Tierra de sacrificios: cómo la producción industrial de cerdos y pollos aniquila la vida en Yucatán
Texto: Patricio Eleisegui 7 Fotos: Patricio Eleisegui, Andrea Buenfil, Maricarmen Sordo y Robin Canul / Pie de Página
La disponibilidad de reservas hídricas, amplias zonas selváticas, mano de obra precarizada y gobiernos alineados con el capital corporativo, hacen de Yucatán uno de los territorios con mayor concentración de megagranjas en México. El modelo de producción prolifera a partir de la violación sistemática de derechos de los mayas, la ausencia de controles ambientales, el despojo de tierras, e incluso la violencia
YUCATÁN. – La sombra del colapso ambiental se despliega sobre la Península de Yucatán, en el sureste de México, y la posibilidad cierta de un daño ecosistémico irreversible golpea el horizonte de las comunidades indígenas de la región. El territorio maya se ve impactado por la proliferación de un modelo comercial que, alentado desde la ausencia casi absoluta de controles gubernamentales y bajo la forma de un monopolio corporativo que no se oculta, ha hecho de la región uno de los epicentros en Latinoamérica de la producción de carne para consumo masivo: las mega granjas de cerdos y pollos.
Estas instalaciones, que operan como auténticas fábricas de animales, también se multiplican a partir de prácticas que van desde la explotación laboral hasta el rompimiento del tejido social de las poblaciones indígenas, con consecuencias funestas en las actividades económicas tradicionales y las prácticas de soberanía alimentaria ejercidas a lo largo de la historia por las comunidades mayas.
El estado de Yucatán integra más de 500 factorías porcinas según datos oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), dependiente del gobierno federal de México. En cambio, organizaciones como Mercy For Animals elevan ese número a más de 800. Cada instalación llega a albergar a más de 50,000 cerdos, según el caso.
La Asociación Ganadera Local de Porcicultores del estado, la entidad que integra a los empresarios del rubro, da cuenta de una población que asciende a los 1,9 millones de porcinos aglomerados en mega granjas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reconoce una cifra similar de personas viviendo en núcleos urbanos de Yucatán. Por ende, la relación existente en el territorio yucateco es de casi 1 cerdo por habitante urbano del estado.
Por su parte, el sector avícola, a través de la Asociación de Avicultores de Yucatán, institución emblema de ese sector, reconoce 112 mega instalaciones operativas. De acuerdo a datos del censo agropecuario efectuado por el INEGI en 2022, estos espacios aglutinan a más de 38,1 millones de gallos, gallinas y pollos. En este caso, hablamos de algo más de 16 ejemplares avícolas por cada residente local.
Cada uno de estos indicadores engrosa estadísticas cuyo reflejo en el territorio es una presión socioambiental que apabulla. Y que a la vez no deja de agigantarse por las características mismas de las mega granjas en tanto modelo incapaz de coexistir con cualquier otra práctica económica. Menos aún, con la producción tradicional maya basada en el equilibrio con el ambiente, la interrelación permanente con la tierra y el cuidado de los ecosistemas.
Colectivos y organizaciones comunitarias, expertos legales y científicos coinciden en que las factorías de cerdos y pollos distribuidas en Yucatán comparten, a modo de perfil general, un paquete funesto que incluye desde el uso intensivo de agua hasta la destrucción de zonas ambientalmente sensibles del territorio pasando por la explotación laboral, el maltrato animal, y la violación sistemática de normativas ambientales y derechos sociales tanto mexicanos como internacionales.
El combo incluye la descarga al manto freático de líquidos cloacales y excretas, la deforestación, la contaminación del suelo con minerales que son el resabio de la aplicación de antibióticos, y el uso de plaguicidas para el control de plagas. “Se trata de impactos que en muchos casos se ven desde el inicio de estas explotaciones. En la actualidad, y tras tantos años transcurridos, se comenzó a ver un movimiento legislativo estatal y nacional con vistas a la regulación de este tipo de industrias. Pero los impactos negativos están desde la misma preparación de los proyectos de instalación. Desde el momento en que se planean las mega granjas sin considerar los derechos indígenas, hasta la deforestación que sigue y la radicación en muchos casos en zonas protegidas”, dice al respecto Lourdes Medina Carrillo, coordinadora del área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal AC.
“Así llegamos a un escenario en el que más del 90 por ciento de las 800 factorías de cerdos que se estiman en Yucatán opera sin ningún tipo de permiso ambiental. En todos los casos, proyectos sin registro de consulta indígena previa, surgidos a partir de la destrucción de selvas consideradas como las segundas más importantes del continente después del Amazonas, sin permisos de cambios de uso de suelo, y con impactos subsecuentes como la contaminación del agua”, agrega.
Génesis del modelo: la irrupción de Kekén y las granjas de pollos
El despliegue del modelo de porcicultura intensiva en Yucatán viene siendo tan acelerado como incontenible. Comunidades y actores en el territorio señalan que la instalación de mega granjas se aceleró en los últimos 15 años, aunque existen dos eventos interrelacionados que permiten situar el inicio de la expansión en 2003. Ese año, y por incidencia del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, únicamente Yucatán y Sonora alcanzaron el status de zonas libres de Fiebre Porcina Clásica (FPC) y enfermedad de Aujeszky.
Dicho status abrió por completo la exportación de carne de cerdo a Estados Unidos y, por efecto de ese mismo cambio, activó los primeros acuerdos comerciales con Japón, Chile y Corea. La apertura de semejante negocio tuvo lugar a partir de la injerencia del segundo aspecto que explica buena parte del despegue de la producción industrial de cerdos en Yucatán: la empresa Kekén –“cerdo”, en lengua maya–, también conocida por su nombre financiero Grupo Porcícola Mexicano SA de CV, dueña absoluta de la explotación de carne porcina en el sureste mexicano.
