Crecen violencia machista y número de mujeres desaparecidas

Veneranda Mendoza

Activistas de al menos diez organizaciones exigieron al gobernador Eruviel Ávila, a los procuradores general de la República y estatal, Arely y Alejandro Gómez respectivamente, y a los presidentes de los 11 municipios mexiquense con Alerta por Violencia de Género cumplir con cada una de las acciones que la declaratoria obliga.

El llamado, a un año de la declaratoria, es suscrito por la Red Denuncia Feminicidios Estado de México, el Observatorio Ciudadano de Género, Movidas por Encontrarlas, Fundación Anayansi AC. Coacalco, Feminicidios en México Esta es la Verdad que se Oculta, Bienestar para las Familias, Acción para el Bienestar Ciudadano con Derechos Humanos y Democracia, Comité de Derechos Humanos Vida Digna, Consejo Nacional del Pueblo Mexicano y la Escuela de Formación Política “Simón Bolívar”.

Las ONGs advierten que, tan sólo en lo que va de 2016 en el Estado de México sigue incrementando la cifra de desaparecidas y la violencia machista sigue cobrando víctimas, producto de la incapacidad y nulo interés de las autoridades.

Por esta razón advierten como urgente la rendición de cuentas de todas las instancias de gobierno y organizaciones involucradas en la alerta, y transparencia en las acciones de gobierno de los 3 niveles que implique un ejercicio de presupuesto público.

Es necesario, destacaron, que rindan un informe de recopilación y publicación de estadísticas oficiales sobre violencia hacia las mujeres, incluyendo los índices de feminicidios.
“Les exigimos que exista apertura y funcionamiento de oficinas de violencia doméstica (intrafamiliar) con el objeto de agilizar las medidas cautelares de protección; garantías para la protección de las víctimas y familiares de violencia”, refirieron.

También apelaron a la implementación de monitoreo electrónico de los victimarios para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que impone la Justicia; la creación de hogares/refugio en la emergencia, hogares de día para víctimas y subsidio habitacional, con una asistencia interdisciplinaria desde una perspectiva de género.
Es imprescindible, prosiguieron, reformar la Ley de Extinción de Dominio para garantizar que las propiedades, muebles e inmuebles decomisadas se destinen al uso y goce de familiares de las víctimas.

“Nuestra lucha no parara hasta lograr una vida libre de violencia. Ni una más, ni una menos, vivas nos queremos”, insistieron.

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