Partidos lucraron con jornaleros de San Quintín; a más de un año de lucha, no hay respuesta a demandas
(10 de mayo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- Fidel Sánchez Gabriel, uno de los voceros oficiales de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, denunció que a más de un año que estallara la huelga de los jornaleros del Valle de San Quintín y a exactamente 12 meses de que el movimiento fuera reprimido violentamente por elementos de la Policía Estatal y municipal de Ensenada, no hay avances ni respuesta alguna a sus demandas.
El dirigente atribuyó la pasividad de los tres niveles de gobierno, y en general del resto de los actores políticos, a quienes “lo único que les preocupa es ganar la carrera política y electoral de interés de cada partido”, y denunció que se lucró políticamente con el movimiento en tanto fue funcional a los intereses partidistas.
Recordó que en marzo del año pasado, cuando estalló la huelga –y a escasas semanas de que iniciara el proceso electoral para renovar el Congreso de la Unión, varios congresos locales y cientos de presidencias municipales- “había preocupación de todos los partidos políticos por eso, diputados federales y senadores de todos los colores presionaban para que se atendiera el movimiento de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, pero una vez que se firmó la última minuta, el cuatro de junio, ese interés cesó”.
En entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, Sánchez Gabriel subrayó que el movimiento sigue demandando un salario justo que permita a los jornaleros tener ingresos para garantizar la buena alimentación de sus hijos, que alcance para comprarles ropa, calzado, para enviarlos a la escuela y para darles atención médica, pues la falta de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) los obliga a acudir a consultas particulares y a comprar medicamentos cuando se enferman los pequeños, lo que agrava más la situación precaria en la que viven.
El nueve de mayo del año pasado, al menos 70 jornaleros fueron heridos luego que elementos de la Policía estatal y municipal de Ensenada -a petición del dueño del Rancho Seco- arremetieran contra un grupo de ellos que llegaron a las puertas de la propiedad para invitar a otros trabajadores a sumarse a la huelga general.
El productor llamó a los uniformados que llegaron y agredieron a los trabajadores agrícolas. Varios de ellos lograron huir hacia la colonia Nuevo San Juan Copala –lugar de residencia de indígenas triquis oaxaqueños- hasta donde fueron perseguidos por policías que incluso entraron a varias casas mientras mujeres, jóvenes y niños permanecían dormidos.
Al percatarse de que sus compañeros eran perseguidos, los jornaleros trataron de ayudarlos y arremetieron contra dos de las 20 patrullas que se desplazaron hasta el lugar. Los uniformados los recibieron con balas de goma y gases lacrimógenos.
“A un año de la acción represiva, no ha habido respuesta sobre las demandas, ni siquiera avanzamos con la mitad de los 14 puntos presentados en marzo de 2015, entre los que se encuentra la solicitud de revocación del contrato colectivo firmado con la CTM; también solicitamos que el salario mínimo sea de 300 pesos la jornada laboral, desafortunadamente, hasta el día de hoy, no pudimos aterrizar ninguno de esos puntos”, declaró Sánchez, pero advirtió que “seguimos en pie de lucha y de resistencia”.
El estallamiento de la huelga general dejó como consecuencia, la detención de 290 jornaleros y tras la represión del nueve de mayo, nueve más fueron encarcelados. Aunque actualmente ya todos se encuentran libres, los detenidos de mayo únicamente gozan de libertad provisional.
“Se les sigue un proceso legal y hasta que se les dicte sentencia a los compañeros, seguirán así. Nosotros exigimos que se les dicte libertad absoluta, porque si es condicional, es como reconocer que iniciaron el enfrentamiento con la policía y no fue así; quienes iniciaron la agresión fueron los cuerpos policiacos del estado y de Ensenada”, recalcó el vocero.
Acuerdos con los que se había comprometido el gobierno estatal, tampoco han sido cumplidos; por ejemplo, la administración del panista Francisco Arturo Vega, había anunciado la instrumentación de un plan integral para el Valle de San Quintín que incluía la construcción de un hospital general con recursos de la Secretaría de Salud; sin embargo, la construcción de dicha obra no se realizó en la comunidad a la que se la habían prometido, sino en Mexicali, de tal manera que el acceso a seguridad social y en particular a la salud, permanece pendiente.
Aunque los jornaleros no han cesado en su intento de buscar que se retome el diálogo con el gobierno federal, han sido infructuosas las reuniones solicitadas al subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda.
