La impunidad detrás del “registro” de desaparecidos en Jalisco
Por: Darwin Franco Migues
20 de junio 2015.- Son 914 desapariciones las que la Fiscalía General de Jalisco no ha reportado al Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED), pues en la última actualización de este registro, realizado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, sólo aparecen 2 mil 148 desapariciones en el estado siendo que la Fiscalía General, a través de su unidad de transparencia, reporta (en el mismo periodo de tiempo) 3 mil 062 desapariciones.
Si se toman en cuenta sólo los actuales datos del RNPED resulta que Jalisco dejó de ser el segundo estado con más desaparecidos del país para ocupar ahora el cuarto sitio, delante de nuestro estado están Tamaulipas, Estado de México y Nuevo León. Hasta diciembre del 2014, Jalisco registraba en el RNPED: 2 mil 113 desaparecidos, en la última actualización del sistema, en abril del 2015, el número de desapariciones aumentó a 2 mil 148 casos.
En ese mismo periodo de tiempo, pero tomando como referencia sólo el número de indagatorias que posee la Fiscalía General de Jalisco se tenían, hasta diciembre del 2015 en el estado dos mil 677 personas desaparecidas; es decir, 564 casos más de lo que se había reportado al RNPED. Sin embargo, la irregularidad siguió porque en los primeros cuatro meses del año, hasta el 30 de abril, la Fiscalía reportó 385 nuevas desapariciones, lo cual incrementó el número de desaparecidos a 3 mil 062.
Al cruzar ambas bases de datos, que tendrían que ser convergentes, sale a relucir la manera en que la Fiscalía General controla el registro de personas desaparecidas, pues esta instancia no reporta, por tanto oculta, al Gobierno Federal: 914 desapariciones.
Esta necesidad de ocultar la realidad podría continuar pues las desapariciones en Jalisco no cesan; al contrario, siguen en aumento pues tan sólo en el mes de mayo se presentaron 203 indagatorias por desaparición de personas, de las cuales se desprendió la desaparición de 214 personas (108 mujeres y 106 hombres).
De éstas la Fiscalía dijo localizar en vida 118 personas (70 mujeres y 48 hombres) y cinco sin vida (4 hombres y una mujer) ; sin embargo, siguen sin regresar a casa 91 personas. Esto hace que, hasta el 31 de mayo, tengamos a 476 desaparecidos (tres desapariciones al día en lo que va del año). En total, Jalisco hoy tiene 3 mil 153 desaparecidos, de éstos sólo 2 mil 048 aparecen en el Registro Nacional hasta su último corte de abril.
El mes pasado, familiares, amigos y madres de desaparecidos se dieron cita en la glorieta de los niños héroes en la ciudad de Guadalajara para exigir a las autoridades hagan algo, por esclarecer el paradero de sus desaparecidos. Foto Arturo Campos Cedillo.
Conforme al RNPED, Tamaulipas es el estado con más desaparecidos con 5 mil 289, le siguen el Estado de México, 2 mil 196, y Nuevo León, 2 mil 154. Jalisco, tomando los datos que la Fiscalía General no reporta al registro nacional, Jalisco seguiría siendo el segundo estado con más desaparecidos en el país. Sin embargo, la Fiscalía ha “desaparecido” del sistema a mil desaparecidos. ¿Cuáles son las razones para no reportarlos al RNPED? ¿Qué esconde?
El RNPED divide su base de datos en dos rubros: 1) las desapariciones del fuero federal que son las que han sido tomadas por la Procuraduría General de la República (PGR), la cual atrae los casos que podrían vincularse con la delincuencia organizada; 2) las desapariciones de fuero común que son aquellas que están a cargo de las autoridades locales.
En el caso de Jalisco, éstas son de competencia de la Fiscalía General y, de manera particular, de la Agencia de Ministerio Público 12/C, la cual en fechas recientes dejó de ser una agencia de personas desaparecidas para ser una agencia de personas no localizadas.
El rubro del fuero común del RNPED, Jalisco reporta dos mil 148 desapariciones, mientras que el fuero federal sólo 11. En total, el RNPED contabiliza para el estado dos mil 159 desaparecidos. En los datos de la Fiscalía General, del 2006 hasta el 31 de mayo, existen 3 mil 153 personas que no han logrado regresar a casa. No cuadran ambos registros.
En el estado quien tendría que ser el garante del registro de desaparecidos es la Fiscal de Derechos Humanos, Lizeth Hernández; sin embargo, con la reciente creación de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas serán sus comisionados quienes tengan que cumplir con esta tarea, tal y como lo marca la Ley Estatal de Atención a Víctimas. ¿Los dejarán asumir el control del registro de desaparecidos y el de las víctimas de la violencia del estado?
