“Reprimir antes que atender”: el sello del gobierno de Enrique Alfaro frente a familias buscadoras (Jalisco)
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El pasado 7 de agosto, familiares de Gustavo Rojo Gallegos (quien fue desaparecido el 9 de julio de 2024 en Tlajomulco de Zúñiga) se manifestaban en las cercanías de Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Enrique Alfaro, para exigir la localización de su ser querido; sin embargo, cuando intentaron realizar el cierre vial avenida López Mateos fueron agredidos por elementos de la Policía de Jalisco, quienes actuaron violentamente so pretexto de que la manifestación impedía el derecho a la movilidad.
Esta respuesta ha sido similar en otras manifestaciones, donde las autoridades han optado por la violencia, la indiferencia y la negación de la realidad que viven miles de familias en el estado con mayor número de personas desaparecidas en el país.
Aletse Torres Flores / Zona Docs
La falta de respuesta de las autoridades tras la desaparición de Gustavo Rojo Gallegos, quien fue desaparecido el 9 de julio de 2024 en Tlajomulco de Zúñiga, orilló a que sus familiares acudieran a protestar a Casa Jalisco -residencia oficial del gobernador, Enrique Alfaro-, la mañana del 7 de agosto.
Ese día, exigieron apoyo no sólo para localizar a Gustavo, sino también a los más de 15 mil desaparecidos que existen en Jalisco, pues ese mismo día también asistí la familia de Kevin Ulises Sánchez Rodríguez, estudiante de 18 años de la Universidad de Guadalajara, quien fue reportado como desaparecido, el 29 de julio de 2024 en Zapopan, Jalisco. Afortunadamente, durante la manifestación se informó que el joven había sido localizado.
Sin embargo, ese espacio público que -desde 2020- está cerrado para las familias buscadoras, pero sí está abierto para celebridades y deportistas, fue el escenario de un acto de represión contra quienes sólo exigieron que el Gobierno de Jalisco cumpla con la obligación de investigar dónde están las personas que han sido desaparecidas.
La manifestación que comenzó en avenida Manuel Acuña tenía como objetivo llegar a Casa Jalisco; no obstante, antes de llegar ahí comenzaron a ser encapsulados por policías estatales. Eso ocasionó que las familias buscadoras, para ganar visibilidad, intentarán bloquear la circulación vehicular de los cruces de avenida López Mateos y Manuel Acuña, lo que ocasionó que fueran reprimidos por elementos de la Policía del Estado de Jalisco.
Esta situación se había repetido un día antes, cuando la familia de Kevin intentó cerrar por completo la carretera a Chapala a modo de protesta. La respuesta del Gobierno de Jalisco fue enviar nueve patrullas de la Policía Estatal y seis de la Policía Vial para impedir el cierre de la vía casi a la altura con Periférico Sur, en la colonia La Duraznera, en Tlaquepaque.
Pero en esta ocasión, en la protesta del 7 de agosto, los policías comenzaron a golpear y empujar a las personas que solamente exigían apoyo de su parte y la pronta localización de sus amores desaparecidos, tal y lo informó la periodista Elsa Martha Gutiérrez.
Además de la represión policial fueron detenidos dos personas, Jairo Alejandro J. y Osvaldo Heriberto R., familiares de Gustavo Rojo. Los argumentos es que ambos habían agredido a un policía y se habían resistido al arresto. Horas más tarde, la Secretaría de Seguridad del Estado, informó que los buscadores fueron acusados de agredir a oficiales y de intentar obstruir las vías de comunicación. Por su parte, las familias denunciaron el uso excesivo de la fuerza.
Frente a este panorama, el Comité Universitario de Análisis en materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara señaló, en un comunicado, que las personas detenidas se suman a otros actos de hostigamiento que han realizado elementos de seguridad de Jalisco.
A la par, denunciaron que es el propio Gobierno de Jalisco, quien con su falta de acción y empatía, es quien orilla a las familias buscadoras a realizar cierres viales y a tomar el espacio público como medio para exigir una búsqueda eficiente, la continuación en la investigación de sus casos y la localización de sus seres queridos.
“Mientras continúe la negación oficial del problema y no se actúe con la responsabilidad y contundencia que exige, muchas familias seguirán tomando las calles, reclamando soluciones reales e inmediatas” parte del comunicado del comité.