Hasta 2003, Kekén concentraba su estructura de granjas en la zona del Bajío –integrada por áreas de los estados de Guanajuato, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Michoacán y Estado de México–. Precisamente El Bajío y su cuenca hídrica, se encuentra hoy entre las zonas más contaminadas de México por, entre otros factores, las descargas efectuadas por la ganadería intensiva de cerdos.
A partir de ese año, la obsesión económica de Kekén se centralizó en Yucatán por las exportaciones que incentivó el nuevo status sanitario derivado del TLCAN y las amplias facilidades que el estado garantizó a la compañía. Controles laxos o directamente inexistentes, permisos prescindidos, amplia disponibilidad de agua y ausencia de restricciones para instalar mega factorías en áreas selváticas o zonas protegidas, fueron algunos de los ítems que alentaron la expansión de la firma.
En su despliegue, Kekén trasladó a Yucatán un modelo que antes le garantizó amplias ganancias en El Bajío a un costo bajo de responsabilidad ambiental: la aparcería. Este sistema comprende la proliferación de mega granjas promovidas por terceros, quienes luego se ocupan de abastecer buena parte de los cerdos que el Grupo Porcícola Mexicano SA de CV procesa para su venta dentro y, mayormente, fuera de México. Por estos días, todas las instalaciones de grandes dimensiones que crían y engordan cerdos en Yucatán trabajan para Kekén.
La empresa reconoce 108 aparceros operativos en la Península de Yucatán y un total de 53 mega granjas propias. A esa estructura hay que añadirle tres plantas de almacenamiento de alimentos para el ganado y tres plantas procesadoras de carne. El negocio de Kekén integra, también, una cadena de tiendas que, bajo el nombre de “Maxi Carne”, se ocupa de comercializar, sobre todo en Yucatán, casi la totalidad de la carne de cerdo que la porcícola no exporta.
En el estado, los productos que ofrece la porcícola –concentrada en comercializar únicamente la raza de cerdo americano industrial– a través de “Maxi Carne” redujeron fuertemente el consumo de cerdo pelón, una variedad porcina que las poblaciones mayas criaban de forma tradicional en sus traspatios. En la actualidad, la presencia de esta especie criolla se traduce a muy pocos ejemplares y las factorías también son responsables directas de esa reducción debido a las continuas campañas publicitarias de desprestigio promovidas en el interior de Yucatán y mediante las cuales se instaló, sin argumentación científica alguna, que la raza porcina es una presunta fuente de enfermedades como la triquinosis.
Las mega factorías instalaron la idea de que los tradicionales cerdos pelones transmiten enfermedades. Foto: Robin Canul.
La exportación es el ítem que más le reporta ingresos a la compañía: según la información financiera de Kekén, casi el 55 por ciento de su producción cárnica se vende a Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. La empresa también llega a esos mercados con la marca comercial Kiniton. Dentro del país, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara concentran la demanda de los productos que ofrece la porcícola.
Kekén es propiedad del Grupo Kuo, un conglomerado industrial con empresas en sectores como el automotriz y la química, además de su división porcícola. En sus estados financieros, Grupo Kuo reconoce ingresos anuales por 53,816 millones de pesos mexicanos –más de 3,130 millones de dólares–. La división porcícola representa los mayores ingresos para el conglomerado con un 51 por ciento de participación.
Por el lado de las compañías de explotación avícola, los dos “pesos pesados” de la comercialización de carne y huevos son Bachoco y Crío. Originaria de Sonora, la primera desembarcó en Yucatán a principios de los 2000. Un detalle no menor está en que su arribo a la Península ocurrió previa compra de la división de pollos de Kekén, por lo que el diálogo entre ambas compañías es tan fluido como histórico. En sus estados financieros, Bachoco –bajo control accionario de la familia Robinson Bours– afirma que cerró 2023 con un ingreso financiero neto de 1,259.6 millones de pesos mexicanos –algo más de 73,5 millones de dólares. Sólo en el estado la empresa reconoce más de 90 granjas operativas entre medianas y grandes.
Crío, en cambio, es una empresa yucateca que opera desde principios de la década de los 60 y bajo propiedad de la familia Fernández. Con operaciones extendidas hacia Tabasco, Veracruz y Chiapas, la firma reconoce 13 mega granjas propias de crianza de pollos y producción de huevos, una planta procesadora de carne, otra de alimentos y al menos 14 centros de distribución.
Una diferencia relevante entre las compañías avícolas y la porcícola Kekén está en el público al que destinan sus respectivas producciones. Así, mientras que la empresa dedicada al negocio de los cerdos pone especial atención en la venta fuera de México, Bachoco y Crío concentran su interés comercial en el mercado interno. Combinadas, estas dos últimas compañías han colocado al estado en el cuarto lugar en cuanto a generación de carne de pollo en México y en el quinto en términos de producción de huevos, según los datos más recientes de la Asociación de Avicultores de Yucatán. Ligado a esto, Bachoco y Crío controlan el 60 por ciento del mercado mexicano de comercialización de pollos.
Mega granjas, maltrato animal y explotación laboral
El formato de mega factorías al que apelan las porcícolas implica instalaciones que pueden albergar más de 50,000 cerdos, como en el caso de las granjas operativas en Santa María Chi –500 habitantes– y Kinchil –algo más de 7,530–, dos comunidades mayas ubicadas a menos de una hora de Mérida, la capital de Yucatán, respectivamente. Otras factorías de envergadura funcionan en torno a los pueblos de Sitilpech y Chapab, ambas con alrededor de 48,000 cerdos, y Maxcanú, con más de 70,000 animales divididos en dos instalaciones.
