“Duarte miente, sí hay desaparecidos en Chihuahua”, reprochan familiares de víctimas

Proceso
PATRICIA MAYORGA

Activistas y familiares de personas desaparecidas en Ciudad Cuauhtémoc calificaron como “mentiroso” al gobernador César Duarte Jáquez, luego de que éste aseguró hace una semana que en esa región sólo hay un caso de desaparición y está resuelto.

En la presentación del informe “Un trato de indolencia, respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México”, de Amnistía Internacional en la ciudad de Chihuahua, evidenciaron que son cientos los casos de desaparición de hombres y mujeres, en lo que va de este sexenio.

Ericka Guevara, directora para América Latina de Amnistía Internacional, explicó que el documento contiene los casos de indolencia de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero y de Cuauhtémoc, Chihuahua.

Agregó que fue hecho “en busca de la verdad, de justicia y de la no repetición, más allá de la búsqueda que los mismos seres queridos realizan”. Luego, advirtió que continuarán acompañando a las familias.

Carlos Zasueta, investigador de casos de desaparecidos en México, dijo que se trata de dos situaciones –una al norte y otra al sur– gravísimas como muchas del país, pero eligieron esas dos como muestra de lo que sucede en todo el territorio mexicano.

“Son dos ciudades geográficamente alejadas, gobernadas por gobiernos distintos, pero a pesar de la distancia tienen muchísimas similitudes por el trato de negación, de simulación e indolencia. Hemos visto lo mismo, queremos entender qué sucede para ayudar a solucionarlo, para que se lleve a los responsables a castigo. Vemos que hay un interés por las autoridades para generar crisis mediáticas o hacen algo para aparentar que están resolviendo o lo niegan”, explicó el activista.

Ciudad Cuauhtémoc es un caso “muy doloroso” y una muestra de lo que pasa en el país y otras comunidades, asentó Zazueta.

“Quisimos mostrar uno y decir que esto se repite en otros lugares del país: el trato que dan las autoridades, el gobierno estatal es cruel, indolente e ilegal, bajo el derecho internacional las autoridades deben cumplir con la legislación cuando hay un delito, deben buscar inmediatamente a las personas, castigar a quien no busque, llevar a la cárcel a los culpables y cumplir con la reparación del daño a la familia, cumplir a la comunidad para restablecer la paz”, agregó.

El investigador comentó que en esta localidad no han visto “nada” que sugiera que el gobierno esté interesado en cumplir la ley.

Según su experiencia, cuando la autoridad conoce el caso de una persona está desaparecida muestra desdén. Y detalló: “Han regresado a familias porque era ya tarde, se pierden horas esenciales. Luego hay varios elementos que la autoridad tiene como cámaras, etcétera y no buscan. Y cuando buscan la evidencia no está ahí porque las cámaras particulares, por ejemplo, las guardan temporalmente. Hay un caso en Cuauhtémoc en el que encontraron la evidencia y después la manipularon”.

A decir del activista, una desaparición y la ausencia de búsqueda, no sólo provoca dolor a las familias, sino que el trato indigno que reciben de las autoridades significa la violación a su derecho internacional a la integridad. También les afecta pues deben cambiar su lugar de residencia y trabajo.

Carlos Zasueta acusó que el Fondo de Atención a Víctimas de la Violencia (FANVI) es de difícil acceso y funcionamiento: “En los casos que pudimos documentar, les entregan apoyos escolares seis meses después de iniciar las clases, les dan despensas retrasadas, todas juntas y en mal estado. Después de tres o cuatro veces, es más bien un insulto a las personas. Se necesita una ley y todavía no la crean”.

Para él, los congresos tienen que reaccionar para adecuar la ley general y tomar medidas para que las leyes sean coherentes con las víctimas, “porque no es normal que las familias vayan de ventanilla en ventanilla a ver quién les hace caso”.

Testimonios del dolor

Luz Estela Castro Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), reiteró la idea de que “Duarte miente”. Y es que, recordó, en el último informe del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Cedehm) José Luis Armendáriz, el gobernador se deslindó de los casos de desaparecidos y aseguró que ha logrado mantener a Chihuahua en paz.

