Jalisco: crímenes de lesa humanidad
Sonia Serrano Íñiguez
En octubre de 2010, elementos militares ingresaron a una vivienda en Jalisco donde un grupo de hombres se preparaba para irse a trabajar al campo. La irrupción fue violenta y no había orden de arresto. Después de una hora en la finca, se llevaron a seis hombres cuyo paradero se desconoce. Este caso es uno de los que se utilizaron para acreditar que en México se cometen delitos de lesa humanidad y para incluir a Jalisco en las entidades en las que es peligroso investigar.
Se trata del informe Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México, elaborado por la Open Society Foundations. Como conclusión, señala que a más de nueve años que en el país se lanzó la estrategia de seguridad para combatir al crimen organizado, “existen bases para sostener que actores estatales y no estatales por igual han cometido crímenes de lesa humanidad”.
En el caso que se registró en Jalisco, la investigación permitió documentar que los seis detenidos no fueron presentados ante ninguna autoridad. Se agrega que “el Ejército declaró que el acontecimiento obedecía a informes de ‘actividades ilícitas’ en la vivienda”.
A pesar de lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó que “no hay evidencia para respaldar el argumento de que los hombres habían estado involucrados en actividades ilícitas” y que, por el contrario, el Ejército “era responsable de la desaparición forzada de las seis víctimas”. A esto se suman las amenazas que recibieron las familias por parte de militares.
El Ejército admitió la detención, pero negó información a los familiares sobre el paradero de las víctimas y trataron de incriminarlos “al presentar como evidencia armas, vehículos y cartuchos ante el fiscal federal”.
En el documento se afirma que “aparentemente las desapariciones en Jalisco comparten semejanzas con muchos otros delitos cometidos por las fuerzas militares en diversos lugares durante un periodo de años, por lo cual dichas desapariciones forzadas se pueden considerar crímenes de lesa humanidad”.
Jalisco también es mencionado por la presencia del crimen organizado. En el informe se habla de la actuación de Los Zetas en diferentes puntos del país, y se recuerdan algunas narcomantas, como aquélla que fue colocada en 2011, en la que se afirmaba que “México vive y seguirá bajo el régimen de Los Zetas. Que quede claro, aquí mandamos nosotros y aunque el gobierno federal controle a otros cárteles, no nos podrán desplazar… ahí está lo que ocurrió en Sinaloa y Guadalajara”.
Luego, precisa que la referencia es a los asesinatos masivos y tiradero de cadáveres imputados a esa organización criminal en Culiacán, Sinaloa, y en Guadalajara, Jalisco, el 23 de noviembre de 2011.
Entre los señalamientos más graves que se hacen a Jalisco está lo relativo a las visitas de investigación que se realizaron a diferentes entidades, para realizar entrevistas e indagaciones sobre los hechos. Mencionan que en Guerrero se pudo acceder de manera segura a la investigación, lo que no sucedió en “algunos estados en crisis, que incluyen a Tamaulipas, Veracruz, Michoacán y Jalisco”.
Finalmente, Jalisco es mencionado en el caso de la disparidad de cifras sobre desapariciones forzadas y tortura. Menciona que se omiten datos de tortura en la mayoría de los estados, “incluidas estadísticas a nivel federal y estatal de Tamaulipas, Jalisco y Estado de México”, que son las tres entidades que, “de acuerdo a la base de datos del gobierno, tenían los índices más altos de personas desaparecidas en el país”.
Para el informe, la Open Society Foundations contó con la colaboración de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios; de Litigio Estratégico de Derechos Humanos; de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos.
El informe está escrito, se señala, principalmente por Justice Initiative, que en 2012 emprendió un proyecto en México para documentar la crisis de inseguridad “y por qué el sistema de justicia de México estaba batallando para detener a los autores penalmente responsables”.
