Los efectos del #fracking en Coahuila

La explotación del gas shale representa serios riesgos para el medio ambiente y la población mexicana por la utilización de grandes volúmenes de agua y la de contaminación de acuíferos.

Por: Aroa de la Fuente

La Reforma Energética aprobada el pasado diciembre implica, entre otras cuestiones, la apuesta del gobierno a la explotación del gas shale o gas de lutitas como una opción para el futuro energético del país. Sin embargo, esta apuesta representa serios riesgos para el medio ambiente y la población mexicana; especialmente para aquellos estados que, como Coahuila, cuentan con recursos de este gas. Todo ello se debe a que se requiere la utilización de la fractura hidráulica o fracking para su explotación, dado que el gas natural y otros hidrocarburos se encuentran alojados en formaciones de lutitas (conocidas como shale en inglés) a profundidades de entre uno y cinco kilómetros. Estas rocas presentan baja permeabilidad, por lo que se requiere fracturarlas mediante un cóctel de agua y químicos inyectado a alta presión para que permita la salida del gas.

Las afectaciones sociales y ambientales que supone esta técnica son cuantiosas. Por un lado, implica la utilización de grandes volúmenes de agua: la fracturación de un solo pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua. Es decir, los 9,100 nuevos pozos que se perforan anualmente en EEUU suponen un uso de agua equivalente al consumo anual de entre 1.8 y 7.2 millones de personas. Sólo en Coahuila se estima que serán perforados mil pozos cada año, lo que supondrá un consumo intensivo de agua. Tal es la necesidad de este recurso para el fracking que en Nuevo León, estado que al igual que Coahuila cuenta con desabasto de agua, se está planeando un trasvase de agua desde el río Pánuco en San Luis Potosí a través de un acueducto de 520 km (lo que implicará más impactos socioambientales). Además, el agua utilizada se mezcla con químicos para mejorar el proceso de perforación y algunos de ellos son tóxicos y causantes de enfermedades respiratorias, neurológicas, inmunológicas y endocrinas, así como cáncer y mutaciones.

Por otro lado, no sólo se trata del uso intensivo de agua, sino que el fracking también representa riesgos de contaminación de acuíferos y otras fuentes de este recurso. Esto pone en mayor riesgo la garantía del derecho humano al agua, establecido en el artículo 4° de la Constitución (así como de otros derechos: a un medio ambiente sano, a la salud y a la alimentación, entre otros).

Para impulsar estos proyectos nocivos, desde el gobierno señalan que la explotación del gas shale supondrá grandes beneficios económicos, generará empleo, ayudará a la sostenibilidad energética del país y permitirá reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que causan el cambio climático. Sin embargo, los datos de la explotación de este gas en EEUU muestran todo lo contrario. La industria gasífera de aquel país ha admitido que hasta el 80% de los pozos perforados resultan inviables comercialmente dado los altos costos de los mismos. Además, el empleo que esta industria ha generado en EEUU desde 2003 apenas ha supuesto el 0.02% del empleo directo total del país y los estados en los que se desarrolla el fracking presentan el menor poder adquisitivo de aquel país.

Por otro lado, la tasa de declinación de los pozos es de entre 29 y 52% anual, sumado al hecho de que únicamente se recupera entre 4.7 y 10% del total de gas contenido en los yacimientos. Esto hace que estos proyectos tampoco representen una opción energética sostenible en el tiempo. Por último, la complejidad de la técnica de fracking supone que ésta requiera la aplicación de grandes cantidades de energía, lo que, unido a las altas emisiones de metano derivadas de los escapes de la operación de los proyectos, hace que la explotación de este gas no sea una opción viable para la lucha contra el cambio climático.

Todo ello, unido a las otras afectaciones sociales, ambientales, económicas y culturales que el desarrollo del fracking implica (especialmente en los estados donde se lleve a cabo la actividad), hace que el gas shale no sea una opción energética viable. Por ello debe ser prohibido en México.

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