Seguridad de Seguridad Pública estatal, estuvo al mando del operativo en contra del pueblo de Chalchihuapan, con la participación de por lo menos medio millar de granaderos.
Con balas de goma y gases lacrimógenos los lugareños fueron dispersados de la manifestación pacífica que mantuvo cerrada la autopista que comunica a Puebla con Atlixco, para exigir la reinstalación del registro civil y la derogación a la Ley Orgánica Municipal que los despoja –aseguraron– de su identidad.
El saldo fue la herida de muerte de José Luis Tehuatlie, lesiones graves a nueve personas, más de un centenar de golpeados, entre ellos policías estatales, y cuatro campesinos detenidos.
Los cuatro lugareños fueron acusados de homicidio en grado de tentativa y salieron en libertad al mes por “desvanecimiento de datos”; es decir, la defensa legal a cargo de Raúl Rodríguez aseveró que no hubo pruebas fehacientes en contra de los inculpados, quienes fueron detenidos antes del enfrentamiento.
Se trata de Sergio Clemente Jiménez Tecalero, Félix Xelhua Montes, Antonio Víctor Montes Contreras y Santiago Pérez Tamayo.
El 5 de febrero, falleció Antonio Víctor Montes Contreras, a la edad de 55 años. Su hermana Teresa informó que fue por una recaída en su salud que le ocasionó un cuadro de hipertensión y depresión severa a raíz de su encarcelamiento por el asesinato del niño.
Hoy los nueve sobrevivientes al cruento desalojo aseguran que el 9 de julio les marcó la vida.
Martín Romero Montes, Hugo Jiménez Valera, Gilberto Varela Tecalero, Vicente Tecalero, Filemón Pacio y Juan Xelhua Ocotl tuvieron mutilaciones y daños irreversibles con la pérdida del ojo, el habla, la sensibilidad en las falanges y quemaduras.
Javier Jiménez Xelhua, Víctor Antonio Contreras Montes y Heraclio Nezáhuatl negaron dar su versión por miedo a represalias.
Martín Xelhua Romero perdió el habla como resultado del boquete que le quedó en la mejilla izquierda por el impacto de una bala de goma durante el choque con los policías del estado.
A Xelhua Romero se le diagnosticaron varias muelas arrancadas, la lengua destrozada por la mitad y la fractura de la mandíbula, y a pesar de su gravedad se le negó el servicio médico en el Hospital General del Sur por no contar con el recurso para costear las intervenciones quirúrgicas.
Los hijos de Martín Xelhua, quien cuenta con más de 65 años de edad, decidieron trasladarlo al municipio contiguo, a una clínica particular en Atlixco.
Para pagar las dos cirugías que le reconstruyeron la mandíbula, donde colocaron seis placas de acero, sus familiares tuvieron que vender parte de su patrimonio forjado en una vida de trabajo. Hoy Martín ha ido recuperando poco a poco el habla con terapia.
Otro caso fue el de Hugo Jiménez Valera, de 26 años, quien perdió el ojo izquierdo cuando al pasar por el enfrentamiento recibió un impacto de un “artefacto”.
Relató que regresaba con su familia de Chipilo, comunidad cercana a Chalchihuapan, cuando encontró la turba enardecida.
Expuso que “algo caliente, un cilindro pequeño”, lo golpeó en el ojo izquierdo, que ahora cubre con gafas oscuras, y solo un trasplante de córnea le regresaría la vista.
“El doctor dice que tuve suerte; si me hubieran dado en la cabeza no estaría contándolo”, se consuela.
El día de los hechos los pobladores de Chalchihuapan recogieron en la zona de la trifulca tres costales de artefactos, algunos pequeños cilindros de color plateado, contenedores de gas, y otros de color negro con punta de goma que entregaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Gilberto Varela, de 16 años, dijo que los policías “dispararon a quemarropa” contra la población, y que desde un helicóptero lanzaron gases y “balas de color negro” para dispersar la protesta.
Gil –como mejor lo conocen– aseveró que un objeto le impactó la mano derecha, el cual le inmovilizó de por vida las falanges.
