Un paisaje gris que enferma
Thelma Gómez
En unos días se cumplirán tres años de la muerte de Marco Antonio Gil. Tenía ocho años cuando la leucemia canceló su futuro el 10 de febrero del 2007. Marco Antonio nació y creció en Apaxco, comunidad localizada en el estado de México, justo en la frontera con Hidalgo, región considerada como una de las más contaminadas del país.
Eso no lo sabían Antonio Gil e Isabel Cedillo, padres de Marco. Se enteraron cuando especialistas del Centro Médico La Raza les informaron que la contaminación ambiental podría ser la causa de la leucemia de su hijo. “Nos dijeron que ellos atendían muchos casos parecidos que provenían de esta zona”, recuerda Antonio, padre de Marco.
La región que va de Tula, Hidalgo, y se extiende hasta Apaxco, estado de México, concentra diversas industrias: desde la refinería de Pemex, una termoeléctrica, así como cementeras y caleras. Tan sólo en el municipio de Apaxco, de acuerdo con su Plan de Desarrollo Urbano, hay 38 fuentes fijas de contaminación del aire.
Antonio Gil es uno de los más activos miembros del Grupo Pro-Salud, organización formada por habitantes del municipio de Apaxco, estado de México, y de Atotonilco de Tula, Hidalgo. El 5 de mayo del 2009 nació esta agrupación ciudadana. Ese día, los pobladores se unieron para protestar por los fuertes olores que provocaron mareos, dolores de cabeza y desmayos.
La pestilencia provenía de las instalaciones de Ecoltec, empresa dedicada a la recolección y manejo de residuos industriales. Sus directivos reconocieron que el mal aroma fue causado por una fuga de monómero de acrilato, sustancia química utilizada por la industria textil y de pinturas.
Un día después de la fuga, los pobladores se instalaron frente a la entrada de Ecoltec. El bloqueo está a punto de cumplir nueve meses. Los miembros del Grupo Pro-Salud aseguran que no se moverán hasta que las autoridades ambientales clausuren la empresa. A su batalla ya se sumaron varias organizaciones, entre ellas la Global Alliance for Incinerator Alternatives, Greenpeace y el Centro de Análisis y Acción en Tóxicos y Alternativas (CAATA).
Para Fernando Bejarano, director de CAATA, el caso de Apaxco muestra varias problemáticas ambientales: “El mal manejo de los residuos peligrosos, el trato privilegiado que han recibido las cementeras en México, el maquillaje verde y la violación sistemática al derecho a un ambiente sano”.
Los habitantes que crecieron en esta región están acostumbrados a mirar un paisaje de color gris. Así es desde principios del siglo XX, cuando en Apaxco se instaló la primera fábrica de cal. Años después, en 1928, se fundó la Compañía de Cementos Apasco; en 1964, el grupo suizo Holcim se convierte en el accionista principal de la empresa.
Estar en medio de cerros de piedra caliza marcó el destino de Apaxco y varias de sus comunidades vecinas. En el corredor que va de Tula hasta Apaxco se instalaron, además de Holcim-Apasco, plantas de Lafarge, Cemex, Cruz Azul y Caleras Bertrán.
La gente de esta región estaba habituada a mirar los árboles impregnados de una capa de polvo y a tener las ventanas cerradas para evitar que éste entrara a sus casas.
Pero en 2003 llegó una nueva empresa, Ecoltec, filial de Holcim-Apasco, instaló una planta coprocesadora de residuos industriales; a partir de entonces los pobladores comenzaron a padecer un olor nauseabundo. A eso sí, no podían acostumbrarse.
“Teníamos que poner jergas mojadas en la puerta de la casa, pero los olores entraban. Provocaban irritación en la garganta, dolores de cabeza, irritaban los ojos”, asegura Martha Monterrubio Hernández, habitante de la comunidad de Vito, Hidalgo, e integrante del Grupo Pro-Salud.
El insoportable olor llevó a los pobladores de varias comunidades afectadas a quejarse en las presidencias municipales de Apaxco, de Atotonilco de Tula y ante la misma empresa.
La primera protesta se presentó en diciembre de 2003. En ese entonces, la empresa se comprometió a “realizar las acciones necesarias para evitar que se presente nuevamente esta situación”, de acuerdo con una minuta firmada por los directivos. Incluso, se menciona que se compró un equipo especial para controlar la emisión de olores.
Los desagradables aromas continuaron. La tensión entre comunidad y empresa fue mayor a partir del 21 de marzo del 2009. Ese día, 11 campesinos fallecieron después de entrar a un pozo de bombeo para hacer labores de limpieza en el lugar. Este pozo lleva agua del Río Salado, el cual pasa muy cerca de las instalaciones de Ecoltec. Los vecinos aseguran que ese día se percibía el mismo olor nauseabundo.
El dictamen pericial, de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, establece que el “exceso de gas indeterminado en el interior de la cisterna, así como la concentración y remoción de lodos de la cisterna de bombeo” causó que los campesinos perdieran el conocimiento y cayeran en el agua negra.