Kekén y sus aparceras se distribuyen las fases de parición, crianza, engorde y aniquilamiento de los animales vía procesos que no escatiman violencia y maltrato. Un detalle relevante está en que toda la cadena de generación de carne está basada en una selección genética que la misma porcícola desarrolla en sus laboratorios en Xaya, a casi una hora de Mérida, la cual le permite uniformidad en las características de los ejemplares que luego crecen y son ultimados. Técnicos y extrabajadores de la compañía reconocen que, a excepción de muy pocos animales, todos los cerdos que se explotan de forma intensiva son hembras.
“En Kinchil las cerdas llevan a cabo unas 60,000 pariciones por semana. Una vez nacida, la cerda pasa apenas una semana y media con su madre. Al mes es reubicada en un área de semilleros y luego, en un período que nunca pasa las 16 semanas, se le traslada para su sacrificio en algún rastro de la misma Kekén. Por ejemplo, en la planta de Umán”, precisa un extrabajador de la firma.
Precisamente en Umán, una ciudad de la periferia de Mérida, la compañía ejecuta a más de 6,000 cerdos por día. Sin embargo, la labor más intensa ocurre en Sahé, otra población cercana a la capital de Yucatán, con un promedio de 12,000 matanzas diarias. Este proceso no escatima crueldad: en una primera instancia, los animales son colocados en jaulas y luego bajados a un foso donde resultan sometidos a un método llamado “aturdimiento”, que consiste en aplicar dióxido de carbono (CO2) hasta asfixiar a cada ejemplar. En agosto de 2021, la misma empresa dio cuenta de parte de este proceso en un recorrido virtual por su planta en Umán difundido a través de redes sociales como YouTube. (https://www.youtube.com/watch?v=MQlfdFv08Ew&t=1391s)
“Una vez pasados por CO2, los cerdos quedan inconscientes y son colgados de sus patas traseras a una cinta que los va trasladando. Ahí reciben el shock final con un punzón. Luego son derivados a un tanque donde cada cerdo es remojado en agua hirviendo con el objetivo de ablandar su pelaje. Lo que sigue es una depiladora y un área donde los cuerpos son sometidos a una máquina que aplica golpes a modo de latigazos para quitar aún más pelo. Por último, los cerdos pasan a una sección de flameado en el que, mediante un shock de llamas, se queman los últimos pelos que les podrían quedar”, explica un exoperario de Kekén.
El procedimiento no concluye ahí. “Los cerdos van a parar a un canal donde sus cuerpos son abiertos y se les quita la cabeza. Se les sacan los cascos, que son lavados con cuidado porque tienen alta demanda en Asia. La sangre, el pelo, las grasas, los cartílagos, todo se acumula en una planta de almacenamiento. Muchas veces eso es arrojado al monte. Todo lo que queda de los cerdos y no se puede procesar para su venta es molido y reutilizado para hacer, por ejemplo, alimento para perros”, agrega.
Los métodos que utilizan las mega granjas de cerdos, salvo contadas excepciones, se aplican bajo un esquema de secretismo que se ha extendido a todos los actores que intervienen en este tipo de ganadería intensiva en Yucatán. Respecto de esto, y por exponer un caso, los ingresos a la factoría de Kekén en Kinchil incluyen, para empleados y personas en general ligadas a la empresa, la prohibición de acceder con teléfonos celulares y mucho menos la difusión de las tareas que se llevan a cabo en la instalación. Para evitar cualquier tipo de monitoreo o vigilancia de sus actividades desde el exterior la firma incluso dispone de tecnología que inhibe el potencial vuelo de drones sobre las naves que albergan a los animales y el área de descarga de desechos.
Por el lado de las granjas de pollos, también rige un control acérrimo de los trabajadores y se impide el registro de lo que ocurre en cada empresa. Claro que no faltan testimonios respecto de los métodos que padecen las aves. “El pollo vive cuatro semanas, mientras que las gallinas que ponen huevos algo más de un año y cuatro meses. En cada caso reciben diez vacunas a lo largo de la crianza, para combatir enfermedades como la viruela o el gumboro. Se les ponen vacunas diluidas en el agua, en los ojos, en el cuello, las alas y el pecho. A los siete días de nacidos se les recorta el pico para que no se lastimen entre sí”, cuenta un ex operario de una planta de la firma Crío ubicada en el área de Tetiz y Samahil, a casi una hora de Mérida.
“Los pollos son decapitados al finalizar cuatro semanas de vida y tras alcanzar un peso promedio de algo más de 2,5 kilos. En las granjas de Samahil se decapitan más de 120,000 pollos diarios”, añade. Precisamente, en Samahil funcionan cuatro mega granjas avícolas propiedad de Crío y Bachoco que concentran a más de medio millón de pollos. El último dato poblacional disponible señala que esa comunidad maya está conformada por poco más de 5,000 habitantes. El promedio da cuenta de al menos 100 pollos por cada persona que vive en ese sitio.
“La jornada laboral en las granjas de pollos es de 12 horas de base tomando también en cuenta el transporte hasta el lugar. La única forma de ganar bien es que trabajes otras cuatro o cinco horas extras a diario. Es una esclavitud moderna. La empresa pone incentivos pero también te hace responsable si muere algún animalito. Pocas personas duran más de tres años en ese tipo de empresas. Prácticamente todos los trabajadores hemos padecido salmonella por trabajar en las granjas y respirar todo eso que generan los pollos”, cuentan exempleados de una instalación de gallinas ponedoras que funciona en Tetiz.
“El sistema de trabajo de las mega granjas es similar, no hay grandes diferencias entre cerdos y pollos en ese sentido. Es un sistema esclavo en el prácticamente vives en la granja y sólo vas a tu casa a dormir. Es granja, casa, televisión, dormir y volver a la granja. Las empresas tienen sus propios médicos por si tienes un tema de salud dentro de las instalaciones, pero el trabajador no tiene acceso a los resultados de los estudios que le hacen. Operan de una forma que viola los derechos humanos. Si tienes un accidente yendo a trabajar lo primero que hacen es medirte la sangre para ver si no estás alcoholizado o drogado, de forma tal que cualquier tratamiento corra por tu cuenta”, afirman.
