Incumple embajada canadiense, acusan
El Siglo de Durango
POR: SAÚL MALDONADO
TLAHUALILO, DGO.
La Embajada de Canadá incumplió su obligación de promover y proteger los derechos humanos de los ejidatarios de la Sierrita ante las violaciones perpetradas por la empresa minera canadiense Excellon Resources Inc., denuncian habitantes de este ejido.
A través del informe “Las entrañas de la complicidad canadiense: Excellon Resources, la Embajada de Canadá y la violación de los derechos laborales y a la tierra en Durango, México”, de MiningWatch Canada y United Steelworkers, les fue posible confirmar a los ejidatarios de La Sierrita, en el municipio de Tlahualilo, que la Embajada tuvo una participación decisiva en la violación de sus derechos humanos durante el año 2012.
El informe, añaden, evidencia el apoyo incondicional que el Estado canadiense brindó a Excellon con el objetivo de salvaguardar sus intereses económicos a costa de la violación de los derechos humanos de los habitantes del ejido citado, durante el periodo de julio a octubre de 2012 cuando los habitantes de ese lugar realizaron una manifestación pacífica en tierras ejidales a las afueras de la mina La Platosa.
Entre los hechos más indignantes que encontraron en el informe los ejidatarios señalan algunos, como que la Embajada estaba dispuesta a espiar a pobladores, a presionar a oficiales del Estado a favor de la empresa y que estimó pertinente el uso de métodos represivos contra la manifestación pacífica del ejido La Sierrita con el propósito de garantizar la operación continua de la mina de Excellon.
Asimismo, encontraron que la embajadora de Canadá en México, Sara Hradecky, ordenó a sus subordinados utilizar una reunión con los ejidatarios y sus representantes, el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), con el objetivo de recopilar información útil para la empresa en lugar de atender los legítimos alegatos en cuanto a las violaciones a los derechos humanos perpetradas por Excellon.
En la manifestación pacífica de los ejidatarios, en el intento de desalojo por parte de alrededor de 100 elementos de seguridad federal, estatal y municipal se realizó con el conocimiento y la anuencia de la Embajada canadiense, la cual un mes antes tuvo conocimiento de que la Secretaría de Gobernación había expresado “hay que retirar el bloqueo, ya sea por la fuerza, o por la negociación”.
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