“Desde la muerte de los campesinos comenzamos a preocuparnos más por lo que estaba pasando en nuestro ambiente. Ahí comenzó a despertarse la conciencia de que teníamos que hacer algo”, cuenta Martha Monterrubio.
Cuando aún estaba presente en la memoria de los pobladores la muerte de los 11 campesinos, se presentó la fuga en Ecoltec de monómero de acrilato. “Algunas personas se desmayaron, a otras les pusieron oxígeno. Llegaron las ambulancias. La gente se comenzó a juntar afuera de la iglesia y se tomó la decisión de venir a pararnos frente a Ecoltec”, recuerda Alejandra Sánchez, habitante de El Refugio, municipio de Atotonilco de Tula.
“Ese día —dice Martha Monterrubio— la gente dijo que ya no quería a Ecoltec”. A partir de entonces, los miembros de Pro-Salud emprendieron una lucha legal contra la empresa: han enviado cartas al presidente Felipe Calderón, al gobernador del estado de México y presentaron una denuncia ambiental ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
En folletos, Ecoltec dice que su empresa “ofrece a la industria una solución integral para la recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento y coprocesamiento de residuos en los hornos cementeros de Holcim Apasco, utilizando los más altos estándares de seguridad y preservación ambiental”.
En México hay seis plantas de Ecoltec que se ubican junto a las plantas cementeras de Holcim-Apasco, ya que los residuos industriales que recolectan son utilizados como combustible alterno en los hornos cementeros.
En entrevista, Carlos Juárez, vocero de Ecoltec, reconoce que en la planta de Apaxco se han registrado tres “eventos relacionados con acrilato”.
Los dos primeros fueron en 2004 y 2007. El último se registró el pasado 5 de mayo. Dice que “Ecoltec lamenta profundamente las molestias que se le han causado a la comunidad”, y agrega que los olores cotidianos que molestan a los pobladores no son generados por Ecoltec, sino por el Río Salado que pasa por la comunidad y que traslada las aguas negras que provienen del Gran Canal de la Ciudad de México.
Sobre la fuga de acrilato, el vocero menciona que esta sustancia química estaba impregnada a residuos de la industria textil y de pintura. Incluso, reconoce que las políticas internas de Ecoltec marcan que no pueden recibir residuos que contengan acrilato.
—Entonces, ¿por qué llegó a sus instalaciones el acrilato? —se le pregunta a Carlos Juárez.
—Como esas industrias mandaban otros residuos, puede que ser que lo mezclaron inconscientemente o sin darse cuenta. Por eso, ahora decidimos ya no recibir ningún tipo de residuos de esas empresas.
Juárez reconoce que el acrilato tiene un olor “muy escandaloso”, pero varias veces insiste en que “no ocasiona daños a la salud”.
Esa opinión no es compartida por Benjamín Ruiz Loyola, investigador de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien en 2003 fue elegido por la Comisión de Naciones Unidas para el monitoreo, inspección y verificación de armas químicas en Irak.
El acrilato de metilo —el más común en la rama de los acrilatos y que se utiliza como materia prima para hacer pinturas acrílicas— tiene un olor “horrible, que provoca náuseas y mareos”, señala el investigador.
Explica que la exposición a concentraciones muy altas y en forma prolongada puede causar problemas en la sangre, pulmones, riñones y tracto respiratorio. La exposición a dosis pequeñas, pero en forma constante, por lo menos durante un periodo de 10 años, puede ocasionar daños en el tracto respiratorio superior, en ojos, piel, sistema nervioso, sangre, riñones y cerebro.
Hasta el momento no hay investigaciones médicas que relacionen a la actividad de Ecoltec con los problemas de salud de los pobladores. Un equipo encabezado por el doctor Jorge Arturo De León, investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM, ya comenzó a realizar estudios para conocer cuál es la incidencia de cáncer, en especial, leucemia. También están realizando estudios de neurotoxicidad en infantes.
Hace seis meses que Josafat conoció la palabra leucemia, esa es la enfermedad que padece. Tiene cinco años y vive en Apaxco. Su mamá recuerda que los médicos le dijeron “sálgase de ese barrio, porque ahí está bien contaminado”.
Eliseo Castillo Hernández no puede evitar que su voz se quiebre cuando habla de su nieto de cuatro años. El niño nació con labio leporino, con una mano derecha y pie izquierdo sin dedos. “Por él estoy aquí, en la lucha para que cierre Ecoltec”, dice este hombre. Como él, muchos habitantes de la región tienen historias de familiares enfermos de asma, con hipertensión, con problemas respiratorios o cáncer. “Para nosotros, el cáncer es el pan nuestro de cada día”, lamenta Antonio Gil, padre del niño que murió de leucemia en 2007.
Rodrigo Choreño Gómez es médico de una clínica del IMSS en Atotonilco de Tula. Ahí ha visto cómo se ha elevado la incidencia de leucemia en niños de 8 a 16 años y cómo uno de los principales motivos de consulta está relacionado con afecciones respiratorias.
