Granadas #130: o cómo Banorte ejecuta desalojos en Tepito

Eliana Gilet
Ernesto Alvarez

Algo más tenía que haber detrás de un operativo de esas dimensiones. A las siete de la mañana, el corredor central de la vecindad se llenó de granaderos como si estuviesen buscando la guarida del Chapo Guzmán. Los 500 efectivos de la guardia de choque estuvieron a cargo del propio secretario de seguridad de la Ciudad de México: Hiram Almeida Estrada.

Casi diez días después, cuando este operativo se sume a una larga lista de otros realizados en menos de dos meses en el centro histórico de la ciudad, los desalojados entregarán durante una protesta en las puertas de la Secretaría de Seguridad Pública un reconocimiento a Almeida como “represor del año: por su esfuerzo, constancia, entrega para garantizar que en la Ciudad de México se anulen los derechos humanos fundamentales de todo habitante”. El reconocimiento fue recibido en la mesa de entrada y tiene el sello correspondiente.

Pero en la mañana del jueves 11 de junio no hay todavía lugar para esto. Los antimotines con sus chalecos y sus escudos ocupan en dos filas todo el espacio del corredor central e impiden la salida y entrada de la gente. La orden es precisa: desalojar el apartamento de Daniel, que tiene una deuda con el banco Banorte.

El edificio de Granadas #130 se construyó en 1995 como un complejo de 100 viviendas de interés social promovidas por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI). Como en su momento el organismo gubernamental argumentó no tener recursos para ofrecer a los vecinos que pedían de su crédito, éste fue privatizado: el dinero lo prestó Bancrecer. Este banco se fundió en el año 2001 y fue adquirido por Banorte, que pagó 1650 millones de pesos por el 100 por ciento de las acciones.

“Nosotros nunca firmamos nada con Banorte, simplemente un día empezaron a llegar los estados de cuenta a nombre de este banco y también empezaron a subir las mensualidades. No todos pagábamos lo mismo, pero sí hubo una subida drástica: de 900 pesos que pagábamos nosotros, pasamos a pagar 1500. Eso fue hace 10 años. Como las mensualidad subieron tan rápido, muchos dejamos de pagar.”

Pilar es una de las vecinas que lleva en el edificio casi tanto como fue construído, pero ella no contrajo el crédito original con Bancrecer, sino que compró su apartamento directamente con la dueña primera. No hicieron la transacción por medio de notario y este es un punto importante, sobre el que volveremos más adelante.

Pilar también presenció el operativo policial del 11 de junio, porque su puerta da justo en frente al departamento que los granaderos venían a vaciar: “Nos gritaban que nos metiéramos, que no nos importaba lo que estaba pasando y otras groserías. Casi todas éramos mujeres las que estábamos ese día. Entonces arrojaron una granada de gas lacrimógeno en el pasillo: una parte de los policías subió las escaleras hacia la gente de los departamentos de arriba que se había asomado a mirar. La otra parte entró en el departamento y lo destrozó.”

Mientras conversa sentada en el living de su casa se acerca la madre de Daniel, el joven desalojado: “de adentro de la casa se llevaron al corralón una moto que estaba estacionado porque dijeron que no tenía placas, pero no estaba en circulación, no tenían por qué llevársela.”

El desalojo se tornó más violento cuando dos agentes dispararon en el lugar y un tercero usó su resortera contra los vecinos. Esto motivo un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública admitiendo el uso de armas de fuego en el desalojo de Granadas #130. También una denuncia por parte de los vecinos contra el accionar policial que se radicó en la Agencia del Ministerio Público n° 51, en Cuauhtémoc.

“Debería haber llegado un aviso tiempo antes que te avisa que debes desocupar la casa, o un aviso del juicio, pero acá no llegó nada. Rompieron la puerta, la reja y entraron rápido. No dejaron inventario de lo que se llevaron, pero destrozaron el departamento.”

No les importó a los granaderos que Daniel tuviese un amparo total que había ganado judicialmente para evitar eso que estaba sucediendo. Procedieron con los cargadores y dejaron sus pertenencias regadas sobre la vereda.

ANTECEDENTES. Cuatro o cinco años antes, recuerda Pilar, llegó un aviso de Banorte a los vecinos que ofrecía negociar las deudas a quienes pagaran al contado. “De los cien apartamentos, en ese momento sólo fuimos 4 personas. Habíamos enviado escritos al INVI para que nos apoyara pero respondieron que como ya estábamos con un banco privado, ellos no podían intervenir porque no compran deuda. Pero es una deuda que se generó porque ellos mismos nos derivaron con un financiamiento privado.”

Pilar fue una de las que negoció en ese momento. Además de haber pagado $900 pesos cada mes durante diez años, su familia tuvo que desembolsar 45 mil pesos al contado. En total, terminaron pagando casi 150 mil pesos por un apartamento que costaba 81mil.

La inflación de precios ha sido la constante a quienes ya han negociado con Banorte. Dos años atrás, hubo un intento de desalojo similar al de junio, pero de una mujer mayor que vive sola, Lupita. Los vecinos se resistieron en ese momento y lograron evitar su expulsión.

“Cuando el hijo de Doña Lupita fue a negociar a Banorte le dijeron que ya no había posibilidad de pagar al contado como nos habían ofrecido a nosotros dos años antes. A Lupita, Banorte le cobró 130 mil pesos, además de lo que ya había pagado en las cuotas.”

