Frente de Pueblos responsabiliza a AMLO del asesinato del activista Samir Flores
Gabriela Hernández / Proceso
PUEBLA, Pue. (apro).– El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDT) responsabilizó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador del asesinato del activista Samir Flores Soberanes, opositor al Proyecto Integral Morelos, ocurrido la madrugada de este miércoles en la localidad de Amilcingo, municipio de Temoac, Morelos.
Además de exigir justicia por la muerte del activista de origen náhuatl, el Frente reclamó la suspensión de la consulta ciudadana que pretende realizar el gobierno federal los días 23 y 24 de febrero en la entidad de Morelos, así como en 15 municipios de Puebla y nueve de Tlaxcala.
“Responsabilizamos al gobierno federal de este asesinato, pues Samir no tenía más enemigos que la gente vendida que ha estado históricamente apoyada por el gobierno y la CFE (Comisión Federal de Electricidad) en Amilcingo. Este fue un crimen político por la defensa de los derechos humanos que Samir y el FPDT lleva contra el Proyecto Integral Morelos y por la autonomía y autodeterminación de los pueblos”, acusa la organización en un comunicado.
El FPDT refiere que el martes, Samir y otros activistas de Amilcingo asistieron al foro informativo realizado por el delegado del gobierno federal en Morelos, Hugo Erik Flores, en la localidad de Jonacatepec, donde cuestionaron al funcionario sobre las “mentiras” que daba a la población acerca de la termoeléctrica en Huexca y el Proyecto Integral Morelos.
“Desde el 11 de febrero, el FPDT advirtió en una carta pública dirigida a López Obrador que sus declaraciones en apoyo a la termoeléctrica y el discurso de descalificación y odio que realizó en Cuautla a los defensores de la tierra y el agua, al anunciar la consulta pública sobre el PIM, podría generar mayor violencia y lo invitamos a que reconsiderara su posición”, recuerda la organización.
“Hoy están los resultados de los oídos sordos de Obrador, hoy acaban de asesinar a nuestro compañero y amigo, a nuestro ejemplo de lucha en Amilcingo y toda la región”, agrega.
El Frente asegura que el asesinato de Flores Soberanes es resultado de la negativa del gobierno de López Obrador y de las administraciones que le antecedieron de resolver el conflicto que genera el PIM por la vía del diálogo y por su insistencia en imponerlo por la vía de la fuerza.
“De la justicia que no llega para los pueblos originarios afectados, de las sentencias y recomendaciones de la CNDH que llegan tarde y no se cumplen, al contrario, se vuelven a violar”, señala la organización.
Exigen protección
El Frente de Pueblos recordó que Flores Soberanes fue fundador de la Radio Comunitaria de Amiltzinko y uno de los principales impulsores de la organización contra el Proyecto Integral Morelos.
“Actualmente formaba parte del Comité de Padres de Familia de la escuela del centro de Amilcingo, la cual se encuentra en resistencia desde hace 16 meses por el conflicto generado por el grupo de choque liderado por Humberto Sandoval, líder de la Central Campesina Cardenista en Morelos”, refiere.
“Samir fue amenazado en varias ocasiones desde el año 2012, así como difamado e incluso señalado en volantes y memes por internet, todos signos de desprestigio y criminalización de los defensores de derechos humanos y comunicadores populares”, agrega.
“Hoy el Proyecto Integral Morelos cobró la vida de nuestro compañero; ayer vimos con indignación y coraje como con la fuerza pública y el ejército enterraron los tubos de este proyecto de muerte en Amilcingo y hoy enterramos a nuestro compañero en el contexto de una consulta ilegal, ilegítima e inequitativa que, en lugar de resolver un conflicto que por años ha existido, lo ha acrecentado por no tomar en cuenta a las comunidades afectadas, por no escucharnos”, sostiene.
La organización reclama que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso y se garantice la protección de todos los miembros y pueblos que integran el FPDT, la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, el Campamento Zapatista de Apatlaco y todos los opositores al PIM, a los que el presidente López Obrador llamó “radicales ultraconservadores”.