Para buena parte de los integrantes del grupo Pro-Salud, la empresa responsable de los daños a la salud de la población es Ecoltec. Pero para otras voces, esta empresa sólo es una parte de un problema mayor.
“La gente de esta región está mal acostumbrada a vivir con cementeras, caleras y otro tipo de industrias que provocan daños a la salud”, dice el doctor Jorge Arturo de León.
Por su parte, Benjamín Ruiz Loyola, especialista en el tema de sustancias tóxicas, destaca que las cementeras representan un riesgo importante para la salud, por las partículas que producen. “Cuando la gente respira polvos muy finos —dice— está en riesgo de presentar problemas en el sistema respiratorio, incluso cáncer”.
En el Plan de Desarrollo Urbano Municipal de Apaxco se reconoce que la contaminación del aire “es un problema grave”. Las principales fuentes de contaminación, se menciona, son el intenso flujo vehicular de carga y particulares, “pero principalmente las emisiones de la industria. El riesgo es patente por la cercanía que guardan las cementeras con los centros de población de Apaxco y Santa María Apaxco, donde se presentan partículas suspendidas de carbonatos y azufre”.
Para Fernando Bejarano, director de CAATA, “la situación de contaminación que se vive en la zona es consecuencia del trato privilegiado que se ha dado a la industria cementera. La mejor muestra es que los han dejado incinerar residuos peligrosos para utilizarlos como combustible alterno”.
Holcim-Apasco, una de las tres cementeras más importantes a nivel mundial, ha sido una de las principales impulsoras de la que se ha denominado “combustibles alternos”, para ello creó su filial Ecoltec.
Esta empresa ofrece los servicios de recolección y manejo de residuos a la industria. Estos residuos son triturados y preparados para después llevarlos a los hornos cementeros y, así, disminuir la cantidad de combustibles fósiles (combustóleo y gas) que se utilizan para fabricar el cemento.
Además de los residuos industriales, Ecoltec recibe llantas usadas, las cuales también se incineran. “En más de siete años, hemos recibido cinco millones de toneladas de llantas”, informa el vocero de la empresa, Carlos Juárez.
En sus folletos, la empresa afirma que con su actividad “contribuimos a reducir la contaminación ambiental y a promover el desarrollo sustentable del país”. Un argumento que para Fernando Bejarano, de CAATA, no es válido. “A la industria cementera se le ha permitido hacer un doble negocio —dice—, por un lado tiene ingresos por recibir los desechos de otras empresas y por el otro, ahorra al disminuir el combustible que debe comprar. Además, puede vender esta idea como un servicio al medio ambiente, porque usa menos combustibles fósiles, pero subestima los impactos a la salud y el ambiente que provoca en las comunidades”.
Benjamín Loyola dice que no es posible denominar como ecológicos a los “combustibles alternos”, porque “lo que están haciendo es solamente recoger residuos y quemarlos. Cuando se queman llantas estás quemando azufre, por lo que estás contaminando con dióxido de azufre que acentuará los episodios de lluvia ácida. Quemar llantas no es una solución alternativa”.
El químico de la UNAM resalta que los incineradores de la industria cementera tienen que ser “de alta eficiencia tecnológica”, para evitar que se emitan contaminantes a la atmósfera. El problema, dice Fernando Bejarano, es que “en México las regulaciones son muy laxas y no hay una política clara para el control de residuos peligrosos”.
La empresa se defiende al señalar que cumplen con todas las normas ambientales y que realizan monitoreos de las emisiones de gases y polvos que producen. Lo cierto es que en la región de Apaxco no existen estaciones de monitoreo de la calidad del aire. Además, la Semarnat incluyó al municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo, en la lista de sitios más contaminados del país.
María Colín, asesora legal de Greenpeace, señala que la región de Tula y Apaxco refleja “una ausencia de política ambiental. ¿Cómo permites la instalación de tantas industrias en una extensión tan pequeña de terreno, en una zona con tanta población? Ahí, tanto Federación como estados y municipios tienen responsabilidad. Han provocado una carga ambiental terrible en un espacio muy pequeño”.
Desde que formaron el grupo Pro-Salud, se ha incrementado la conciencia ambiental en los habitantes de Apaxco y Atotonilco de Tula. “Antes no estábamos conscientes de los daños a nuestra salud que han provocado estas empresas”, dice Antonio Gil.
Por ello, dicen, no pararán su movimiento hasta que cierre Ecoltec. Por ahora, esperan que la Profepa responda a la denuncia que presentaron en septiembre pasado.
Por su parte, el vocero oficial de Ecoltec apunta: “Queremos solucionar este conflicto en forma pacífica… ante el bloqueo de nuestras instalaciones no hemos querido tomar acción legal. Pero nosotros queremos abrir y operar lo antes posible”.
En el campamento improvisado con plásticos y palos que bloquea la entrada de Ecoltec, Antonio Gil recuerda que su hijo murió de leucemia. Tiene dos hijos más. Ellos juegan en el lugar. “A nosotros no nos interesa el capital —señala—, nos interesa nuestra gente, porque sin salud no hay razón de ser”.