Acuerdan 65 mdp para reparar daño de Repechique; habitantes retirarán plantón

Esta tarde, los representantes de la comunidad indígena de Bosques San Elías Repechique -que mantiene tomadas las instalaciones del aeropuerto regional Barrancas, en Creel, municipio de Bocoyna- y autoridades estatales, firmaron una carta compromiso en la que acordaron un monto de 65 millones de pesos para aplicarlos en un fideicomiso público que durará siete años y medio.

Luego de un año y medio, el gobierno estatal comenzó a cumplir la sentencia dictada por el juez Octavo de Distrito a favor de la comunidad indígena, quien demandó la reparación de daños materiales e inmateriales ocasionados por la construcción del aeropuerto de Creel, para el que no fueron consultados.

Con el acuerdo, la comunidad dio por satisfecho el pago de daños y dan por concluido el plantón que realizaron afuera del aeropuerto.

“Se llevó a cabo una minuta de acuerdo para llevarla próximamente con el juez para que valide estos acuerdos”, declaró Luis Javier Pérez Enríquez, vocero de la comunidad.

Una vez que entreguen la carta ante el juzgado, acudirán ante la comunidad que aún se encuentra en el aeropuerto, para informarles que lograron el pago de daños y pueden regresar a sus viviendas.

Las autoridades estatales dieron a conocer que con ese acto, “se inicia el cumplimiento a la ejecutoria de amparo 422/14, emitida por el Juzgado Octavo de Distrito, con un calendario de pagos que se realizará de la siguiente manera: en junio del año en curso, 8 millones 667 mil pesos; en enero de cada uno los subsiguientes seis años, la misma cantidad, hasta completar la cantidad”.

El convenio fue firmado por la Secretaría General de Gobierno, el vocal ejecutivo de la Coordinación Estatal de la Tarahumara, Miguel Ángel González García; el director de Gobernación estatal, Walter Villalobos Rodríguez; el primer gobernador rarámuri, Nicolás Sánchez Torres y por el segundo gobernador y vocero, Luis Javier Pérez Enríquez.

Una vez que el juez dé por cumplida la sentencia, las autoridades podrán abrir las instalaciones para continuar con los trabajos del aeropuerto regional y posteriormente inaugurarlo.

La propuesta de la comunidad eran 93 millones de pesos y sobre esa cantidad negociaron rublo por rublo para dar por satisfecha la reparación de daños materiales e inmateriales.

Durante doce días, la comunidad indígena estuvo acompañada de otras comunidades vecinas y por organizaciones de Chihuahua, Creel y Guachochi, para apoyar esa lucha histórica, a la que llegaron luego de años de resistencia y violaciones a todos sus derechos.

Cosmovisión

La causa de fondo que provocó el conflicto entre autoridades y comunidad es la visión diferente del problema, el sentido de propiedad y la cosmovisión de los actores que participaron en él.

Teresa Enríquez se mostró cansada de que el problema de la reparación de daños no se resolviera, porque han invertido tiempo, les causa estrés viajar y dialogar -durante un año y medio- con las autoridades de todos los niveles.

“Es tan fácil. Si yo llego a tu casa y te tiro un árbol a propósito, pues te lo pago, así es esto. Ya hicieron el daño, que lo paguen”, explica la mujer de unos 60 años.

Les quitaron sus veredas, les “tumbaron” sus pinos y ahora no hay venados ni las chivas pueden pastear por donde lo hicieron por años.

“Estamos viviendo tristes porque no estamos agusto con el aeropuerto, pero si ya hicieron el daño, que lo paguen, porque tiraron todos los pinos. Antes estaba muy bonito, quitaron los ojos de agua, no les importó. Yo les barría alrededor (a los ojos de agua) porque hay que cuidarlos, tienen vida. Ahí vive una serpiente y hay que alimentarlos”.

Teresa explica con sus manos cómo cuidaba los ojos de agua que les taparon y que utilizaban para uso humano y para el ganado. “Les daba comida para alimentarlos. Les daba pinole, porque no creas que el agua vive así nomás, ella también come, cae el agua, y entra, da vida y nos da agua”, abunda Teresa.

El agua se las contaminaron “los de gobierno. Yo no sé por qué no piensa el gobierno que hay otro gobierno arriba de ellos, porque el gobierno dice que nos van a dar agua, pero si el gobierno de más arriba no quiere, no hay agua. Ya casi no se baila el Yúmare (baile para pedir que llueva), así que si el gobierno de arriba no quiere, no tenemos agua. El gobierno no hace llover”, insiste.

Los funcionarios de gobierno defendieron la necesidad de resolver el problema para incentivar inversiones, porque de acuerdo con el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Eduardo Esperón González, los empresarios no querrán invertir por el trámite que deben hacer para consultar a las comunidades indígenas.

Miguel Ángel González, coordinador de la Tarahumara del gobierno estatal, insistía en que Repechique está muy lejos del terreno del aeropuerto y que hay comunidades más cercanas al centro aeroportuario, estima 37 comunidades que tienen contacto con éste.

Sin embargo, los indígenas de Repechique promovieron el amparo, en el que el juez los reconocen como dueños del territorio, para solicitar la reparación del daño en ese territorio que les ha correspondido ancestralmente a ellos y a los habitantes de las otras comunidades.

González explicó a medios, después de la última reunión con la comunidad en las instalaciones del aeropuerto el miércoles pasado, que es importante que el juez acuda a ese lugar para que vea los límites del terreno del aeropuerto y la distancia con Repechique.

Teresa Enríquez explicó posteriormente que sus antepasados les dejaron un plano del territorio y su papá les indicó los límites del territorio indígena, porque antes no estaban divididos las comunidades que son hoy, todos eran una sola comunidad y a todos les corresponde el territorio, por lo que en el amparo metieron a todos los habitantes de las comunidades que hacían uso de las más de 60 hectáreas sobre las que ahora deben reparar el daño.

González también mostró a los medios de comunicación, una propuesta presentada por la comunidad, entre los que incluían un túnel por abajo de la pista que fue desechado de inmediato hace más de dos años, porque era inviable, pero el coordinador de la Tarahumara aseguró, aún cuando sabía que estaba desechado, que contradecía a la nueva propuesta.

La abogada Alma Chacón explicó a las autoridades que la propuesta que ahora presentan, es parte de la sentencia que dice que si no se ponían de acuerdo en la reparación del daño, podían acudir al cumplimiento sustituto
de la sentencia.

“Todos los daños quedaron acreditados y si no había acuerdo, se pueden cubrir por una cantidad económica para resarcir los daños. La petición de la comunidad no es ninguna que no tenga sustento jurídico. Los 93 millones están fundamentados en un peritaje rendido por investigadores de la UNAM y del INAH, en cada rublo que el juez tomó, se hizo un trabajo previo y no se lo inventó la comunidad (…) son resultado del peritaje que las autoridades responsables no hicieron ninguna manifestación dentro del proceso judicial, quedó firme y el juez la conoce”.

Finalmente, hoy llegaron a un acuerdo que permitirá a la comunidad reparar los daños y recuperar un poco de lo que les arrebataron hace más de dos años, cuando iniciaron la construcción del aeropuerto.

http://www.proceso.com.mx/438271/acuerdan-65mdp-reparacion-dano-repechique-retiraran-planton