Familiares de los abatidos en Tanhuato piden justicia
MANUEL ESPINO BUCIO
Tras conocer los resultados del informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), familiares de las personas asesinadas en 2015 por la Policía Federal en el Rancho del Sol de Tanhuato, Michoacán, piden justicia a las autoridades.
Crónica recabó dos testimonios de una madre y un padre, cuyos hijos fueron abatidos durante el enfrentamiento ocurrido el 22 de mayo del año pasado en dicha localidad colindante con el estado de Jalisco.
María “N”, quien solicitó resguardar su identidad, aseguró que los hombres, que llegaron al rancho, fueron sorprendidos por los agentes federales cuando estaban dormidos.
“A mi hijo le dieron un balazo en el cerebro y las autoridades no me enseñaron el cuerpo completo”, relató.
Y añadió: “Trabajaba en un restaurante y fueron al rancho porque iban a hacer una comida. Lo tortutaron para matarlo, estaba dormido”.
Dijo que la Policía Federal se pasó del “límite”.
Rodrigo “N” pidió justicia para su hijo porque para él fue una masacre perpetrada por los elementos federales, quienes, aseguró, mataron a los ocupantes del terreno, pese a que se habían rendido.
“Sabemos que se rindieron, pero les dijeron que corrieran y después los ejecutaron”, sostuvo.
“Por qué se ensañaron con estas personas “, se cuestionó.
Hace unos días, la CNDH puso de nueva cuenta entre dicho la actuación de la Policía Federal.
El titular del organismo, Luis Raúl González Pérez, presentó un demoledor informe en el que determina que la corporación hizo uso excesivo de la fuerza y cometió 22 ejecuciones arbitrarias durante el operativo en el rancho del Sol que concluyó con un saldo de 42 muertos, presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Además, remató el ombudsman nacional, las autoridades falsearon información respecto a las circunstancias en las que se desarrolló la operación policiaca, pues agarraron dormidos a los sujetos, manipularon la escena del crimen sembrando armas a 16 víctimas y torturaron a dos detenidos.
Dijo que existen evidencias claras para determinar que 13 víctimas se encontraban de espalda respecto de sus victimarios; cinco fueron abatidas desde el helicóptero artillado que arribó al lugar como apoyo, una estuvo expuesta a fuego directo encontrándose aún con vida y tres a pesar de que ya se encontraban sometidas fueron privadas de la vida.
Reconoció que si bien los ejecutados no recibieron disparos a corta distancia, toda vez que los victimarios se encontraban a una distancia mayor a 90 centímetros, el número de lesiones por proyectil de arma de fuego, la posición víctima-victimario y los protocolos de necropsia practicados por la procuraduría de justicia de Michoacán son elementos que indican que fueron asesinados extrajudicialmente.
“La distancia del disparo no es el único elemento para determinar la existencia de una ejecución arbitraria”, precisó.
González Pérez aseguró que existen fotografías donde las personas ejecutadas no tienen armas a su alrededor y pruebas de que hubo falta de respeto y consideración a dos cadáveres, por las quemaduras que presentaron en diversas partes del cuerpo al estar expuestos a fuego directo.
“Lo que se denota es que la Policía Federal no siguió los protocolos de actuación. No estamos en contra de que se use la fuerza legítima del Estado para inhibir la delincuencia, hay que ejercerla en plenitud, pero hay límites y esos son el respeto a los Derechos Humanos en función de los protocolos”, sentenció.