En el documento se aclara que las atrocidades se clasifican como crímenes de lesa humanidad y no como delitos ordinarios porque éstos pueden ser cometidos tanto por fuerzas gubernamentales como por grupos armados organizados y se parte de la premisa de que “todo gobierno es responsable de la seguridad de su pueblo”.
Se denuncia que no se trata de casos aislados, porque las víctimas incluyen a “miembros de cárteles delictivos, pero también muchos ‘falsos positivos’: civiles acusados sin ningún fundamento por su participación en actividades del crimen organizado, a menudo víctimas de tortura para que se autoincriminen o incriminen a otros, y frecuentemente víctimas de desapariciones o asesinatos”.
Además, hace mención de las víctimas del llamado daño colateral por fuego cruzado.
En la investigación se reconoce el esfuerzo del gobierno mexicano en el cambio del sistema de justicia, pero se hace énfasis en la necesidad de que se acepte la gravedad de la situación para tomar medidas urgentes, incluyendo la ayuda internacional para garantizar “procesos de investigación y procesos genuinos e independientes”.
Referencias sobre Jalisco
. Se cita el caso de la desaparición forzada de seis personas, que fueron sacados en octubre de 2010 por el Ejército de una vivienda, pero nunca se les puso a disposición de ninguna autoridad y cuyos paraderos se desconocen
. Hay presencia del crimen organizado. Se cita como referencia una manta colocada presuntamente por Los Zetas, citando la aparición de cadáveres en noviembre de 2011
. En Jalisco no se pudieron hacer investigaciones de manera segura, lo que sí pudo darse en Guerrero
. Se ocultan cifras de desaparición forzada y tortura, a pesar que la entidad tiene, junto con Tamaulipas y el Estado de México, los índices más altos de personas desaparecidas
Datos del informe
. Abarca un periodo del primero de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2015
. Se basa principalmente en datos de fuentes gubernamentales
. Hay disparidad en los estados en la clasificación de los delitos y algunos todavía no disponen de los datos de manera electrónica
. Se encontraron dificultades de acceso a la información
. Se tomaron en cuenta algunos datos de informes de organismos internacionales y de defensa de derechos humanos
. Se entrevistó a funcionarios de todos los niveles de gobierno y de las comisiones de derechos humanos, así como expertos mexicanos y extranjeros, representantes de la sociedad civil, diplomáticos y académicos
. Se incluyen testimonios individuales
. Para la clasificación de los delitos como crímenes de lesa humanidad, se consultó a expertos independientes en derecho penal internacional
Para entender mejor
¿Qué son los crímenes atroces?
Los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra (Organización de las Naciones Unidas)
¿Qué son los crímenes de lesa humanidad?
Una serie de actos diversos “que sean parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque” (Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional). Estos ataques “pueden ser perpetrados tanto por fuerzas gubernamentales, como por grupos armados organizados”.
¿Por qué se clasifican las atrocidades como crímenes de lesa humanidad y no como delitos ordinarios?
Porque se evalúa la responsabilidad penal hacia arriba en la cadena de mando, de modo que se pueden incluir a aquéllos que dieron las órdenes o a aquellos que no tomaron acciones para prevenir o castigar delitos que conocían.
¿Por qué ha habido tan poca justicia?
En principio porque en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña se ha negado el problema y se le ha restado importancia. Los últimos gobiernos se han propuesto proteger al Ejército y la Marina de investigaciones penales creíbles. Se ha promovido la militarización de actividades policiales. Se evita enjuiciar a actores de Estado. Se presentan iniciativas, pero no se asignan recursos ni hay apoyo político.
¿Por qué no actúa la CNDH?
Ha sacado a la luz algunas atrocidades. Sin embargo, podría hacer mucho más. Tiene un presupuesto aceptable, pero sus facultades son limitadas y su liderazgo es débil, aparentemente por motivos políticos.