¿Quién mató a José Luis?
El gobierno del estado, que dirige el derechista Rafael Moreno Valle, se deslindó de los hechos cruentos del 9 de julio.
Durante las dos semanas siguientes a los acontecimientos de Chalchihuapan ninguna autoridad estatal asumió la responsabilidad de ofrecer una postura oficial, e incluso el día 19 de julio, cuando falleció José Luis en un nosocomio del estado, Elia Tamayo –la madre del pequeño– se enteró a través de los medios de comunicación.
El procurador General de Justicia del estado de Puebla, Víctor Antonio Carrancá Bourguet, ofreció una rueda de prensa 14 días después de los hechos, donde dio a conocer que la lesión mortal que sufrió el niño Tehuatlie fue ocasionada por una “onda expansiva de un cohetón lanzado por los manifestantes”.
Víctor Antonio Carrancá aseveró que “la onda expansiva es la única que podría provocar una lesión de las características que presenta el menor, quien tuvo el desprendimiento de unos 10 centímetros de hueso”.
Detalló que los dictámenes periciales fueron en medicina forense, criminología, topografía, arquitectura, balística, de análisis de voz, explosivos y genética, entre otros, en los cuales participaron especialistas del Consejo Mexicano de Medicina Legal Forense de la Unidad Científica de la Policía Federal, así como otras instituciones de prestigio.
La creación de tal hipótesis pericial estuvo a cargo del abogado Juan Pablo Piña Kurczyn, hijo del ex gobernador de Puebla Mariano Piña Olaya, y de Patricia Kurczyn Villalobos, comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
Posterior a tal estudio, Piña Kurzcyn fue “premiado” con la jefatura de la oficina del gobernador Rafael Moreno Valle, y para 2015 con una diputación federal; sin embargo, el 11 de septiembre pasado la “conjetura científica” fue desmentida.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que la muerte de José Luis Tehuatlie ocurrió por “el uso excesivo de la fuerza y negligencia” por parte de la Policía de Puebla.
Durante la presentación de la recomendación, el entonces ombudsman nacional Raúl Villanueva Plascencia descartó la hipótesis presentada por el procurador poblano.
La recomendación número 2VG/2014 de la CNDH, entregada al gobierno de Puebla, detalla los resultados de la investigación sobre violaciones graves a los derechos humanos, iniciada con motivo de los hechos ocurridos el 9 de julio en Chalchihuapan.
El titular del organismo federal destacó, a inicios de 2015, durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, que las violaciones graves ocurridas en Chalchihuapan, se equiparan a la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, y al fusilamiento de 22 personas en la comunidad de Tlatlaya, en el estado de México.
La Cedip y el surgimiento de la movilización ciudadana
Con la pérdida del registro civil y su centralización en los municipios, los pobladores de las comunidades tienen que trasladarse, en algunos casos, hasta durante cinco horas en transporte público para levantar un acta de nacimiento o defunción, además de realizar otros trámites administrativos.
El 2 de julio de 2014, una semana previa al choque en Chalchihuapan y medio año después a las reformas legislativas, presidentes auxiliares de los municipios del área metropolitana a Puebla conformaron la Comisión Estatal en Defensa de la Identidad de los Pueblos (Cedip).
El organismo estuvo creado por 80 alcaldes subalternos de la región de las Cholulas, Atlixco y Tehuacán, como fue el caso de Chalchihuapan, San Bernardino Tlaxcalancingo, San Martín Tlamapa y San Pedro Yancuitlalpan.
Los ediles acordaron un plan de “desobediencia” contra la reforma, pues se negarían a entregar a sus ayuntamientos los archivos del registro civil ya solicitados.
Posteriormente se sumaron las juntas auxiliares capitalinas de San Miguel Canoa y La Resurrección.
En respuesta, el gobierno del estado inició una persecución y encarcelamiento contra los ediles y todo aquel opositor a sus proyectos de infraestructura, como fue el caso del gasoducto Morelos, hidroeléctricas, distribuidores viales y la RUTA.
