Casi 50 quejas contra tortura de policías de BC en lo que va del año: CEDH
POR
ANTONIO HERAS
Mexicali, 14 de julio.- Medio centenar de quejas por tortura y 17 por tratos crueles, degradantes o inhumanos se registraron en Baja California durante el primer semestre de 2016, la mayoría de ellas por hechos cometidos en Tijuana, de acuerdo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
De los 46 casos denunciados, el 81 por ciento (37) corresponde a Tijuana donde gobierna el priista Jorge Astizarán, el 9 por ciento (4) a Mexicali cuyo alcalde es el panista Jaime Diaz, aunque también hay tres quejas en Rosarito y dos en Ensenada que gobiernan el panista Silvano Abarca y el priista Gilberto Hirata.
Sin embargo, los integrantes de las corporaciones denunciadas por tortura en la CEDH son, en primer lugar la Policía Estatal Preventiva (PEP), de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en segundo a la policía municipal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Tijuana y en tercero agentes de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
De enero a junio de este año, también se abrieron 17 expedientes de quejas por tratos crueles, inhumanos o degradantes, de las cuales ocho corresponden Tijuana y tres en cada uno de los municipios de Ensenada, Mexicali y Rosarito.
Las quejas de tratos degradantes se presentaron contra la SSPE y la SSPM de Tijuana, además de funcionarios del Sistema Educativo Estatal (SEE) que en este caso se produjo una recomendación y una denuncia penal por abuso de autoridad contra un prefecto y un conserje de una secundaria de Playas de Rosarito por trasquilar a un estudiante de 13 años.
La comisionada de Derechos Humanos de Baja California, Melba Olvera Rodríguez, advirtió que “nadie debe ser sometido bajo ninguna circunstancia a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, pues dichos actos constituyen una ofensa a la dignidad humana y son violatorios de los derechos humanos y libertades fundamentales”.
La tortura es una realidad en esta entidad gobernada desde hace 27 años por militantes del Partido Acción Nacional, toda vez que al menos tres casos han sido documentados y forman parte de los informes de Naciones Unidas y de Amnistía Internacional. No obstante, en ningún caso se ha procedido penalmente contra policías que se encuentran en activo dentro de las corporaciones.
Se considera a la tortura a todo acto intencional por el que se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, castigo personal, medida preventiva o pena. También a la aplicación de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica, de acuerdo a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.