A la explotación laboral en San Quintín se suma el acoso sexual
Antonio Heras, Mexicali, BC.
Las demandas de los jornaleros no han cambiado a lo largo de los años, y como novedad se suman las denuncias de acoso sexual de mayordomos a las mujeres trabajadoras, afirmó Everardo Garduño, miembro del Instituto de Investigaciones Culturales de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y autor del libro Mixtecos en Baja California: el caso de San Quintín.
Señaló que las comunidades indígenas migrantes que han logrado establecerse en la región tienen los mismos derechos de demandar mejores condiciones de vida que cualquier otro ciudadano de la entidad, pero la actitud del gobierno ha sido de soberbia, porque no encara el problema, no le interesa la solución y tampoco le da el peso que debería tener.
Garduño destacó que la movilización de las agrupaciones de jornaleros en el valle de San Quintín sólo se entiende con la independencia de vivienda y la creación de nuevos asentamientos que han logrado construir los campesinos, a través de luchas que les han otorgado la libertad de acción y de organización.
Señaló que es prácticamente imposible el ordenamiento de campesinos, porque existe la figura del mayordomo –una especie de policía interno–, quien está al tanto de todo lo que ocurre. De ahí que en las colonias de asentados sea donde puede retomarse la organización de los jornaleros; allí se empieza a conformar el movimiento de lucha unificada del pueblo triqui, donde retomó fuerza la Central Independiente de Obras Agrícolas y el poder de la colonia Maclovio Rojas.
Historia mixteca
A 20 años de haber llegado a esta región –aún adolescente y proveniente de San Martín Peras, Oaxaca–, la mixteca Gloria Gracida Martínez advierte que en la actualidad se siguen viviendo las mismas injusticias: “es lamentable que no han cambiado las vejaciones que viven mis compañeros jornaleros; lo peor es que no cesan los acosos y violaciones sexuales de parte de los mayordomos a las mujeres.
Llegamos con muchas ilusiones, motivadas por la pobreza que vivíamos en nuestros pueblos; ha sido mucho el esfuerzo por salir adelante, comentó en entrevista y agregó: en un inicio estaba como la mayoría de los niños que llegan a San Quintín, que sólo hablaba un idioma, el mixteco, por lo que me costaba el doble de trabajo entender las cosas en la escuela y el trabajo.
Gracida Martínez arribó en la década de los noventas a Baja California, en busca de mejores condiciones de vida y con el anhelo de salir de la pobreza, porque los campos agrícolas de Oaxaca son de los peor pagados del país.
Ella llegó con su familia –integrada por 12 hermanos y sus padres– a trabajar de manera temporal, porque después pensaban regresar a su tierra natal, pero las empresas y mayordomos que los contrataron no les cumplieron lo prometido y tuvieron que ir postergando su proyecto. Con el tiempo, las niñas más pequeñas se convirtieron en jornaleras.
Durante cinco años trabajó por más de 12 horas diarias en la pizca de la fresa y el jitomate, hasta que sus estudios la llevaron a laborar sólo medio tiempo y después dedicarse a terminar su educación. Recibió la beca Ford, dentro del Programa Internacional de Becas de Posgrado para Indígenas, y es maestra en investigación por la Universidad Iberoamericana.
Por fortuna, formo parte del 0.2 por ciento de indígenas que escapó del analfabetismo, del trabajo infantil, de la explotación, y precisamente por eso, desde donde esté, voy a alzar la voz para que niños y adolescentes tengan las mismas oportunidades que yo, indicó.
La indígena mixteca integró la caravana de la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social, que recorrió Baja California para hacer visible el movimiento de jornaleros que exigen mejores condiciones laborales y abatir el rezago social de las comunidades del sur de Ensenada.
Tercera generación
El académico de la UABC Heriberto García García, quien fue procurador de los derechos humanos en Baja California, señaló que existe la creencia de que los trabajadores del campo en San Quintín son migrantes, pero advirtió que la mayoría son radicados en la entidad, y ya existe una tercera generación.
Comentó que los rancheros y agroindustriales dan de alta a los jornaleros para que obtengan un número de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero al mes los dan de baja, lo que representa una grave omisión de la dependencia y de la supervisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Los trabajadores reciben atención médica, pero no tienen seguridad social; los patrones se aprovechan, y el problema es que juegan con las altas y bajas del IMSS, afirmó.
El especialista dio a conocer que existe una grupo de indígenas que se encuentra en la incertidumbre, sin seguridad social, puesto que el padrón del IMSS señala que hay 26 jornaleros inscritos, mientras que los patrones y los diferentes sindicatos aseguran que hay 50 mil, pero los trabajadores afirman que son 80 mil.