Fueron encarcelados los alcaldes auxiliares de Chalchihuapan, Jairo Javier Montes Bautista, acusado de homicidio en grado de tentativa por los hechos del 9 de julio pasado, el 21 de noviembre; el de Canoa, Raúl Pérez Velázquez, el 3 de noviembre, y de La Resurrección, Leonardo Báez Serrano. Estos dos últimos por rehusarse a entregar las oficinas del registro civil, el 19 de octubre.
El 18 de octubre de 2014 el gobierno de Moreno Valle realizó una segunda embestida contra el pueblo de Chalchihuapan, al detener en un operativo violento a cinco lugareños.
Esto ocurrió después de que la CNDH emitió 11 recomendaciones al gobierno de Moreno Valle por el asesinato del niño Tehuatlie.
La administración morenovallista emitió un comunicado para informar que la detención de los pobladores y de seis policías estatales fue en cumplimiento con las recomendaciones de justicia presentadas por el organismo.
En la detención de los cinco pobladores de Chalchihuapan jugó un papel preponderante la organización de filiación priista Antorcha Campesina, que por 15 años gobernó la comunidad y que unos meses atrás había perdido contra Javier Montes Bautista, postulado por el PAN.
Familiares de los detenidos aseguran que un vecino, con el rostro cubierto, fue señalando a quién se iba a aprehender en cada una de las casas. No hubo cabida para la confusión; sabían hasta la recámara en la que dormían.
Vestidos de negro, con pasamontañas y armas largas, los policías derribaron todo a su paso: rompieron puertas, chapas, ventanas y mobiliario. Abrieron comercios, pero no robaron nada.
En medio de golpes, patadas y empujones encañonaron a sus habitantes –ancianos, mujeres y niños– y se llevaron en cueros a Florentino Tamayo Ponce, de 39 años; Raúl Contreras Montes, de 36 años; Fausto Montes García, de 29 años; Vicente Juárez Valera, de 57 años de edad, y a Álvaro García Xelhua, de 32 años de edad. Este último policía municipal de Santa Clara Ocoyucan.
La diputada federal Roxana Luna Porquillo refutó que Forentino Tamayo Ponce, Vicente Juárez García y Fausto Montes García, tres de los cinco asegurados en Chalchihuapan, fueron detenidos por error, pues ni siquiera participaron en la manifestación del pasado 9 de julio en la autopista Puebla–Atlixco.
A los tres “detenidos por error” –según la legisladora–se les acusó por incurrir en los delitos de intento de homicidio, motín, ataques a las vías de comunicación y resistencia de particulares.
Mientras tanto, a los otros dos aprehendidos, Raúl Contreras Montes y Álvaro García Xelhua, se les culpó por los delitos de resistencia de particulares y ataques a las vías de la comunicación.
A la par, el mismo 18 de octubre, seis policías fueron detenidos como responsables de las agresiones que sufrieron los vecinos de San Bernardino Chalchihuapan, y de la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.
Los agentes fueron Juan Máximo Jiménez, Francisco López, Juan Nava Moreno, Régulo Ramiro Islas, Jaime Santiago Pérez y Luis Bernardo González.
No obstante, los mandos medios policiacos regresaron a sus casas en la madrugada del 24 de diciembre, mes y medio después de encierro, para pasar las fiestas decembrinas con sus familiares, luego de que el Primera Sala en Materia Penal del distrito judicial de Puebla les modificara la gravedad de los delitos y les permitiera salir bajo caución.
Esta medida no ocurrió con los cuatro pobladores de Chalchihuapan dedicados a la labranza del campo.
El movimiento ciudadano
La persecución contra el pueblo de Chalchihuapan y las comunidades opositoras a la reforma a Ley Orgánica Municipal solo evidenció la “punta del iceberg” de los conflictos sociales, a la postre, al gobierno morenovallista.
La diputada de izquierda Roxana Luna Porquillo fue quien asumió el respaldo a las juntas auxiliares opositoras al gobernador de Puebla, e inició un movimiento ciudadano al que sumó organizaciones sociales y políticas en el estado de diversas corrientes.