La represión y apatía: una constante en la búsqueda de personas desaparecidas
Esta protesta se suma a una serie de violencias y represiones similares que han vivido las familias buscadoras de Jalisco; por ejemplo, hace dos años, el 28 de marzo de 2022, durante una manifestación del Colectivo Luz de Esperanza, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, fue confrontado por familiares de personas desaparecidas que le exigieron un mayor esfuerzo en la búsqueda de sus seres queridos. Pero el gobernador advirtió que se iría: “si continuaban los reproches y gritos”.
A pesar de que Alfaro insistió en que su administración ha localizado a miles de desaparecidos y que está comprometido con el tema, los familiares le comentaron la falta de avances reales desde las mesas de trabajo prometidas.
En lo que iba de su administración, en ese momento, Jalisco había registrado la desaparición de 6 mil 352 personas, un 42% del total estatal. El gobernador, tras rechazar las acusaciones y reiterar su compromiso con el caso, prometió reactivar las mesas de trabajo y atender el pliego petitorio de las familias, momento que nunca sucedió.
Nuevamente, el 31 de marzo de 2023, las madres pertenecientes al colectivo “Luz de Esperanza” sufrieron una agresión por parte de la policía estatal mientras exigían la localización de Esthela Guadalupe Estrada Ávila, desaparecida en Tlajomulco de Zúñiga.
En esa ocasión, las manifestantes fueron agredidas y encapsuladas, resultando en lesiones y una denuncia ante la Visitaduría de la Fiscalía de Jalisco.
Dos meses después, el 31 de mayo de 2023, la situación se repitió cuando los familiares de Sandra Analí Ramírez Hernández, desaparecida el 29 de mayo en Zapopan, enfrentaron una dura represión por parte de los policías antimotines mientras protestaban en la intersección de calle Allende y avenida Vallarta.
Lxs manifestantes denunciaron que el uso de la fuerza pública no era necesario y que las autoridades no han mostrado empatía hacia las familias afectadas.
Por último, el 7 de julio de 2023, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, acusó a las Madres Buscadoras de Jalisco de estar involucradas en el atentado que ocurrió en Tlajomulco, en el que murieron seis policías y doce personas resultaron heridas.
Según Alfaro, las acusaciones se basaban en una llamada anónima que indicaba que había una fosa clandestina. Este grave incidente y las acusaciones generaron gran preocupación entre el colectivo, que ha estado trabajando en la búsqueda de desaparecidos en un contexto de creciente violencia en el estado.
Las buscadoras desmentieron cualquier vinculación de sus integrantes con el atentado en Tlajomulco. En un comunicado, el colectivo acusó al gobierno de represalias, afirmando que no realizan búsquedas nocturnas por razones de seguridad y que nunca han recibido amenazas de carteles.
¿Qué ha pasado con los buscadores que fueron detenidos?
Dos días después de ser reprimidos y detenidos mientras protestaban por la localización de Gustavo Rojo por las autoridades del estado, Jairo y Osvaldo, fueron vinculados a proceso por presunta agresión a policías y atentado contra las vías de comunicación.
La Fiscalía informó que, a pesar de su liberación, Osvaldo y Jairo enfrentarán medidas como la prohibición de acercarse al lugar de los hechos y deberán presentarse mensualmente ante la autoridad judicial durante seis meses. Las autoridades señaladas, no han sido sancionadas y lo ocurrido ha quedado impune.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, reiteró que durante su mandato no tolerará bloqueos de calles ni agresiones a la policía, subrayando que estas acciones tendrán consecuencias legales.
Por ello, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) condenó la utilización del sistema de justicia como herramienta de represión y criticó al gobierno de Jalisco por descalificar y castigar a los manifestantes en lugar de abordar las violaciones a derechos humanos.
Asimismo, exigieron una investigación exhaustiva sobre los abusos cometidos durante las protestas y un alto a los actos de represión de las protestas de los colectivos buscadores.
¿Qué les queda a las familias buscadoras?
Frente a un estado que, en lugar de ofrecer apoyo, reprime a quienes buscan a sus seres queridos, ¿qué más pueden hacer las familias sino salir a las calles y exigir su localización?
Para las familias, la única opción es enfrentarse a la indiferencia y al peligro con la esperanza de encontrarles con vida. Su lucha es un grito por justicia y una demanda de que se les permita continuar con esta, motivadxs por su coraje y amor por sus tesoros desaparecidxs.