Otra privatización ilegal de playas, ahora en Yucalpetén (Yucatán)
Redacción/Sol Yucatán
Habitantes de Progreso han denunciado la privatización ilegal de playas en la zona de Yucalpetén, donde un complejo habitacional en construcción ha comenzado a bloquear el acceso al mar. Guardias de seguridad impiden el paso a pescadores y visitantes.
La historia de Cancún se repite en Yucatán. Habitantes de Progreso han denunciado la privatización ilegal de playas en la zona de Yucalpetén, donde un complejo habitacional en construcción ha comenzado a bloquear el acceso al mar. Guardias de seguridad impiden el paso a pescadores y visitantes, lo que ha generado indignación entre la comunidad.
El caso salió a la luz tras una denuncia en redes sociales del pescador Andrey M., quien relató cómo él y su pareja fueron desalojados de la zona por personal de seguridad privada cuando intentaban realizar pesca deportiva. “Siempre hemos venido a pescar aquí, pero ayer un guardia nos sacó con el argumento de que ya está prohibido. Cuando les dije que las playas son federales y no pueden cerrarlas, la jefa de seguridad se burló y me dijo que la etiquetara en redes, porque seguirá haciéndolo”, denunció en su publicación.
Las imágenes difundidas por Andrey M. muestran cómo el acceso a la zona de escolleras, ubicada cerca del CETMAR, ha sido restringido por orden del complejo Yucalpetén Resort Marina, un desarrollo inmobiliario de alto lujo. Los pescadores, que por años han usado la zona para su trabajo y recreación, ahora se ven obligados a buscar otros lugares más alejados, lo que representa un golpe a su economía y un acto claro de despojo.
Este no es un caso aislado. La tendencia de los grandes desarrollos inmobiliarios de apropiarse de espacios públicos ha sido denunciada en múltiples ocasiones en otros destinos turísticos del país. De acuerdo con la ley, las playas en México son bienes nacionales, lo que significa que ninguna empresa o particular tiene derecho a restringir su acceso. Sin embargo, en Yucatán, como en muchos otros lugares, estas reglas parecen ser ignoradas con total impunidad.
Lo más alarmante es el silencio de las autoridades ante esta situación. Mientras los habitantes de Progreso ven cómo se les despoja de sus propios espacios, el gobierno estatal y federal no han emitido ninguna postura clara sobre este abuso. La comunidad exige la intervención inmediata de las autoridades para garantizar el libre acceso a las playas y evitar que los intereses privados sigan imponiéndose sobre el derecho de los ciudadanos.
Los pobladores de Progreso cuestionan el papel de las autoridades en este conflicto. ¿Hasta cuándo se permitirá que las empresas privadas sigan apoderándose de lo que le pertenece al pueblo? La omisión del gobierno solo contribuye a perpetuar un modelo de desarrollo turístico que prioriza el beneficio de unos pocos a costa del despojo de la comunidad.
Mientras tanto, pescadores, turistas y habitantes del puerto siguen viendo cómo los accesos a las playas se cierran uno a uno, en un proceso que, de no ser frenado, podría convertir a Progreso en otro Cancún, donde la mayoría de las playas han sido privatizadas y el acceso público es casi inexistente.
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