Los salarios que abonan las avícolas y porcícolas oscilan entre los 6,500 y los 8,000 pesos mensuales, esto es, entre 390 y 480 dólares, respectivamente. Salvo casos puntuales, gran parte del personal contratado por estas empresas recibe un sueldo inferior al salario mínimo general establecido por el gobierno mexicano, que inició 2024 con un piso de 7,468 pesos mensuales –casi 449 dólares–.
Video https://youtu.be/wigvKBnswCs
Las mega granjas y el desastre ambiental
La disponibilidad de agua, territorio y mano de obra barata son aspectos clave para la evolución del negocio de las mega granjas en Yucatán. La expansión de estos complejos industriales inicia con el avance sobre áreas selváticas a partir de una deforestación que, además de la aniquilación general de los ecosistemas, impacta en actividades como la apicultura, uno de los principales sostenes económicos de las comunidades mayas de la región.
En marzo del año pasado, la SEMARNAT divulgó los resultados de una serie de monitoreos llevados a cabo en el estado con el fin de medir el impacto de las factorías particularmente de cerdos. Entre sus consideraciones, la dependencia expuso que el área cercana a Kinchil donde están emplazadas las instalaciones de Kekén presenta una pérdida de vegetación del orden del 77.8 por ciento en lo correspondiente a selva baja y un 17.8 por ciento de selva media.
“Cuando la empresa llegó a instalarse vimos cómo tristemente comenzó a tirar los árboles que nosotros tanto cuidábamos para nuestra actividad, la apicultura. Dejaron grandes extensiones de terreno arrasado. Fue muy triste. Talaron árboles de más de 100 años, que son los que más nos benefician cuando hay sequía. Empezaron arrasando con las zonas más altas”, recuerdan integrantes de una familia que, además de presenciar el desastre ambiental promovido por la firma, resultó despojada de 30 hectáreas de terrenos de su propiedad.
Campesinas y campesinos de Kinchil mantienen sendos litigios judiciales contra Kekén, acusada de usurpación de tierras. En la actualidad, la firma controla una superficie de 3,000 hectáreas de selva y cenotes pese a que la firma inicialmente sólo adquirió una fracción de 600. “De las 3,000 hectáreas hay 2,400 que son directamente un robo a distintas familias campesinas. Se apropiaron de por lo menos 20 ojos de agua y 8 cenotes. En nuestro caso, la empresa avanzó, desmontó y construyó una de sus instalaciones para cerdos directamente en el terreno que nos pertenece. De hecho, empezaron construyendo en nuestra tierra antes de hacerlo en los espacios que habían comprado. Hoy una de sus granjas sigue ahí, en la tierra que nos robaron”, aseguran.
Otro dato que impacta, y que revela el interés denodado de las porcícolas por asegurarse fuentes hídricas, radica en que gran parte de las mega factorías se distribuyen sobre uno de los principales sitios RAMSAR de Yucatán: el Anillo de Cenotes, un sistema de depresiones y pozos a cielo abierto y subterráneos que constituyen la principal reserva de agua dulce de la Península. “El status de RAMSAR implica que debe aplicarse una protección especial a las áreas, es una declaración internacional y fija que en esos sitios la vulneración del ecosistema sólo puede ocurrir de forma excepcional. El mismo diagnóstico de SEMARNAT del año pasado indicó que más del 70 por ciento de las mega granjas de cerdos operativas en Yucatán se ubican, justamente, en el Anillo de Cenotes”, señala Medina Carrillo, del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal AC.
SEMARNAT también menciona la eutrofización del agua, esto es, la descomposición de las reservas hídricas por efecto de algas que proliferan a partir de las concentraciones excesivas de nitrógeno y fósforo provenientes de las excretas de los cerdos, como otra consecuencia derivada del funcionamiento de las mega factorías. Además de una exacerbación de las enfermedades respiratorias por el exceso de amoníaco en el aire.
“Identificamos que las (mega) granjas realizan una dispersión de las excretas líquidas a través de sistemas de aspersores. Nos dimos a la tarea de evaluar la presencia de algunos iones y metales en los suelos de esas zonas. Identificamos altas concentraciones de amonio, nitratos y fosfatos en suelos y lodos de excretas semisólidas. Y también presencia de cobre, hierro y zinc”, detalló el panel de SEMARNAT que presentó el informe en 2023.
“¿A qué nos llevan estas conclusiones? A que hay uso de medicamentos para que los cerdos no tengan procesos diarreicos y crezcan, y tengan una mayor cantidad de masa. El amonio en los cuerpos de agua está relacionado con el mismo amonio y nitrato que encontramos en suelos y lodos. Los suelos están sobre fertilizados y se está ocasionando pérdida de calidad”, concluyó.
En las comunidades mayas el efecto de las mega granjas se transita como una certeza de desastre que pega en los cuerpos y aniquila los ecosistemas. “La afectación se empezó a sentir en los últimos diez años, cuando la granja pasó de pequeña a enorme. Hoy tiene casi 50 mil cerdos mientras que en la comunidad seremos unos 400 habitantes. Más de 100 cerditos por persona. De repente dejamos de poder tomar el agua, de usarla en general. Se contaminaron los pozos y se esparció el mal olor de un modo insoportable. En las épocas de lluvia los sumideros de la mega granja, todos al aire libre, rebosan afectando los caminos. Eso hace que tengamos más moscas y mosquitos”, comenta Wilberth Nahuat Puc, comisario de Santa María Chi. Se trata de una población en la periferia de Mérida que padece el funcionamiento de una factoría que, aparcera de Kekén, se levanta a sólo 15 metros de la primera casa de la comunidad.
