Minería fuera de Oaxaca, exigen en juicio popular
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Octavio Vélez,
Una mujer camina entre aguas contaminadas liberada por la mina de Fortuna Silver en Magdalena Ocotlán.
Autoridades municipales y agrarias, comunidades, colectivos y organizaciones presentaron ayer una demanda general en el Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca, para reclamar a los gobiernos federal y estatal, así como a organismos internacionales, la emisión de una declaratoria estatal de prohibición de esta actividad, la cancelación de concesiones existentes y la suspensión de la explotación en dos yacimientos de los Valles Centrales.
En representación de la Oficialía Popular, Rosalinda Dionisio Sánchez, víctima de un ataque con armas de fuego por su activismo en contra de la mina La Trinidad, propiedad de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, pidió a las autoridades federales y estatales que la declaratoria sea para vetar cualquier proyecto minero en todo el territorio, es decir, “Oaxaca prohibido para la minería”.
Además, requirió a la Secretaría de Economía (SE) revocar las 322 concesiones otorgadas y desautorizar los 41 proyectos mineros vigentes a la fecha.
También, exigió la detención de la producción en las minas La Trinidad y El Águila, localizadas en San José del Progreso y San Pedro Totolapan, pertenecientes a las compañías canadiense y estadunidense, Fortuna Silver Mines y Gold Resource Corp, por la contaminación generada.
Para esto, llamó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a constituirse en esas dos municipalidades y establecer medidas de compensación y reparación del daño al medio ambiente y al agua.
Catorce denuncias
Durante la primera sesión del Juicio Popular Comunitario contra el Estado y las Empresas Mineras en Oaxaca, que se desarrolla en la Casa de la Iglesia Oaxaqueña, autoridades municipales y agrarias, comunidades, colectivos y organizaciones de las regiones de los Valles Centrales, sierras Norte y Sur, Istmo de Tehuantepec, Mixteca y Cañada, presentaron 14 denuncias.
Entre estos, el caso de Magdalena Ocotlán, que sufre la contaminación de su río El Coyote, por el derrame de la presa de jales de la mina La Trinidad, propiedad de la compañía canadiense Fortuna Silver Mines.
Expertos mexicanos e internacionales
En el jurado, participan los indígenas mixteco e ikoot, Francisco López Bárcenas y Beatriz Gutiérrez Luis, la colombiana Jakeline Romero Epiayú, el salvadoreño Ignacio Enríquez, la ecuatoriana Blanca Chancosa Sánchez, el brasileño Daniel Cerqueira y la mexicana, Carmen Herrera García, quienes son activistas, defensores de derechos humanos y el medio ambiente, así como abogados y académicos.
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