En días previos, otras organizaciones intervinieron para que los jornaleros presentaran su solicitud ante la dependencia encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong, por lo que los trabajadores agrícolas se encuentran a la espera de que les den luz verde para avanzar en la categorización de las empresas productoras de frutas y hortalizas asentadas en el Valle de San Quintín y para establecer el salario que cada una deberá pagarles.
Para recordar la represión sufrida, los jornaleros de San Quintín realizaron un mitin en la carretera transpeninsular, ubicada en la delegación Vicente Guerrero, donde vive la mayoría de trabajadores del campo.
Fidel Sánchez hizo un llamado a la ciudadanía a no comprar fresas, moras o arándanos que comercializa la empresa Driscoll’s, por ser “una empresa transnacional que ha violado las leyes existentes en nuestro país”, al no respetar los derechos laborales de los jornaleros mexicanos y hasta que no firme con los trabajadores agrícolas un contrato colectivo que garantice sus demandas.
Boicot global, en puerta
Gloria Gracida, comisionada especial en el extranjero para promover el boicot, declaró que es indignante recordar que hace un año, a escasas horas de conmemorar el Día de las Madres, decenas de trabajadoras jornaleras fueron testigos de cómo elementos de la policía entraron a sus hogares de manera violenta a golpear a sus hijos –incluidos a algunos niños- y sus esposos, para luego encarcelarlos, por lo que demandó justicia.
Denunció que tanto el gobierno federal como el de Baja California, están “muy pasivos” e incluso han dejado de responder a sus llamadas telefónicas.
“No sé si piensan que todo quedó arreglado, pero nosotros seguimos exigiéndoles que reestablezcan las mesas de diálogo por respeto a esas madres que han tenido que pasar por todo esto”, declaró en entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO.
Gracida sostuvo que la pasividad del gobierno sólo se puede explicar por la indiferencia hacia las demandas de los trabajadores y denunció que desde el principio del conflicto, simularon dar atención al mismo “pero lo único que realmente hemos recibido es represión, balas de goma, gases lacrimógenos, golpes, encarcelamiento. En este momento, como antes, estamos abandonados”, apuntó sin titubear.
Al igual que Fidel Sánchez, señaló que la principal demanda del movimiento de jornaleros, es que se reanuden las mesas de diálogo, la negociación y posterior firma del contrato colectivo de los trabajadores agrícolas, a través de su representación jurídica, el Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas.
“Si hay una relación muy estrecha entre empresarios y gobierno para mejorar las condiciones de los empresarios, que también la haya para exigirles que cumplan con tener un contrato colectivo con los trabajadores que han pasado décadas sin él; también queremos que los afilien al Instituto Mexicano del Seguro Social, porque sigue habiendo mujeres expuestas a enfermedades que les generan los químicos con los que trabajan en el campo”, detalló Gracida, migrante oaxaqueña que llegó al norte del país cuando todavía era una adolescente.
Respecto al llamado a boicotear la comercialización de los productos de la empresa Driscoll’s, la comisionada informó que cada vez se avanza más y se nota la disposición de la ciudadanía norteamericana a impulsar que la atención a las necesidades de San Quintín se concreten.
“La lucha de los jornaleros está muy presente, la gente ha visto que es una lucha justa y nos están apoyando mucho. En cada lugar a donde vamos se forma un comité de base y la gente está dispuesta a entrar a las tiendas para llamar a participar”, comentó a este medio.
Gloria Gracida recordó que antes de la creación formal del sindicato, el pretexto de la empresa para negociar la forma de un contrato colectivo de trabajo, era que los jornaleros no tenían representación jurídica, por lo que ahora, no hay excusa ni pretexto alguno para que sus derechos sean reconocidos.
Adelantó que preparan varias actividades para un llamado global al boicot -a realizarse el próximo 17 de mayo- y se contempla la adhesión a la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), del de telefonistas, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de la organización Familias Unidas, entre otras.
“San Quintín y Familias Unidas, somos los mismos mexicanos explotados de un lado que del otro de la frontera. Tomamos nuestra lucha muy en serio, estamos unidos y así vamos a ganar. Recibimos la misma discriminación. Los empresarios han creído que por nuestra pobreza seguiremos permitiendo la explotación pero no más; vamos a continuar con el boicot y unidos, de la mano, vamos a ganar”, puntualizó.