En estas épocas es que aparece una licenciada, Esther Villegas. Villegas llegaba a la vecindad con una lista de apartamentos endeudados ofreciendo solucionar la cosa por 60 mil pesos al contado. Nadie le hizo caso. La gente aprendió a desconfiar de los trajeados que caían con sus casas en listas de deudores. “Nadie entró a negociar con ella. Venía seguido, una vez por semana, hasta que dejó de venir. Volvió al año, pero el ofrecimiento había subido de 60 mil a 130 mil pesos. Cuando al tiempo volvió con otra abogada, ya pedían 250 mil pesos por negociar y acabar la deuda con el banco.”

Villegas aparece como la intermediadora entre el Tribunal Superior que mandata las órdenes de desalojo, Banorte y los vecinos. Es una recuperadora de deudas. Con ella derivó el banco a Doña Lupita cuando quisieron desalojarla dos años atrás.

NEGOCIACIONES. Es de esa lista vieja que Villegas le trajo hace 4 años que Mario, otro de los vecinos, se agarra para calcular la cantidad de apartamentos que están en peligro porque el banco se niega a darle información precisa de a quiénes y cuándo les caerán los desalojos.

Hace 4 años, eran 35 los apartamentos en la mira del prestamista. Durante ese plazo, Mario sabe y ha participado de la negociación de diez apartamentos. Durante la última semana y tras el desalojo, Banorte abrió la negociación con otros dos apartamentos más. Según estima entonces, hay 23 apartamentos que están en conflicto judicial y que ya han sido adjudicados: son propiedad del banco, parte de los “inmuebles Banorte”.

Roberto Sandoval, contador de la Cartera Externa y Raymundo Hernández, por Créditos son los negociadores de la entidad financiera, que se han reunido al menos en dos instancias con un grupo de vecinos de Granadas, Mario entre ellos.

Cuando les reclamaron la lista de apartamentos en pleito judicial, ya que no saben quiénes son porque las notificaciones no han llegado para nadie, los burócratas respondieron que no tienen esa información y que lo que los vecinos tienen que hacer es llevarles una lista de los apartamentos que ellos creen puedan estar en problemas, para luego checarla con sus registros. El punto está en que la lista debe elaborarse con los nombres de los que contrajeron los préstamos en 1995.

“La mayoría de la gente compró estos apartamentos por medio de contratos no notariados y eso que pagaron por sus casas no vale nada en esta negociación con el banco. Ellos sólo aceptan negociar con los titulares que tienen registrados, pero eso es un gran problema, porque mucha de la gente ni sabe quiénes son, porque en diez o veinte años pasaron 3 o 4 familias por la misma casa. Sí nos confirmaron que aunque hay deudas con otros bancos, Banorte es el único banco que está desalojando gente.”

Los vecinos de Granadas pretendían realizar una negociación en conjunto por la situación de todos los apartamentos del edificio, o bien recibir la asistencia del INVI, cosa que no ha sucedido. Imaginaban tener la chance de pagar las modestas casas donde viven y masticaban una fórmula: pagar $1600 pesos mensuales durante 8 años y 4 meses. 160 mil pesos por un departamento de interés social en una vecindad en Tepito. Además de otros 10 mil pesos extra por regularizar la cuestión notarial de las propiedades. Y pedían que esas mensualidades se mantuvieran congeladas durante el plazo negociado.

Nada fue así. En los dos casos que ya se negocian, Banorte levantó los precios casi 5 veces más de su valor original, entre 300 y 500 % de sobreprecio por refinanciar la deuda de los departamentos.

En uno de los casos, la deuda es de 576 mil 771 pesos. Si el vecino paga al contado, bajan el costo de su casa a 260 mil pesos. Si pide financiación por 10 años, le ofrecen que pague $5700 mensuales, que totalizarán 400 mil pesos. Si es en 15 años, la cuota inicial es de $5200 al mes que se convierten en 430 mil pesos.

En el otro, Banorte afirma que la deuda es de 394 mil 745 pesos, que pagando en contado se vuelven 160 mil, financiado a 10 años, $2800 la cuota para un total de 280  mil pesos; financiado a 15, $3600 la cuota, 300 mil al final del desembolse.

En ambos casos, las mensualidades se ajustan a un 12,9% de interés anual. Suben, no se congelan. En todos los casos, los vecinos deben hacer una entrega inicial del diez por ciento del costo del apartamento.

Pilar no tiene deudas con Banorte, pero igual no está tranquila. En Granadas viven dos familias que fueron desalojadas de un edificio cercano, en Jesús Carranza #40, derrumbado 8 años atrás para construir una de las instalaciones del DIF Nacional (Desarrollo Integral de la Familia). Ellos no tenían deudas, pero fueron desalojados cuando el resto de los vecinos no logró resolver la situación antes de que el edificio fuese vendido. Ninguna de esas familias recibió una indemnización gubernamental por la pérdida de su casa ni tampoco fueron reubicados.

Para Mario, el desalojo de las familias y el alza de los precios hace que las casas, en realidad, queden vacías, como ya ha sucedido con otros apartamentos desalojados por los ahora piden más de 1 millón de pesos. Pero acá somos todos trabajadores, repiten todos y cada uno de los vecinos. ¿Quién tiene esas cifras para desembolsar de un día para el otro? ¿Quién se va a venir a vivir a Tepito más que la gente que ya está acá?

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