Corte de EU suspende “Quédate en México”, el plan antimigrante de Trump
Mathieu Tourliere/ PROCESO
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una corte federal de apelaciones de Estados Unidos suspendió temporalmente el controvertido Protocolo de Protección a Migrantes –plan mejor conocido como “Quédate en México”–, bajo el cual los gobiernos de Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador operaron la devolución a México de más de 65 mil solicitantes de asilo extranjeros.
La Corte Federal de San Francisco determinó que “Quédate en México” es arbitrario, carece de protección efectiva hacia los solicitantes de asilo y constituye violaciones al principio de no-devolución, como decenas de organizaciones estadunidenses, mexicanas y extranjeras lo han denunciado desde su entrada en vigor, en enero de 2019.
Tras saludar la decisión de la justicia estadunidense y advertir que el gobierno de Trump probablemente apelará la sentencia, la organización Instituto de las Mujeres en la Migración (Imumi) recordó que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió revisar la participación del gobierno mexicano en la implementación del programa.
La Oficina de Washington para América Latina (WOLA) –que acompañó el juicio– también celebró el anuncio y estimó que “las cortes han suspendido una política cruel que ponía en riesgo a los solicitantes de asilo y saboteaba el debido proceso”.
El Grupo de Trabajo sobre América Latina (LAWG), por su parte, aplaudió la decisión de la justicia y recordó que existen más de mil informes que evidencian “violaciones, secuestros y otros ataques violentos contra personas devueltas a México bajo el programa “Quédate en México”.
El Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) es una pieza clave en el plan que la administración de Trump aplica en toda la región para reducir la figura del asilo en Estados Unidos, y consiste en devolver solicitantes de asilo a los países de la región –México, Guatemala, El Salvador y Honduras– mediante acuerdos firmados con sus gobiernos.
Este plan, que organizaciones defensoras de derechos humanos, como Amnistía Internacional, tachan de ilegal, fue negociado y aceptado durante el periodo de transición por el equipo del ahora canciller Marcelo Ebrard Casaubón, encabezado por el empresario Javier Joaquín López Casarín.