Puebla, dos años bajo el dominio de la Ley Bala; el Congreso desatiende iniciativa para abrogarla
Por Mónica Camacho
A dos años de la represión en la comunidad de Chalchihuapan, el 9 de julio de 2014, en Puebla sigue vigente la conocida Ley Bala, cuya aplicación derivó en ese episodio de violencia que provocó la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo y dejó lesionados de gravedad.
Aunque el gobernador Rafael Moreno Valle se retractó de ese ordenamiento del que fue autor, al proponer su abrogación días después del escándalo mediático que desató a nivel internacional el fallecimiento de Tehuatlie, la iniciativa sigue sin ser analizada por el Congreso del estado.
Los responsables directos de que el proyecto no haya sido analizado son los integrantes de las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Derechos Humanos, que presiden el panista José Gaudencio Víctor León Castañeda y el priista Sergio Salomón Céspedes Peregrina, respectivamente.
De armas de fuego al uso de la fuerza no letal
El nombre oficial de la Ley Bala es Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla. El mote lo recibió porque la iniciativa original, turnada por Moreno Valle, facultaba a los cuerpos de seguridad pública a activar armas de fuego contra manifestantes.
La censura mediática que recibió el proyecto de ley en todo el país y fuera de las fronteras de México obligó al Congreso y al gobierno estatal a mitigar sus disposiciones.
La ley aprobada por el Poder Legislativo el 19 de mayo de 2014 prevé mecanismos para hacer prevalecer el “orden colectivo” a través del diálogo, pero permite a los uniformados la posibilidad de utilizar armas noletales como medio para defenderse a sí mismos o a terceros.
Legitimación de la violencia en Tehuacán y Chalchihuapan
La inconformidad social que generó el retiro del registro civil de las juntas auxiliares del estado a mediados de 2014, como parte de un proyecto estatal que centralizó la cobranza del servicio, sirvió de prueba para la Ley Bala con dos resultados violentos.
El 1 de julio de 2014 se registró una manifestación de pobladores de la Sierra Negra y Tehuacán frente al Centro Integral de Servicios (CIS) de esa última demarcación, para exigir la reapertura de las oficinas del registro civil en sus comunidades.
La protesta culminó con la detención de seis personas, entre éstas presidentes de juntas auxiliares, así como una treintena de heridos, tras el desalojo que realizó la Policía Estatal.
Una semana después, el 9 de julio, habitantes de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, perteneciente al municipio de Ocoyucan, salieron a las calles para presionar a las autoridades estatales a devolverles el registro civil.
Ante la resistencia de los pobladores a liberar una vía de comunicación, los policías lanzaron proyectiles a los inconformes, uno de los cuales hirió de muerte a José Luis Tehuatlie, quien falleció 10 días después en el hospital con 13 años de edad.
Por un asunto de “percepción”, RMV propuso abrogarla
Moreno Valle presentó la iniciativa para abrogar el ordenamiento el 22 de julio, con el fin de que fuera sustituido por uno nuevo que elaboraría el Congreso local, pues acusó que la ley propuesta por él fue “estigmatizada con temas que, a pesar de no estar incluidos en su texto, han generado una errónea percepción de la misma”.
Céspedes Peregrina ha manifestado su desacuerdo con corregir la normativa vigente, pues aseguró que la investigación del caso Chalchihuapan, a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, demostró que los elementos policiacos usaron de manera indebida la fuerza pública por no ajustarse a la ley en la materia.