“El año pasado la granja realizó la quema de las excretas de los cerdos y muchos vecinos se enfermaron a nivel respiratorio. Empezó como una faringitis aguda en varios vecinos, luego se pasó a bronquitis. El asma de los niños que sufren esa enfermedad empeoró, también la condición de las personas que antes habían sufrido Covid-19. Se presentó un documento ante la Secretaría de Salud (de Mérida), que increíblemente nos dijo que no estaba en su competencia atender nuestra situación. Luego mandaron a dos doctores que realmente no sabían a qué venían, sin medicamentos o alguna solución para los problemas de salud”, expresa el funcionario. En Santa María Chi, cuentan sus pobladores, la vegetación alrededor de la mega granja se seca. Y el agua contaminada perjudica la agricultura que se lleva a cabo bajo el modelo de la milpa.
Algo similar describen las vecinas y vecinos del pueblo de Sitilpech, a algo más de una hora de la capital de Yucatán y con una mega factoría operativa a menos de un kilómetro de las primeras viviendas de la comunidad. “Los olores a excremento empezaron a sentirse en el pueblo como a los 8 meses de inaugurada la granja, en 2017. Después de ese olor insoportable nos empezamos a dar cuenta que los árboles dejaron de dar buenos frutos, que éstos no crecen o se caen. En las hojas de las plantas comenzaron a hacerse manchas negras, una especie de tizne que se hace por los productos químicos que usan ahí”, detalla un habitante de la comunidad maya.
“El agua también empezó a salir de los pozos con una peste, un olor fuerte. Antes usábamos esa agua para todo, para cocinar, para beber, para el baño. Ahora ya ni a los animales se la podemos dar. Hoy a las gallinas les tenemos que dar agua purificada porque sino les da diarrea. En los cultivos, cuando regamos con esa agua, los rábanos van saliendo delgados y el cilantro muchas veces queda amarillo. Este siempre ha sido un pueblo tranquilo, donde se vivía muy bien hasta que inició esa granja. Con gente que tiene sus cítricos en el patio, que siembra maíz, calabaza, frijol, chile. Todo eso se ha afectado por el agua, los olores, eso que viene de la empresa”, comparte otro vecino.
En Kinchil, y ante la pasividad de las autoridades políticas frente al desastre que provoca la mega granja de Kekén cercana, las y los integrantes del Consejo Maya Chik’in-já efectuaron por su cuenta un monitoreo de agua a partir de muestras tomadas durante 2022 incluso en el mismo pueblo. El relevamiento también incluyó una medición de las reservas hídricas de Maxcanú, otro municipio de Yucatán con problemas graves de contaminación por la porcicultura. En ese caso, las pruebas fueron recolectadas por el colectivo de atención comunitaria U Yutzil Kaaj.
Los resultados del monitoreo, que se realizó con asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), fueron dados a conocer durante la primera mitad de marzo de 2023 y confirmaron el desastre: el 100 por ciento de las muestras dio positivo en presencia de coliformes fecales y contaminación con bacterias como la Escherichia coli.
“La presencia y volumen de coliformes en la mayoría de las muestras obtenidas indican contaminación fecal en los cenotes, ojos de agua y pozos de la zona de estudio. Estos resultados son consistentes con los Boletines Epidemiológicos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE, Secretaría de Salud) para el estado de Yucatán, en los que se muestra un aumento en los casos de enfermedades infecciosas intestinales en el estado entre los años 2012 y 2019”, indica el informe, donde además se exige “vigilar y actualizar los mecanismos de regulación para el establecimiento y operación de la agroindustria porcícola en los que se priorice la salud socioambiental del pueblo maya sobre los intereses económicos”.
Yameli Aguilar Duarte es doctora en geografía ambiental, titular de la Asociación Mexicana de Estudios sobre el Karst, y una de las expertas que mejor conoce los impactos de las mega granjas en el territorio, considerando que en la Península de Yucatán predominan los suelos permeables, repletos de depresiones y cavernas.
“Yucatán presenta una formación de rocas donde es muy común observar fósiles. El componente principal es el carbonato de calcio a partir de restos de, por ejemplo, animales marinos. Se trata de un tipo de formación que se denomina karst y entre sus características se encuentran redes de conductos cavernosos por donde el agua de lluvia puede filtrarse de manera directa. Si bien en la Península hay cuerpos de agua superficiales, la mayor parte va al subsuelo. Dada la naturaleza del karst, si el agua de la superficie está contaminada también lo estará el acuífero. No hay oportunidad de que el sistema de suelos y roca disuelva, retenga o transforme esa contaminación”, destaca.
“Los medicamentos, las hormonas que les dan a los cerdos, además de sus excretas, van a parar al agua. Y esa agua que utiliza la industria luego viaja al interior de las cuevas, de las cavernas, de los pozos. Se trata del agua común que emplea la naturaleza y las comunidades para su abastecimiento. Esta contaminación rompe con todos los equilibrios ecológicos, impacta en la fauna y la flora nativa, provoca pérdida de biodiversidad y hasta un exceso de materia orgánica. Se trata de un problema sumamente grave porque el acuífero de la Península, los pozos y cenotes, están interconectados”, explica.
La experta señala que el funcionamiento de las factorías de cerdos y pollos también trae ligado un riesgo epidemiológico intrínseco al modelo de producción cárnica intensiva. Relacionado con esto, a principios de junio trascendió la presunción de un fallecimiento ocurrido en México por el contagio de una persona con gripe aviar H5N2. Si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) rápidamente definió como “multifactorial” la causa del deceso, la expansión que muestra el sistema de mega granjas engendra los peores presagios.