Otros casos documentados
Ayotzinapa
Secuestro de 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos, cuyo paradero aún se desconoce. La autoridad asegura que fueron entregados a miembros del crimen organizado, quienes los habrían asesinado y cremado
Tlatlaya
Fuerzas armadas intentaron rescatar en 2014 a una persona secuestrada. Testigos aseguraron que los 22 presuntos delincuentes fueron asesinados por el Ejército después de haberse rendido, en una ejecución extrajudicial
San Fernando
En agosto de 2010, varias docenas de migrantes, principalmente de Centroamérica, fueron secuestrados por Los Zetas, mientras viajaban a través de San Fernando, Tamaulipas. Cuando los militares llegaron al rancho al que fueron trasladados, encontraron 72 cuerpos. Para junio de 2011, se habían encontrado en la zona 40 fosas comunes y el recuento de cadáveres era de 193
Carmargo, Tamaulipas
Jorge Antonio Parral fue secuestrado por un comando armado en abril de 2010 en su oficina de Caminos y Puentes Federales. Dos días después un comando militar allanó un rancho en Nuevo León para rescatar presuntamente a secuestrados e informaron que mataron a tres sicarios, cuyos cuerpos fueron sepultados. Tras ser exhumados, uno resultó ser la víctima, confirmándose que le dispararon a quemarropa
Chihuahua
En 2008 soldados detuvieron a un civil, presunto miembro del cártel Los Aztecas. El uso de la fuerza de los militares fue letal y murió. El cuerpo fue cremado. Los soldados fueron procesados
Tabasco
Raúl Brindis murió en 2009, cuando se encontraba bajo la custodia de las autoridades, después de haber sido detenido por policías y soldados. Se probó la tortura
Las cifras
. De 2007 a 2010, cuando se instrumentó la estrategia de seguridad nacional de combate al crimen organizado, México fue el país con la mayor tasa de crecimiento en homicidios dolosos
. El pico más alto fue en 2011, con 22 mil 852 homicidios dolosos
. Entre 2006 y 2016, más de 150 mil personas fueron asesinadas intencionalmente en México
. Entre 2007 y 2012 sólo se produjeron condenas en uno de cada 10 casos de homicidio
. Los fiscales federales formularon acusaciones en solo 16 por ciento de las investigaciones por homicidios entre 2009 y 2015
. No hay cifras comprobables de desapariciones, por lo que el número de 26 mil es engañoso
. Según datos del gobierno, a febrero de 2015 sólo se habían producido 313 investigaciones por desaparición forzada y sólo 13 condenas
. En agosto de 2015 se condenó por primera vez a un soldado por desaparición forzada
. Entre enero de 2007 y diciembre de 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 9 mil 401 denuncias sobre tortura y malos tratos
. Según autoridades federales, entre 2006 y 2014 se habían realizado mil 884 investigaciones federales por tortura, con solo 12 acusaciones y ocho sentencias
. Entre 2007 y 2015 sólo se produjeron seis condenas por tortura
. Estimación conservadora sugiere que entre 2006 y finales de 2012, las autoridades estatales y municipales enviaron 24 mil cuerpos no identificados a entierros en masa
. A septiembre de 2015, la PGR reconoció que desde 2006 se habían descubierto 201 fosas clandestinas con 662 cadáveres
. De los 35 mil asesinatos que cometió el crimen organizado entre diciembre de 2006 y enero de 2011, la PGR sólo dijo haber registrado 13 mil 845. Se abrieron mil 687 investigaciones por homicidios, hubo cargos contra 343 sospechosos y sólo 22 condenas
Recomendaciones
. Crear una entidad de investigación internacional, con sede en México, que tenga el poder de investigar y procesar causas de manera independiente en materia de crímenes atroces y casos de corrupción
. Crear de manera urgente equipos para investigar las desapariciones, que sean de naturaleza multidisciplinaria
. Los servicios forenses y de protección de testigos deben ser autónomos y estar fuera del ámbito de control de la Fiscalía General y la Secretaría de Gobernación
. Las fuerzas armadas deben retirarse de las operaciones de seguridad y se debe aprobar la legislación que regule el uso de la fuerza