Otorgan suspensión definitiva para Palula
María González/Plano Informativo
El juez Segundo de Distrito, Francisco Ramos Silva, concedió este jueves la suspensión definitiva de la construcción del confinamiento de desechos industriales proyectado para construirse en un predio del municipio de Santo Domingo, con lo que el Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable (Citsu) no podrá realizar ninguna acción en la zona hasta que concluya el juicio, porque caería en desacato y eso significa problemas de tipo penal además de los que ya enfrenta.
Guillermo Luevano, abogado del comité opositor, mencionó que esto no es la sentencia del amparo que interpusieron, pero señaló que sí es indicio de que ya entrando al estudio en la materia, el juzgado encontró las suficientes irregularidades “basados en el preciso precautorio en materia ambiental que dice que deben prevenir que no haya ninguna piedra instalada en este momento, debe prevenirse la instalación del tiradero” señaló.
Daniel Jacobo Marín, uno de los abogados de los habitantes de Santo Domingo, informó que junto con los asesores de los inconformes, se interpusieron dos amparos ante la justicia federal y que uno de ellos, el presentado en el Juzgado Cuarto, que fue el que se resolvió primero, les concedía una suspensión provisional, sin embargo este jueves 30 de junio el juez Francisco Ramos Silva, del Juzgado Segundo de Distrito, encontró elementos suficientes para conceder la suspensión definitiva que deja sin validez los permisos de cambio de uso de suelo otorgados por el ayuntamiento de Santo Domingo así como la manifestación de impacto ambiental que aprobó la dirección general de impacto y riesgo ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
Explicó que la razón fundamental de la suspensión es una medida precautoria y el argumento del juzgado fue que encontraron, además de irregularidades, deficiencias en los permisos administrativos del municipio de Santo Domingo y de la Semarnat en el entonces Distrito Federal, “las dos son sumamente irregulares, en el libro de actas de cabildo 2009-2012 de Santo Domingo desconoce las firmas, además la Semarnat autorizó una manifestación de impacto local cuando debe ser regional y son una serie de irregularidades administrativas en las cuales se basa el juzgado segundo, que es el juez Francisco Meza Ramos, para autorizar la suspensión definitiva” indicó Luevano.
Como se recordará, la empresa Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable (Citsu) Palula, pretende construir un confinamiento de desechos industriales en un predio que se ubica en medio de un grupo de ejidos y comunidades de los municipios de Santo Domingo, Vanegas, Charcas y Villa De Ramos, en el estado de San Luis Potosí; además de los de Mazapil y Villa De Coz, en Zacatecas.
Recientemente, investigadores que forman parte del equipo de asesores de los opositores a Palula, comprobaron que las corrientes de agua de la zona corren hacia el centro ceremonial de Wirikuta, por lo que el pueblo wixarica se unió al movimiento de protesta contra el tiradero de desechos industriales.
Además de contaminar el agua del centro ceremonial huichol, Palula estaría envenenando al menos 40 ejidos por lo que los habitantes de la región formaron el Comité en Defensa de la Vida de Santo Domingo y Municipios Circunvecinos, con el cual han ido sumando voluntades para luchar en contra del empresario José Cerrillo Chowel y su proyecto de confinamiento de desechos tóxicos.
Los opositores a Palula acudieron paso a paso a todas las instancias legales del sistema de justicia, manifestándose pacíficamente primero en la presidencia municipal de de Santo Domingo, acudiendo luego a la capital potosina y finalmente a la capital del país.
La decisión de los habitantes logró que el Juez Segundo de Distrito encontrara los elementos suficientes para otorgar la suspensión definitiva, que deja a salvo los derechos de los habitantes de la región, hasta que se resuelva el juicio.
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