“La agroindustria con su modelo de confinamiento de animales es un foco constante de posibles nuevas infecciones. El virus H1N1 (Influenza porcina), por ejemplo, se generó a partir de proyectos con esas características. En áreas de confinamiento donde se busca controlar la sanidad de los animales a través de medicamentos y se emplean hormonas para el crecimiento, las bacterias, los virus, los hongos, pueden mutar con velocidad y generar nuevas enfermedades o hacerse resistentes a los antibióticos”, alerta.
Aguilar Duarte sostiene que ese es un lado del problema de la ganadería industrial en Yucatán que aún no ha sido abordado con la preocupación que correspondería. “Se están violando procesos naturales a través de la alimentación industrializada que reciben los cerdos. Respetando su ciclo natural, un animal de esas características demora más tiempo en crecer comparado con los cerdos de las mega granjas, donde el proceso se reduce a tres o, máximo, cuatro meses. Con el uso de la alimentación procesada, las hormonas y los antibióticos, se ha sobrepasado el ritmo de la naturaleza. Ese es un peligro que puede traer consecuencias negativas para los ecosistemas y las personas como nuevas infecciones o superbacterias resistentes. Violar los ciclos naturales puede generar las peores consecuencias”, completa.
La comunidad Santa María Chi instaló un campamento de resistencia al accionar de una mega granja con más de 50,000 cerdos. Foto: Andrea Buenfil.
Cuando lo socioambiental también es político
El atentado sanitario que padecen las comunidades mayas de Yucatán, como también la afectación directa a sus prácticas económicas ancestrales y de soberanía alimentaria, exhibe un vínculo directo con decisiones políticas que van desde la omisión y el descrédito a las reiteradas denuncias elevadas por las poblaciones afectadas, hasta la utilización del aparato de seguridad y judicial del estado en acciones tendientes a desarticular cualquier forma de resistencia popular a la porcicultura y avicultura intensiva.
En ese sentido, la Gobernación muestra un alineamiento con las empresas que se ha hecho evidente incluso a partir del accionar violento de policías y grupos especiales de seguridad, desplegados en más de una oportunidad para asegurar desde la construcción de mega granjas hasta su funcionamiento. Las comunidades de Sitilpech y Kinchil, respectivamente, han sido víctimas contundentes del blindaje aplicado a Kekén y sus aparceras por parte del poder político de Yucatán. En el caso de la primera, la instalación por parte de las vecinas y los vecinos de un campamento para visibilizar el rechazo a la factoría de cerdos que perjudica la salud y el ambiente del pueblo dio pie a una represión inaudita perpetrada durante la madrugada del 18 de febrero del año pasado. En las primeras horas de esa jornada, al menos 150 integrantes de los cuerpos policiales del estado y agentes antimotines irrumpieron en el campamento de Sitilpech y, provistos de bastones y escudos, golpearon a todas las personas presentes, en su enorme mayoría mujeres y niños.
“Esa noche éramos sobre todo un grupo de mujeres, al menos unas 8 y muy pocos hombres. No más de cuatro. Ya en las horas previas al ataque empezamos a sentir un ambiente raro, el campamento se ubicaba a un lado del camino de ingreso a la mega granja. De pronto empezamos a ver que pasaban coches y luego se volvían, siempre eran los mismos. Luego se cortó por completo la señal de celular. No imaginábamos lo que se estaba tramando. En un momento viramos para ver a nuestras espaldas y teníamos una fila de policías estatales. Avanzaron ellos y los antimotines, furiosos, con sus escudos golpeando a todo el mundo. A una señora que estaba recostada, descansando, la tomaron de los pelos y luego le dieron un golpe con el escudo. Cayó desmayada. Todas empezamos a gritar, desesperadas, entre el susto y los golpes”, recuerda, entre lágrimas, una de las vecinas que fue víctima de la represión desatada por el estado de Yucatán.
“A una chica la golpearon en sus manos para quitarle el celular. A otro de nuestros compañeros le dieron directamente en la cabeza. Nuestro campamento era pacífico, nunca bloqueamos la granja, aunque se ubicaba en un terreno que es de la comunidad. Habíamos dispuestos voladores (pirotecnia) en un lugar determinado del campamento, al cuidado de una persona, para avisar al resto del pueblo si nos pasaba algo. Pues ese fue el primer sitio al que se dirigieron los antimotines, golpeando al señor que estaba con los voladores. Los policías sabían todo. Luego nos enteramos que hasta habían desviado el tránsito varios kilómetros antes y después de Sitilpech sólo para que quedáramos aisladas con los antimotines. Un compañero que logró escaparse de ese primer ataque fue atrapado y golpeado por policías que estaban escondidos en el monte. Y le gritaban ‘¡dinos quién manda aquí!, ¡dinos quién manda aquí!’ Destruyeron el campamento por completo, no les interesaron las personas heridas, la señora que quedó en el piso, desmayada. Y todo lo hicieron para meter en la granja dos camiones de alimentos para los cerdos”, agrega.
No satisfecha con la represión y la golpiza a mansalva aplicada a las y los habitantes de Sitilpech, la Gobernación de Yucatán completó su avanzada contra la comunidad maya activando un proceso judicial en marzo de 2023 contra ocho vecinas y vecinos, en concreto las personas que hasta ese momento habían expuesto con mayor énfasis su oposición a la mega granja en los medios de comunicación regionales. Esto derivó en un juicio por el presunto bloqueo a una carretera que se presume estatal. Los representantes legales del estado llegaron a pedir prisión preventiva para las personas acusadas y una condena efectiva de hasta 5 años. Finalmente, el proceso judicial derivó en una sentencia de un año y medio de restricciones y control domiciliario para las y los acusados.
