Exigen detener la criminalización de la comunidad indígena de Mezcala
Por: Jardiel Legaspi
21 de febrero de 2015.- Por las constantes violaciones a sus derechos, la Red Todos los Derechos para Todos y Todas, junto a diversas organizaciones civiles y ciudadanos, publicaron un comunicado en el que exigen el respeto a la Comunidad Indígena de Mezcala de Asunción.
Demandaron también el alto a la criminalización de la Comunidad que desde hace 16 años lucha por la defensa de sus territorios.
El mensaje está destinado particularmente a Luis Carlos Vega Pámanes, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, a los integrantes del Consejo de la Judicatura del estado de Jalisco así como a Óscar Martín Morales Vázquez, Juez Penal de Ocotlán.
En 1999 la Comunidad Indígena de Mezcala comenzó a defender sus tierras de la ocupación del empresario Guillermo Moreno Ibarra. Acción que califican de ilegal y de total impunidad además de tener el consentimiento de las autoridades.
Guillermo Moreno acusó en 2002 a cinco personas de secuestro. Los demandados tenían más de 70 años.
Los autores del comunicado señalan que la Agente del Ministerio Público Investigador en Poncitlán, Lucero Moreno Murguía, integró la averiguación previa número 1327/2011, con la que violenta el derecho colectivo a la libre autodeterminación de la Comunidad y el derecho individual de diez integrantes de la misma.
Estas inconsistencias legales, señalan en el comunicado, fueron avaladas por Óscar Martín Morales, Juez de lo Penal del Sexto Partido Judicial, con sede en Ocotlán, Jalisco. Con esto se omite hacer del conocimiento de la Comunidad el contenido de la denuncia y las pruebas que sustentan la acusación.
Actualmente se está en espera de que el Juez Penal de Ocotlán emita su fallo, por lo que los autores del comunicado exigen al Poder Judicial de Jalisco cuatro puntos importantes:
Que rectifique las violaciones al debido proceso cometidas contra los integrantes de la Comunidad Coca de Mezcala y reconozca sus prácticas normativas derivadas de su condición de pueblo originario.
Que el Juez resuelva la no responsabilidad penal de los integrantes de la Comunidad de Mezcala, por lo que deberá aplicar el “Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, Comunidades y pueblos indígenas”, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Que asegure que todo su personal cuenta con la debida capacitación en materia de derechos humanos, particularmente sobre el derecho a la igualdad y a la no discriminación y se el acceso a la justicia.
Que el Consejo de la Judicatura asuma la responsabilidad de revisar la actuación del Juez Penal de Ocotlán y adopte las medidas sancionatorias correspondientes por los actos y omisiones que pudieran constituir discriminación contra el pueblo indígena Coca.
16 años de defensa
Moreno Ibarra, presidente de Carbonato de Calcio Sol (Cacosa S.A.), invadió 10 hectáreas, a través de su prestanombres Crescencio Santana, del cerro “El Pandillo” lugar en el que que construyó una casa vacacional que prestaba a familias de Guadalajara.
Ante esto, los comuneros comenzaron un proceso legal para frenar las acciones del empresario. La respuesta de Guillermo Moreno fue instalar un grupo de hombres armados que vigilara la casa de campo.
De acuerdo a Rocío Moreno, habitante de la isla e historiadora, Guillermo Moreno también está asociado en el ramo inmobilairio con acciones en diferentes fraccionamientos ubicados en Chapala.
“La intención de este señor era seguir construyendo hacia nuestra comunidad, por eso también ha tenido tanta protección de autoridades, especialmente del municipio de Poncitlán”, señala Rocío Moreno.
Demanda a comuneros
Además de la denuncia de 2002, Guillermo Moreno interpuso otra demanda en contra de los miembros de la Comunidad Indígena de Mezcala de Asunción.
En 2011 Moreno Ibarra denunció a varios integrantes de la Comunidad de haber cometido robo calificado, luego de que algunos habitantes desmontaran un panel solar, instalado por el empresario, que estaban en terrirorio comunal. El delito fue reclasificado a “daño a las cosas”. El juicio sigue adelante.
“El señor utiliza a las autoridades municipales para intimidar; tiene a la policía y al ministerio público de Poncitlán de su lado, que le dan cobertura para hacer más cansado este proceso”, denuncia la historiadora.
Territorio recuperado
En septiembre del año pasado la comunidad coca de Mezca fue notificadada del fallo a su favor del juicio agrario contra el empresario con lo que pudieron recuperar sus tierras.
Sin embargo, no se trata de algo definitivo ya que Moreno Ibarra todavía cuenta con el recurso de inconformidad, acción que tendrá que realizar con instancias federales.
La isla de Mezcala de localiza en el nororiente del lago de Chapala a 20 minutos de Ajijic. Tiene una extensión de 3,600 hectáreas.