Caso Narvarte: un año después, justicia y verdad estancadas
Ciudad de México, a 31 de julio de 2016.- A un año de acontecido el homicidio y feminicidios de Rubén Espinosa, Nadia Vera, Mile Virgina, Alejandra Negrete y Yesenia Quiroz, la investigación de los hechos permanece estancada. Desde hace 10 meses, una vez que fueron consignadas tres personas por parte de la PGJCDMX, los avances han sido prácticamente nulos. De hecho, es por la activación de recursos legales por parte de la coadyuvancia que se mantiene abierta la averiguación previa, toda vez que es clara la falta de voluntad de la institución ministerial por agotar líneas de investigación y ampliar el espectro de probables responsables en el crimen que conmocionó a México y el mundo.
Investigación deficiente
Tal como lo hicimos público hacer 3 meses, las organizaciones que representamos a cuatro de las cinco víctimas, obtuvimos un amparo por parte de la Jueza Décimosexta de Distrito de Amparo en Materia Penal para evitar que se cerrara la investigación e impulsar la realización de nuevas diligencias. Dicho amparo derivó de 55 peticiones realizadas de manera conjunta por las coadyuvantes desde el 10 de septiembre de 2015. Dichas solicitudes van desde la recopilación de nuevos testimonios, hasta la realización de nuevas periciales y la profundización de trabajo de inteligencia por parte de Policía de Investigación.
Para el cumplimiento exhaustivo del amparo, sostuvimos una reunión con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera en mayo de este año. De cara a las víctimas y sus representantes, entre otras cuestiones, se comprometió a realizar un plan de investigación, esclarecer el móvil y a integrar a la investigación a especialistas de la PGJCDMX en materias de libertad de expresión, violencia contra las mujeres y personas defensoras de derechos humanos. Así también se acordó que el amparo otorgado se cumpliría de manera exhaustiva, sin formalismos ni tecnicismos. Hasta el momento no se han satisfecho los puntos convenidos.
Como lo hemos difundido, existen indicios de la posible participación de más personas en los hechos y faltan numerosas diligencias para agotar la línea de investigación concerniente al activismo de Nadia y el periodismo de Rubén en Veracruz, lugar del que se desplazaron a la Ciudad de México debido a amenazas, hostigamientos y agresiones físicas padecidas en diversos eventos. Ante la insistencia de la coadyuvancia en profundizar sobre numerosos aspectos de la investigación, hemos obtenido respuestas limitadas para solventar algunos aspectos y abierto rechazo en otros.
Como ejemplo de ello, el Agente del Ministerio Público encargado de la investigación, nos respondió en escrito fechado el 2 de junio que “ en estricto apego a la legalidad” tienen que demostrar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, “sin que para ejercer acción penal en contra de los probables responsables se tenga que acreditar el móvil del hecho”.
Por otro lado, en el mismo acuerdo ministerial, la autoridad responde que no considera “idóneo ni pertinente” para identificar a más probables responsables, entrevistarse con todos los vecinos del condominio donde ocurrió el crimen.
Tampoco, hasta el día de hoy, no se nos han permitido ver los videos completos que obran en poder de la PGJCDMX y que también están bajo custodia de la Jueza 25 Penal. A la coadyuvancia solamente se ha mostrado una versión editada de tales videos, sin tener oportunidad de su reproducción total. Ante la negativa de mostrarnos el contenido y desahogar otras diligencias vitales, interpusimos un nuevo amparo el 5 de julio pasado.
Filtraciones a la prensa y juicio mediático
Por otro lado, derivado de que las primeras semanas se filtró información sensible sobre el caso, las hermanas de Rubén Espinosa interpusieron una demanda de amparo contra la Procuraduría. Después de 10 meses, la Jueza Novena de Distrito de Amparo en Materia Penal constató y confirmó en su resolución que la información sensible contenida en el expediente de averiguación había sido publicada en diversos medios. Dicha información versaba sobre fotografías de los cuerpos, declaraciones ministeriales y dictámenes periciales.
Tal como lo señalamos desde el principio, las filtraciones denotaban una intencionalidad clara y coherente por desestimar líneas de investigación, justificar el multihomicidio, criminalizar y estigmatizar a las víctimas. Por ello no resulta verosímil que un solo funcionario haya realizado las filtraciones, como se ha sostenido por parte de la PGJCDMX.
El acuerdo con el Jefe de Gobierno fue, además de garantizar el resguardo de la información, realizar lineamientos para el tratamiento de datos sensibles en las averiguaciones previas. Se han iniciado pláticas para trabajar en los lineamientos. Sin embargo, resulta contradictorio que el pasado 30 de junio la PGJCDMX haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de amparo. Resulta incomprensible cómo la voluntad institucional puede escindirse de tal manera. Por un lado, trabajando instrumentos normativos que atajen esta problemática; por otro, rechazando cualquier responsabilidad institucional mediante la continuación del litigio constitucional. Corresponde ahora al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal dar la última palabra.
No hay protección para la familia de Rubén Espinosa
En días pasados la familia Espinosa Becerril sufrió una serie de eventos de seguridad que resultan preocupantes e inaceptables. Una semana previa al aniversario luctuoso de las víctimas de la Narvarte, los familiares del fotoperiodista han recibido llamadas constantes de números privados en las que no obtienen respuesta al contestar, una agresión física, personas que acechan y seguimientos de automóviles sospechosos.
De ello se ha dado cuenta al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al cual se encuentran integradas las hermanas de Rubén desde el año pasado. Por ello enfatizamos que es responsabilidad de las autoridades federales y captitalinas prevenir y evitar cualquier agresión en contra de las víctimas.
Por ello, las organizaciones firmantes concluímos que los derechos a la verdad, la justicia y reparación integral que le asisten constitucional y legalmente a las víctimas no han sido garantizados; la incertidumbre que impera sobre múltiples elementos de la investigación, acompañada de la reticencia sistemática a nuestras peticiones, es un factor más de victimización; y la Ciudad de México no volverá a ser el refugio para periodistas y defensores perseguidos en otros estados hasta el esclarecimiento total de lo ocurrido el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte.
Organizaciones firmantes:
ARTICLE 19
Clínica de interés público y trata de personas del ITAM
Grupo de acción por los derechos humanos y la
Justicia social
https://www.scribd.com/document/319792858/Ficha-tenica-Caso-Narvarte#from_embed