“Las personas de la comunidad que fueron judicializadas no pueden salir del estado, tienen que permanecer en sus domicilios y no pueden participar en ninguna movilización o acto hecho en oposición a la granja. Tampoco pueden estar cerca de la factoría. Si eso ocurre, los jueces establecieron que se reactivaría la pena de 5 años de prisión efectiva. De esa forma, el estado sacó de la jugada a los líderes y las lideresas que en ese momento más expusieron la contaminación. Y sólo por estar luchando por una vida digna, por agua sana, por seguir teniendo una vida pacífica”, cuenta un integrante de M’uul t’aan, el colectivo que hoy encarna la resistencia contra la mega factoría en Sitilpech.
Por el lado de Kinchil, la usurpación de 30 hectáreas concretada por Kekén para la construcción de su mega granja, con perjuicio directo para familia dueña del terreno –denominado Cantukun–, ocurrió con la intervención del Grupo de Reacción Organizada Contra Asaltos (ROCA), un cuerpo de élite de la policía de Yucatán entrenado por el SWAT estadounidense, los comandos de la unidad israelí Sayeret Matkal y las unidades especiales GIPN y RAID de la policía francesa. “En junio de 2013, Kekén trajo a la Fiscalía General del Estado, al grupo ROCA, que es la unidad táctica más especializada de, precisamente, la fiscalía. Entraron cortando los alambres para la empresa, no les importó que estaba la familia dueña de la tierra, sus mujeres y sus hijos. La porcícola nunca se posicionó de manera pacífica sobre el terreno en el que instaló la granja. Todo lo hizo de manera turbia. Ese accionar de la fiscalía y el grupo ROCA fue denunciado ante las comisiones estatal y nacional de derechos humanos (de México)”, comenta uno de los damnificados por el despojo de tierras.
“La policía entró con los trabajadores. Estábamos con mis hijos, mi suegra. Vimos como abrieron los alambres con las tijeras, como tiraron los árboles que nosotros cuidábamos para la apicultura. Fue muy triste verlo. La policía con sus armas amenazantes jamás pensó en que estábamos con menores de edad. Querían hacernos sentir todo su poder, que sintiéramos miedo. Alguien de ellos dijo‘A quienes no aparezcan o no estén presentes aquí los vamos a cazar como venados’.Nuestros hijos luego fueron perseguidos en Kinchil por personal de la empresa. Nosotros les dijimos a nuestros vecinos que había que unirnos, que la mega granja nos iba a afectar a todos. Dijeron que no, que a nosotros la empresa nos había pagado por el terreno. Luego llegó la contaminación, los cítricos dañados, las flores llenas de moscas, el color del agua se hizo amarillo, empezó el olor raro y los animales se alejaban, no querían beber. Ahí nuestros vecinos se dieron cuenta que teníamos razón”, agrega otra persona afectada.
En Santa María Chi, y tras la decisión de las y los vecinos de instalar en mayo de 2023 un campamento en rechazo al funcionamiento de la mega porcícola, los propietarios de las firmas aparceras de Kekén –Grupo Porcícola San Gerardo y su asociada Chumoxil, dueñas de la instalación– iniciaron dos demandas judiciales contra Wilberth Nahuat Puc, el comisario del pueblo y uno de los rostros socialmente más visibles de la resistencia popular en esa comunidad maya. En concreto, acusaron al funcionario de presunta privación ilegítima de la libertad y secuestro, sólo por estar a la cabeza de un puesto vecinal situado a varios metros del acceso a la factoría de cerdos y que en ningún momento entorpeció o bloqueó el ingreso del personal o las operaciones de la empresa. A Nahuat Puc incluso se le impuso, por varios meses, una restricción de distancia de 300 metros siendo que, dada la breve superficie geográfica de Santa María Chi, la casa del comisario y su familia se ubica a poco más de 45 metros de los terrenos de San Gerardo y Chumoxil.
La fortaleza de las resistencias
Ninguna de las acciones emprendidas por los aparatos políticos, judiciales y policiales de Yucatán ha logrado menguar las resistencias a las mega granjas de cerdos y pollos. El resultado de los métodos de amedrentamiento, persecución y represión no ha sido más que un acrecentamiento de la defensa del territorio por parte de los pueblos y un incremento en los procesos legales orientados a detener las factorías.
En ese sentido, y por citar un primer caso, la persecución a Nahuat Puc, combinada con acciones cuasi mafiosas efectuadas por las compañías dueñas de la mega granja de Santa María Chi –por ejemplo, el seguimiento a vecinas y vecinos a través de las calles del pueblo en horas de la noche y grabarles en video forzada e ilegalmente– redundó en la consolidación de un rechazo absoluto a la instalación porcícola.
A fines de septiembre de 2023, y tras la presentación de una demanda de amparo ante organismos y dependencias federales y del estado de Yucatán, funcionarios judiciales establecieron una suspensión provisional al funcionamiento de la mega granja en tanto se comprobó que el establecimiento operaba sin ningún tipo de aval ambiental. La medida fijó que los operadores de la factoría no pueden ingresar cerdos para su engorde a dichas instalaciones por tiempo indeterminado. La suspensión aplicada continuaba vigente en momentos en que se escribía este artículo.
La defensa judicial de la comunidad de Santa María Chi, que presentó el amparo con base en la defensa de las y los niños y adolescentes de ese pueblo maya, apunta a conseguir la clausura definitiva de la mega granja en el transcurso de este año.
Otra muestra de lucha exitosa en contra de los intereses de la industria porcícola corresponde al pueblo maya de Homún, ubicado al sur de Mérida, en donde las autoridades judiciales también intervinieron quitando los permisos de impacto ambiental otorgados a PAPO (Producción Alimentaria Porcícola, S.A. de C.V.), una de las tantas proveedoras de Kekén en el estado. En ese territorio la empresa busca activar una mega factoría con hasta 49,000 cerdos, en una iniciativa que acumula más de siete años de resistencia encarnada por las y los pobladores de esa comunidad.
