Población indígena azotada por la violencia producto del despojo perpetrado por el gobierno de Eruviel
Emma Martínez
(08 de enero de 2016.Revolución TRESPUNTOCERO).- Estado de México es una de las entidades con distintos casos de violencia y violencia extrema, feminicidios, homicidios, secuestros, desapariciones forzadas y denuncias en contra de la seguridad pública.
Sin embargo, pocas veces se toma en cuenta la realidad que vive la población indígena de la entidad, la cual no dista de las de otras de la República, pero sí mantiene cierto mayor grado de intensidad, principalmente en el tema del despojo.
Riqueza en flora, fauna, maderas, territorio y agua, son solamente algunos de los factores que han provocado que el gobierno federal, estatal y municipal -en forma ilegal y violenta- despoje a los dueños legítimos de dichas tierras, a cambio de no ser encarcelados o asesinados, según denuncian distintas organizaciones no gubernamentales.
Recientemente un grupo de comunidades indígenas y organizaciones civiles del Estado de México han denunciado que existe “complicidad” entre instituciones gubernamentales, empresas constructoras e inmobiliarias para afianzar el constante despojo de propiedades indígenas, principalmente las que incluyen agua y bosques, y producto de ello han buscado caminos ‘legales’, para criminalizar la protesta social.
“Lo anterior a fin que se siembre el miedo, que las poblaciones se callen, que el mayor número posible de sociedad civil y derechohumanistas desconozcan las crudas realidades, por ello se recurre a leyes sin razón, pero también a constantes amenazas y hostigamientos, porque la gente humilde no puede defenderse, Estado de México es uno de los estados con mayor número de despojos y activistas rurales perseguidos, toda una problemática manejada en bajo perfil por el gobierno estatal, que es ciego y mudo muy propósito”, declara a Revolución TRESPUNTOCERO Juan Andrés Mandujano, activista rural.
Quien asegura que pese a que ha mantenido su lucha en bajo perfil, los ataques por parte del gobierno han sido constantes. “Los activistas rurales tenemos mayor peligro de ser atacados, porque a diferencia de las zonas urbanas, en la mayoría de los casos no tenemos contactos y desconocemos muchos sistemas de protección, pero esto no ha sido impedimento para arriesgarnos para defender a uno de los estados más golpeados por los sistemas federales y estatales represores”, explica.
Según datos del foro “Personas Perseguidas y Presos Políticos en el Estado de México”, la realidad de hostigamiento y represión del movimiento social que se vive en la entidad mexiquense “es el reflejo de lo que ocurre en todo el país”.
Xochicuautla, Coyotepec, San Pedro Tlanixco, Apaxco, Atenco y Huitzizilapan, son casos emblemáticos de la calificada por los pobladores, ‘guerra sucia’ en contra de la población campesina e indígena, a quienes por décadas, los gobiernos de derecha han maltratado y humillado, para finalmente despojarlos “de lo que les pertenece”.
“Los decretos expropiatorios del gobierno mexiquense, o de autoridades municipales, han sido algunas de las principales artimañas legaloides para robarle a nuestra gente, principalmente el agua, ya que es el negocio más importante y por el cual las empresas pagan billones a las autoridades, las sobornan para obtener poder sobre el líquido, siempre ha sido así, pero pocos hemos sido los que nos dejamos, de ahí que exista un plan de exterminio en nuestra contra”, asevera Mandujano.
Para el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, en el estado de México existe una “política sistemática” de despojo del territorio, agua, bosques y recursos naturales, hechos que se mantienen soportados por una abierta violación a los derechos humanos y colectivos defensores de los recursos, donde las principales características es ser indígena y pobre.
Según el informe anual 2015 de dicha organización, el constante despojo de las poblaciones más desprotegidas se pretende realizar a través de la imposición de “megaproyectos” y desarrollos inmobiliarios en los que siempre resultan beneficiadas las grandes corporaciones y consorcios empresariales.
Lo cual, según se informa, ha provocado tensión e inseguridad en altos niveles, que han dejado la puerta abierta a represiones desde los diferentes niveles de gobierno, en contra de las manifestaciones de inconformidad de pueblos y organizaciones que se resisten al despojo.
El recorrido histórico del despojo en contra de pueblos indígenas de Estado de México, ha sido bajo la consigna de la creación de megaproyectos, que lejos de beneficiar a la población, lo hacen únicamente con los empresarios, en su mayoría extranjeros, y mantienen un severo daño ecológico que termina por dañar la vida humana y animal.
“Ha sido, a decir por los organismos civiles, desde la gubernatura de Enrique Peña Nieto, cuando se intensificó la ola de despojos en dicha entidad, desatando violencia que derivó en un gran número de muertes de indígenas y sus defensores, además de presos políticos, a quienes no lograron acallar por otras vías.
Eruviel Ávila ha continuado con esta forma de robo violento, intensificando en mayor grado la manera en que nos quita de su camino, para dar paso a megaproyectos pactados y por los cuales también llegó a la gubernatura, siendo los empresarios quienes invirtieran en su campaña, ahora le exigen parte de nuestro territorio, un intercambio ya establecido.
Sin dudarlo, es el gobierno estatal el principal negociante de territorios indígenas en Estado de México, por lo tanto, su población indígena es una de las más azotadas por la violencia producto del despojo perpetrado por éste”, comenta Mandujano. Y agrega que “hemos perdido como sociedad, la sensibilidad ante estos temas, si no hay cifras no hay noticias, claro que las cifras están escondidas por el gobierno, sin embargo el agua, los bosques y las tierras siendo minas de oro, no pueden esconder la avaricia de los gobiernos de derecha, aquellos que han gobernado el Estado de México, una de las poblaciones que discrimina en mayor grado a los dueños legítimos de las tierras”.