Aprueban Ley que privatiza el suministro de agua; Grupo Higa, uno de los primeros beneficiados
El Sol de Nayarit
Redacción. Las comisiones unidas de Recursos Hidráulicos y Agua Potable y Alcantarillado aprobaron con 31 votos de los diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM), un dictamen que nunca fue consensuado con las organizaciones de la sociedad civil, el de la Ley General de Aguas.
Los legisladores de PRI, PAN y PVEM aprobaron en comisiones el dictamen de la Ley General de Aguas, que privatiza el suministro y construcción de infraestructura de agua en todo el país y que incluso declara “de interés público” la participación de concesionarios y entes privados que prestarán el servicio público, además de regular el uso del líquido para la fractura hidráulica (fracking).
También ampara en la misma forma al trasvase de una cuenca a otra, como ya ocurre con el proyecto Monterrey-VI para llevar agua de Veracruz a la capital de Nuevo León, una obra entregada al Grupo Higa y otras empresas, asunto que ha causado una viva reacción de rechazo popular y empresaria.
El dictamen por el cual se crea la nueva Ley General de Aguas favorece a empresas particulares en detrimento del derecho humano al agua potable, entre ellas a Grupo Higa, la empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú, la misma que se ha visto beneficiada en múltiples ocasiones con contratos para construir obra del Gobierno federal, afirmaron diputados de oposición.
La izquierda se opuso a la aprobación de este nueva ley, Los diputados Manuel Huerta (Morena), Víctor Manuel Bautista y Javier Orihuela, ambos del PRD, cuestionaron que el presidente de la Comisión de Agua potable, Kamel Athié (PRI), envió el proyecto de dictamen durante la madrugada y la mañana de este miércoles y le pidieron excusarse de la aprobación del documento, ante el probable conflicto de intereses personales que podrían enfrentar.
Manuel Huerta sostuvo que la prisa por avalar la iniciativa tenía por objeto legalizar el trasvase del proyecto Acueducto Monterrey-VI, “donde las empresas del Grupo Higa participan con casi 60 por ciento del contrato para un acueducto en el que por primera vez un grupo privado participa de manera directa en el uso de una cuenca para el suministro de agua potable” que tendrá un costo de más de 45 mil millones de pesos.
Aunque en el texto aprobado nunca se menciona la frase “privatización del agua” y sus defensores argumentan que no se toca el artículo 27 constitucional por lo que es imposible hablar de privatización de este bien nacional, lo cierto es que la nueva ley permite la participación de la iniciativa privada mediante concesiones “para la explotación, uso o aprovechamiento de zonas federales y demás bienes públicos inherentes”, según el artículo 88 fracción tercera.
Con información de La Jornada y sin embargo.