Luna se convirtió en la férrea defensora del pueblo de Chalchihuapan, quien evidenció a nivel nacional e internacional las violaciones a esta comunidad nativa.
Con esta movilización se agudizó la criminalización de la protesta social con 47 detenciones en el primer trienio de 2015.
La lista de presos políticos la encabezó el defensor de derechos humanos Juan Carlos Flores Solís, opositor a la instalación del gasoducto Morelos en la zona de alto riesgo volcánico del Popocatépetl, junto con la campesina Enedina Rosas Vélez, que en asamblea ejidal determinó no autorizar la servidumbre de paso para la misma obra en pueblos de la región de Atlixco.
También continúan en prisión los activistas Adán y Paul Xicale, de San Andrés Cholula, quienes se opusieron a la construcción de un complejo turístico sobre la base de la pirámide de Cholula.
A la lucha se sumaron diversas organizaciones, además de pueblos vecinos a Chalchihuapan, quienes padecieron la misma represión del estado, así como el Movimiento por la Alternativa Social (MAS), la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, el Movimiento Nacional Los de Abajo, el Movimiento Autónomo Indígena Zapatista, el magisterio disidente y el movimiento por una Cholula Viva y Digna, entre otros.
Solo pido justicia por la muerte de mi hijo: Elia Tamayo
Sumida en una espiral de dolor y represión por parte de las autoridades, que en su momento denunció ante instancias internaciones, Elia Tamayo declaró que solo pide justicia por la muerte de su hijo.
En vísperas a la jornada de actividades que inician este 9 de julio de 2015, con una marcha simbólica en el lugar donde cayó José Luis Tehuatlie, demandó cárcel para los autores materiales e intelectuales del asesinato.
En entrevista, informó que están siendo reprimidos para que no se lleve a cabo ninguna movilización a un año del aniversario luctuoso de su menor, pero advirtió a la autoridad que no hay marcha atrás, menos con amenazas.
La casa de Elia apenas y tiene piso de tierra, para entrar tiene que pasarse por una puerta improvisada con los resortes de un colchón viejo. No tiene electricidad, vive ahí con sus cuatro hijas de 15, 10, 9 y 4 años.
Con el rostro cansado, señaló que la autoridad abusa de su condición de pobreza e ignorancia, pero a pesar de ello aseveró que “no comprarán mi silencio”.
Tamayo específicamente acusó a un “secretario del gobernador”, de apellido Cornejo, quiso comprar su silencio. Luis Arturo Cornejo Alatorre es subsecretario de Asuntos Políticos y Protección Civil de la Secretaría de Gobierno de la entidad.
“Vi por la televisión como él me había dicho que me iba a dar despensas, becas para mis hijas, aún ni me daba y ya lo está mencionando: yo no quiero nada; a mi hijo no lo vendo por dinero”, sostuvo Elia.
Este último año Elia Tamayo fue a la Cámara de Diputados, al Senado de la República, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la representación en México de Amnistía Internacional, y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para exponer el caso de su hijo y la represión contra su pueblo.
En noviembre de 2014 Puebla fue sede del VI Congreso Mundial de la Infancia y la Adolescencia, organizado por la ONU, al que se le negó ingreso a Elia Tamayo.
Del 1 al 7 marzo de 2015, en Asunción, Paraguay, el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (Molacnats) rindió un homenaje durante su encuentro anual a José Luis Tehuatlie.
Hasta al sur del continente viajó Elia para exponer la muerte de su único hijo varón y buscar justicia.
Apenas el 11 de junio la Organización de las Naciones Unidas concluyó que el Estado Mexicano aún no ha garantizado un “efectivo” acceso a la justicia en el caso del asesinato del niño José Luis, luego de analizar el informe que en mayo pasado presentó el gobierno de México sobre la situación de los derechos de los infantes en el país.
Desde entonces el homicidio de José Luis sigue impune. Elia Tamayo, la familia y el pueblo de Chalchihuapan siguen en pie de lucha, exigiendo justicia.