A mediados de febrero de este año, el Juzgado Segundo de Distrito de Yucatán finalmente se pronunció en sintonía con los pedidos de justicia ambiental sostenidos por las y los habitantes de Homún y estableció una medida que coloca al proyecto porcícola al borde de la clausura definitiva. La decisión en favor de la comunidad recibió otro respaldo en abril con una sentencia que dejó sin efecto las concesiones y avales de uso y descarga de agua residual otorgados a la compañía por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) de México.
Por el lado de las granjas de pollos, en noviembre de 2023, tribunales del estado ordenaron la suspensión temporal del proyecto Akutzá de la empresa Bachoco, ubicado en inmediaciones del municipio de Peto y muy cerca de la línea que separa a Yucatán del estado vecino de Quintana Roo. La medida surgió a partir de un pedido de amparo elevado por personas del municipio con asesoramiento de la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC).
No es la única acción judicial contra Akutzá: existe otra impulsada por los pobladores de los ejidos de Bulukax, La Presumida, Kantemó, Dziuché y Santa Gertrudis, todos cercanos a Peto y vecinos a la laguna Chichankanab, la segunda más grande de Quintana Roo luego de Bacalar y con status de sitio RAMSAR desde el 2004, que intenta prevenir la grave contaminación que originaría la instalación avícola.
Desde ProDESC, que también acompaña la resistencia que fluye desde el estado vecino a Yucatán, Eduardo Villarreal, coordinador del área de Análisis e Incidencia de la organización, afirma que “el proceso judicial que se le sigue a Akutzá es el único litigio contra una mega granja de pollos en la región”, además de señalar que la decisión judicial del año pasado “llega tras un proceso que se inició en 2022, luego de que las y los compañeros de la comunidad maya de Dziuché se enteraran de la decisión de Bachoco de construir su mega granja en Peto”.
“Empezamos a investigar el tema y vimos que a la empresa ya se le habían dado todos los permisos y autorizaciones, y que en 2022 incluso comenzó la construcción. Hasta el gobernador (Mauricio Vila Dosal) de Yucatán dio el banderazo en su momento. Iniciamos el acompañamiento judicial a cinco ejidos de Quintana Roo por la posible contaminación que pudiera sufrir la laguna de Chichankanab, sus afluentes y los acuíferos de la región. Hay cenotes y pozos que podrían contaminarse a partir de esta granja. El proceso judicial se está desarrollando. En el caso de Peto, se trata de la comunidad que sufre la afectación directa porque la mega granja se está instalando en su territorio”, comenta.
“El amparo que se presentó por lo que ocurre en Peto refiere a que no se cumplió con la consulta a la comunidad ni se dio el consentimiento libre e informado para la instalación de esa granja. Bachoco se instala sin el aval de la comunidad. Y también recurriendo a tácticas como, por ejemplo, meter sus pollos en plena construcción para eludir la orden de suspensión de obras que emitió la justicia en noviembre”, agrega. El proyecto de la avícola en Peto comprende una superficie de casi 300 hectáreas y se da por descontado que, de funcionar sin contratiempos, los desperdicios que origine la mega granja afectarán el aire, el suelo y las reservas hídricas de toda la zona.
“El manejo de residuos es algo que no está para nada claro en la manifestación de impacto ambiental que se le aprobó a Bachoco. Pero sabemos que lo que generan los pollos es depositado al aire libre o directamente enterrado. Al ser un suelo permeable (karst), la contaminación llegará a las comunidades cercanas y a la misma laguna de Chichankanab. Según lo que hemos visto en otras granjas, la contaminación del agua y el aire que generan instalaciones de ese tipo comienza a hacerse perceptible al año de funcionamiento. Por su parte, Bachoco niega que las comunidades tengan derecho a reclamar por la posible contaminación del ambiente, a ser consultadas, a otorgar o no su consentimiento. Eso no existe para la empresa. Mientras tanto, el proceso judicial continúa”, remarca Villarreal.
A los ojos de ProDESC, el proyecto Akutzá de Bachoco es el anticipo de una inminente oleada de mega granjas avícolas que estudian instalarse en Yucatán y Quintana Roo aprovechando la disponibilidad de territorios por deforestar, la laxitud de las autoridades para contrarrestar la precarización laboral en la Península, y la disponibilidad de fuentes de agua que, en cambio, ya escasean en buena parte del mapa mexicano restante. “Dentro de la investigación que hicimos para ver cuáles eran los planes de desarrollo de Bachoco, encontramos que en unos de sus informes a accionistas la empresa señala que va a migrar al sureste del país con la instalación de nuevas granjas. Pensamos que Akutzá es la punta de lanza y posiblemente ya estén buscando más sitios en la región para hacer sus instalaciones”, concluye Villarreal.
Porcícolas y avícolas se expanden en Yucatán a partir de una combinación de variables políticas y económicas que, sin pausa sobre todo en las últimas décadas, alientan el extractivismo social y ambiental en uno de los últimos territorios del país donde la biodiversidad aún dice presente en más de una forma. Sólo la resistencia comunitaria maya se opone a un esquema de explotación de la selva y el agua que, a ritmo avasallador, busca apropiarse de todos los recursos disponibles con el fin de afianzar una actividad industrial que en el pasado reciente provocó desastres en el centro de México. Y que, en la actualidad, ya mantiene en jaque la supervivencia de pueblos y ecosistemas en Yucatán. Como tantas veces a lo largo de la historia, la lucha indígena se erige como el último bastión para la continuidad de formas de vida naturales y sociales que hoy peligran por efecto del negocio de las mega granjas.
Esta investigación se llevó a cabo gracias al apoyo del Fondo para Informes sobre Animales y Biodiversidad de Brighter Green (www.brightergreen.org).