Tortura, práctica casi cotidiana de policías en Oaxaca
Noticias.
Ivonne Mateo,
Nelson fue víctima de tortura en enero del 2015. Policías estatales lo golpearon, amenazaron de muerte y asfixiaron con una bolsa de plástico colocada en la cabeza.
Eran las 11:30 horas, Nelson se dirigía a comprar cocaína en inmediaciones de Santiago Matatlán, Tlacolula, cuando fue interceptado por cuatro elementos de seguridad pública vestidos de civil.
Trato degradante a la ciudadanía
Los sujetos le exigieron que confesara quién le vendería la droga y, ante su silencio, Nelson recibió la primera patada en la entrepierna.
Fue detenido y subido a un vehículo; los policías le taparon el rostro con una bolsa de plástico y al resistirse e intentar hablar recibió golpes en las costillas.
Tortura, preocupación mundial
La Asamblea General de las Naciones Unidas define la tortura como todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión.
La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes explica que dichos dolores o sufrimientos, para considerarse tortura, deben ser infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas o a instancia suya.
Oaxaca, abuso y omisión
Oaxaca, hace 15 años estuvo en la mira de todo el mundo. Amnistía Internacional (AI) recomendó el 26 de agosto del 2003 al entonces gobernador José Murat Casab la creación de una fiscalía especial para atender los casos de tortura, intimidaciones y amenazas contra defensores de derechos humanos.
Apenas el 26 de diciembre del 2017 el Congreso del Estado ordenó a la Fiscalía General del Estado crear y operar una Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura. El plazo fue de 90 días.
A la fecha, las autoridades correspondientes siguen siendo omisas.
“Nadie va a reclamar a un vicioso como tú”
Nelson volvió a ver la luz sentado en un cuarto blanco, allí dos hombres le exigieron firmar un documento, él no accedió, hecho que le costó múltiples golpes y patadas entre las piernas, que aminoraron con el jadear de sus torturadores.
“Este indio terco no va a firmar, aunque se lo cargue la chingada”, se escuchó.
Nelson lloraba. Su cabeza fue cubierta nuevamente con una bolsa de plástico, mientras sintió cómo le torcía el brazo por la espalda.
¿Vas a firmar o le seguimos?, le cuestionaron. La víctima se negó.
Nelson fue asfixiado dos veces más mientras recibía amenazas de muerte.
“Te vamos a tirar en la carretera, nadie va a reclamar a un vicioso como tú”, le sentenciaron.
Ante su negativa de firmar, los policías le dijeron que lo llevarían al ministerio público, pues “total, ya iba bien cargadito y no iba a salir”.
Policías, “no hay de otra”
Desde el periodo 2012-2013 que se emitió el primer informe de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, la Secretaría de Seguridad Pública se ha ubicado entre las cinco autoridades con mayor cantidad de quejas ciudadanas por vulnerar los derechos fundamentales de los oaxaqueños
En 2017 la dependencia cerró con 242 quejas de violaciones a derechos humanos de los ciudadanos.
La Convención explica que no se considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas. Y ello es algo que consideran los elementos de seguridad pública.
“Uno no persigue ese objetivo, usar la violencia, pero a veces no hay de otra. El delincuente nunca te va a decir que cometió un delito ni con quién ni cómo por voluntad propia”, señala Fernando, un elemento con 5 años de servicio.
Los argumentos de sus compañeros no son diferentes.
“No se busca torturar, son las formas que tenemos para que alguien confiese. Y te puedo asegurar que todas las personas investigadas esconden algo, y las personas que se niegan a hablar al final confiesan y se dicen culpables. No es algo que nos enorgullezca pero de otra forma no se podría hacer el trabajo”, abunda Oscar, un elemento de la policía estatal.
En 2017 seis policías fueron requeridos por la DDHPO para otorgar una disculpa pública a los quejosos, a quienes violentaron sus derechos de integridad personal por cometer contra ellos actos de tortura, uso desproporcionado de la fuerza y abuso de autoridad.
Prolifera la tortura en el mundo
En 2015, Amnistía Internacional realizó un estudio sobre el alcance global de la tortura e informó de casos de tortura y otros malos tratos registrados en 122 países de todas las regiones del mundo. Y determinó que la tortura está proliferando.
“No hay ningún lugar donde las personas estén totalmente a salvo del riesgo de sufrir tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ya sea directamente, a manos de funcionarios, o por complicidad, inacción o deficiencias oficiales”, refiere el organismo.
En concreto, explica que la lucha contra la tortura corresponde sobre todo a abogados, jueces, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, legisladores, medios de comunicación.
“Si dejamos pasivamente que nuestros gobiernos empleen métodos de tortura y priven de la dignidad y la humanidad a otros seres humanos, estaremos abocados a perder parte de nuestra propia humanidad” exhorta a la reflexión.
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