Un claro ejemplo de la opacidad en “el registro” de desapariciones
Daniela Isabel Magaña Castellanos, de 17 años, desapareció el 12 de septiembre del 2014 en el municipio de Zapotiltic, ubicado en la región sur del estado. Daniela es estudiante de la preparatoria regional que la Universidad de Guadalajara tiene en aquel municipio. Ese día, ella salió de su casa para ir a un gimnasio; sin embargo, al salir de éste sólo se le vio caminar por la calle mientras hablaba por su celular. Al menos esto lo que se ve en la videograbación de vigilancia que la Fiscalía General mostró a su familia.
Su familia insiste que en el video aparece un hombre que conduce a Daniela en línea recta por la calle. La Fiscalía no ve lo mismo, pues insiste en ella desapareció a causa de conflictos familiares. Su padre, Martín Magaña, ha dicho que esto es una mentira, pues no había ningún problema.
Los padres de Daniela han hecho de todo por buscarla, incluso, la propia Universidad de Guadalajara a través de su rector general, Tonatiuh Bravo Padilla, y del presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), José Alberto Galarza, los trajeron de un lado a otro y hasta les consiguieron una reunión con el Fiscal General, Luis Carlos Nájera, en la Rectoría General de la UdeG.
Sin embargo, esto de poco les ha servido, pues el Fiscal insiste en que Daniela huyó, ya que además dice tener una llamada telefónica entre ella y su novio, donde se deduce que Daniela podría estar en Sonora. La familia no cree en esta versión, pues piensan que ella posiblemente desapareció por un asunto de trata. Esto, no obstante, no parece ser una línea de investigación que siga la Fiscalía.
La desaparición de Daniela y el revuelo mediático que causó no fue lo suficientemente importante como para que la Fiscalía General reportara su desaparición al Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desparecidas (RNPED), pues en la revisión manual que se puede hacer de las desapariciones, tanto en el fuero federal como en el fuero común, no existe ninguna desaparición de mujer registrada para el municipio de Zapotiltic. En el registro, incluso, no hay ninguna desaparición del 2014, año en que desapareció Daniela. En el RNPED, sólo aparecen registradas las desapariciones de seis hombres.
¿Por qué la desaparición de Daniela no fue reportada al RNPED, si su familia cuenta con u número de averiguación previa otorgado por la Fiscalía General? ¿Será que el aparente “problema familiar” le da a Daniela el estatus de “no localizada” y no el de desaparecida?
El mes pasado, familiares, amigos y madres de desaparecidos se dieron cita en la glorieta de los niños héroes en la ciudad de Guadalajara para exigir a las autoridades hagan algo, por esclarecer el paradero de sus desaparecidos. Foto Arturo Campos Cedillo.
Son desaparecidos, no son “no localizados”
Parte de la estrategia que ha seguido la Fiscalía General para no trasparentar el registro estatal de desaparecidos es mantener fuera del discurso y las acciones legales, el término desaparecido. Para ellos, es mejor llamarlos “no localizados”, así lo hacen cuanto dan declaraciones, cuando responden a las solicitudes de acceso a la información y ahora que sin consulta y justificación cambiaron el nombre de la Agencia del Ministerio Público 12/C, la cual pasó a ser un área de desaparecidos a una de “personas no localizadas”.
Este cambio violenta el Artículo 93 de la Ley General de Víctimas que establece que las áreas de atención deben contemplar los términos de personas desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas. El cambio, como lo aprecian los integrantes de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ), tiene que ser explicado y justificado legalmente, pues para ellos sus hijos/familiares no están no localizados: ESTÁN DESAPARECIDOS.
En ese sentido, FUNDEJ cada semana recibe a más y familias de desaparecidos que acuden a este colectivo luego de escuchar del personal de la Fiscalía General que sus familiares simplemente están “no localizados” y que, bajo esa premisa, “ya regresarán a casa”. Lo cual desde la experiencia de FUNDEJ no es así.
En su actuar las autoridades buscan convencer a las familias de esto y ante cualquier denuncia de desaparición, antes de investigar, lo que hacen los ministerios públicos es anteponer las hipótesis de que jóvenes, como Daniela, no están desaparecidos sólo están “no localizados”, ya sea porque: “tienen problemas familiares”, “se van con el novio” o porque “andan de fiesta”, así que bajo estos supuestos minimizan SU DESAPARICIÓN y, por tanto, no realizan acciones de búsqueda inmediata o de registro, esto porque al darles el calificativo de “persona no localizada” no sólo invisibilizar las desapariciones sino también la responsabilidad del Estado alrededor de ellas.
¿Será éste el motivo por el cual la Fiscalía no ha reportado al Sistema Nacional de Seguridad Pública, la desaparición de 914 personas? ¿Qué es lo que buscan ocultar al desaparecer a los desaparecidos? ¿Qué se busca encubrir?
http://www.proyectodiez.mx/la-impunidad-detras-del-registro-de-desaparecidos-en-jalisco/