A nombre de las madres de las personas desparecidas en Cuauhtémoc, Martha Arana destacó la importancia del trabajo de Amnistía Internacional por atender sus demandas de acceso a la justicia.

Luego denunció que desde hace seis años, cuando su hijo desapareció, el gobierno no le ha dado ninguna razón de su paradero.

“Son seis años de horror, de angustia, de desesperación. No quisiera que ninguno de ustedes estuviera en nuestra situación porque eso no es vivir (…) Es un sufrimiento eterno, te cambia la vida completamente, tu manera de ver, de pensar, de vivir, no eres tú (…) Además, te encuentras con puertas cerradas, nadie te escucha, nadie hace tu trabajo como debe de ser. Cada vez que cambias de Ministerio Público quieren que les digas lo mismo para que les hagas su trabajo, no entienden que cada vez que te mencionan esto es un dolor que tienes que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, siempre lo mismo”, narró.

De acuerdo con Amnistía Internacional, en Cuauhtémoc han desaparecido 351 personas desde 2007, de una población de 114 mil habitantes, cifra que les parece “preocupante”.

De ese total, la organización revisó 22 casos entre 2009 y 2014 de los que concluyó que su situación geográfica –la entrada a la Sierra Tarahumara–, es un factor de generación de violencia en ese municipio.

Gabino Gómez Escárcega, encargado del área de Desaparición del Cedehem, recordó que desde el gobierno de Patricio Martínez, las autoridades de Chihuahua han descalificado el trabajo de Amnistía Internacional desde sus cuestionamientos por los feminicidios en Ciudad Juárez. “Y ahora, que hay crisis de desaparecidos, el gobierno continúa mintiendo”, dijo.

El activista destacó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una sentencia condenatoria para el Estado Mexicano con el caso Campo Algodonero y cuestionó: “¿Quién mintió?”.

También recogió la declaración del fiscal general Jorge Enrique González Nicolás en el sentido de que el tema de las desapariciones no es para alarmar porque es una situación cotidiana en el país.

“Pregunten a estas familias si el trato que reciben es o no indolente (…) Indolencia es el trato que le dieron a Patricia Batista, es el más reciente caso, quisiéramos que fuera el último pero eso pienso cada vez que llega uno nuevo. Su hija desapareció el pasado 20 de diciembre, fue a la Fiscalía -se supone que después de la sentencia del Campo Algodonero tenemos mejores fiscales, mejores fiscalías, mejores ministerios públicos-, y la asistente que la recibió le dijo que como su hija era mejor de edad y estaba muy enamorada de su novio, no le podían tomar la denuncia”, detalló.

Ivonne Rascón Bustillos, madre de Jorge Iván Parra Rascón, desaparecido el 18 de agosto de 2012 en ciudad Cuauhtémoc, dijo que Chihuahua es el estado grande, “pero de mentiras, porque el gobernador dijo que sólo le queda un sólo caso por resolver”.

Entonces, le reprochó:

“Si él tiene la desfachatez de decir que no hay violencia en el estado de Chihuahua, es una vil mentira. Nosotros somos la realidad, que se dirijan a nosotros, no nos vamos a vender ni a prestar para mentir sobre nuestros hijos que están desaparecidos. Hace un mes y medio hay una jovencita más desaparecida. Entonces, señor gobernador, tiene un caso más según usted pendiente, pero no es así, son más de mil 600 casos de desaparecidos en Chihuahua, más de 350 en Cuauhtémoc”.

Al finalizar la presentación del informe, los denunciantes caminaron hacia la placa que tiene el nombre de la activista Marisela Escobedo Ortiz –asesinada el 16 de diciembre de 2010 a las puertas del Palacio de Gobierno–, pero justo cuando pretendían colocar una ofrenda floral en nombre de las madres de personas desaparecidas, el gobierno estatal mandó colocar una grúa en la banqueta, arriba de la placa.

Ericka Guevara, directora para América Latina de Amnistía Internacional, se metió abajo de la grúa y colocó un par de flores en la placa para cumplir con el acto. Enseguida lloró de impotencia y fue consolada por madres y activistas, acostumbradas a que la puerta del recinto del Ejecutivo permanezca cerrada cada vez que acuden a manifestarse.

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