Presa Los Pilares, despojo y desplazamiento del pueblo guarijío

En 1976, el gobierno federal realizó un descubrimiento en el estado norteño de Sonora. Pobladores de la tribu guarijía (pueblo que se autodenomina mahkurawe) habitaban y siguen habitando territorio de la sierra madre occidental.

Para 1980, el entonces presidente de la República, José López Portillo les otorgó tierras y les pidió que no las malvendieran ni se las dejaran al mejor postor, promesa que hasta hace unos años, el pueblo guarijío ha cumplido al pie de la letra.

Desde 2010 y hasta la fecha, esta tribu enfrenta una lucha que ya no es ajena a ninguna comunidad indígena de nuestro país: el despojo de tierras y el desplazamiento por parte de autoridades tanto estatales como federales.

“El pueblo, no puede creer que tan solo 30 años después de que el presidente les dio tierras, el mismo gobierno sea quien quiera quitárselas de forma ilegal”, comenta en entrevista con Red Política de EL UNIVERSAL, el doctor Jesús Armando Haro, investigador del Colegio de Sonora y asesor del pueblo guarijío.

– Presa Los Pilares y el despojo de tierras

El proyecto de la Presa Los Pilares en el río Mayo, la cual ya está en construcción desde 2014, tiene su ubicación justo en medio del territorio de la tribu guarijía que cuenta con aproximadamente 1800 habitantes tan solo en el estado de Sonora. También hay miembros de este pueblo en el estado vecino de Chihuahua.

Ramón Martínez Coria, antropólogo director del foro para el desarrollo sustentable y también asesor y defensor de este pueblo, asegura que “esta presa forma parte de un proyecto que se llama Plan Hidrológico del Noroeste , el cual, implica la intención del trasvase de ríos desde Nayarit hasta Sonora lo cual, implica que está articulado a otros procesos de intervención ilegales de atropello al patrimonio de los pueblos en toda la Cuenca del Pacífico”.

La construcción de la presa supone una inversión de 1700 millones de pesos y según información de las autoridades, está destinada al almacenamiento de agua para uso agrícola. Además señalaron que dicha presa evitará inundaciones en la región.

El proyecto está cargo de las empresas Canoras y Construplan, las cuales, aseguran que generarán aproximadamente 2 mil empleos y se espera que se termine para 2016.

El 30 de septiembre de 2014, el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés puso la primer piedra con la que inició la construcción de la presa Los Pilares.

– “Desaparecer de manera forzada es lo que sigue”

Los asesores de la tribu guarijía, Jesús Armando y Ramón aseguran que los mahkurawe han sido víctimas de todo tipo de violación a sus derechos humanos. Las afectaciones son tanto ambientales como culturales ya que van desde la negativa de las autoridades a una consulta previa libre e informada, el desplazamiento de sus tierras hasta amenazas.

“Existe una violación, que ya está documentada, al derecho a la consulta previa, la cual no ocurrió, hubo intentos del gobierno federal y estatal para hacer parecer que ya estaba la consulta”, pero afirman que el pueblo nunca ha sido tomado en cuenta.

“Han estado interviniendo en las comunidades amagando y violentando a los gobernantes tradicionales de las asambleas comunitarias y nombrando ilegalmente a gobernadores y representantes comunitarios apócrifos”.

Acusan que pese a que el grupo de asesores de la tribu ha recurrido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de que se hizo un juicio para reconocer la forma de asignación de gobernantes legítimos de los pueblos, de la cual salieron ganadores, no se ha respetado al pueblo.

“Estamos frente a un conjunto de actos ilegales que tienen que ver con la asignación de contratos y de supuestas aveniencias. Quienes se oponen a las obras de la presa fueron reprimidos brutalmente, líderes han sido encarcelados y golpeados y todo eso, sigue impune”, acusan.

“Padrés en Sonora tiene este cárdex de violencia e impunidad, si sigue actuando de esa manera, desaparecer de manera forzada es lo que sigue”.

– Afectaciones Ambientales

De acuerdo a los asesores, entre algunas de las afectaciones ambientales que sufriría el territorio de los guarijíos serían:

– Entre las actividades del pueblo guarijío estaba la pesca, la cual ha ido reduciéndose de manera importante debido a que los peces del río Mayo han ido desapareciendo gracias a la construcción de las presas. Los Pilares, es la segunda que se realiza.

– La presa nueva inundaría dos localidades enteras de su territorio, lo cual afectaría la parte productiva porque interrumpe el flujo de la gente.

– Acusan que los manifiestos de impacto ambiental que se han realizado son fraudulentos ya que no demuestran el verdadero daño que se ocasionaría en la zona. Aseguran que la construcción acabaría con tanta biodiversidad que existe en el denominado “bosque secreto”.

– La magnitud del proyecto producirá cambios importantes en los micro-climas locales por efecto de la baja de la temperatura del agua sobre la flora y la fauna, por contaminación del aire por bióxido de carbono y metano como producto de la fermentación de materiales orgánicos bajo el agua, con la extinción de especies animales y vegetales.

– Podrían proliferar enfermedades transmitidas por vectores que ya son endémicas en la región como el dengue y paludismo.

– Los guarijíos perderán en gran medida parte de sus recursos naturales en los que sustentan su vida y su cultura, así como pérdida de lugares sagrados y panteones que existen en la zona destinada al vaso de la presa y dos sitios arqueológicos: Mochibampo y Mesa Colorada.

– “Negocios sucios de Padrés” e instancias omisas

Los asesores acusan que existe una corrupción continuada que va desde la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la cual, le da competencias a la Comisión estatal y que a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) hace caso omiso de las demandas del pueblo sobre tener conocimiento de determinada información.

Además, señalan que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha sido omisa ante el caso por lo que han tenido que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir apoyo.

“Tenemos problemas de transparencia, hay ocultamiento de la información, Semarnat niega su intervención en esto pese a que la obra ya esta en curso y ellos la aprobaron”.

“La presa que ya está en construcción no tiene claridad en su argumento de utilidad pública. El expediente aparece primero como si fueran a construir una presa hidroeléctrica cuando en realidad quienes promovieron desde el interés privado la construcción son empresarios del distrito de riego río abajo para asegurar el abasto de agua en sus distritos. Pero estos dos argumentos de utilidad pública implicaban la competencia federal pero como aquí el principal interesado es el gobernador Padrés y sus negocios sucios han ido cambiando el argumento de tal manera que le acomoden al gobierno estatal, entonces está justificada sobre un principio de control de avenidas que implica Protección Civil que le da competencia de actuar al gobierno estatal y no a los federales”.

Jesús Armando y Ramón expusieron su caso ante Amnistía Internacional durante su informe anual el pasado viernes 27 de febrero.