En Nuevo León, 173 casos de desaparición que involucran a 314 víctimas
Desinformémonos
Flor Goche
En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) ha documentado 173 casos de desaparición forzada o involuntaria de personas en Nuevo León que involucran a 314 víctimas.
De éstos, 142 son de desaparición y 31 de desaparición forzada, es decir, la que es obra de agentes del Estado o de personas que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia.
Con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia del país, particularmente a partir de la estrategia de militarización de la seguridad pública, el fenómeno de las desapariciones empezó a repuntar en la entidad.
Los años más críticos fueron 2011 y 2012, periodo en el que Cadhac documentó 187 casos de desaparición de 915 personas, 46 de los cuales pueden catalogarse como desapariciones forzadas.
En entrevista, Karla Torres y Andrea Menchaca, integrantes de Cadhac, sostienen que no obstante la disminución de las cifras de desaparición en Nuevo León, la problemática prevalece con alto grado de incidencia. Prevalece, asimismo, en contravención con diversas recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos, la militarización de las labores de seguridad, ya que, por ejemplo, el general Cuauhtémoc Antúnez Pérez, quien tuvo a su cargo la Séptima Zona Militar, fue designado secretario de Seguridad Pública de esta entidad.
ONU reconoce “buena práctica” en Nuevo León
En 2011, luego de que la Caravana Ciudadana por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezada por el poeta Javier Sicilia, arribara a la ciudad de Monterrey, los familiares de personas desaparecidas en la entidad iniciaron un proceso de diálogo con las autoridades de la procuraduría local para la revisión y seguimiento puntual de los expedientes de desaparición y desaparición forzada de personas. Desde entonces, cada dos meses, con el acompañamiento de Cadhac, se celebran encuentros entre las partes.
Aún con sus tropiezos, la experiencia ha resultado positiva, tanto que la Organización de las Naciones Unidas reconoció públicamente los aportes de esta “buena práctica”, entre ellos, la creación, por iniciativa de Cadhac, del Protocolo de Búsqueda Inmediata de Personas Desaparecidas, lo que a su vez derivó en la conformación del Grupo Especial de Búsqueda Inmediata (GEBI) a cargo de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.
Gracias a la operación de dichas herramientas (el Protocolo y el Grupo), así como de las reuniones periódicas con autoridades ministeriales para la revisión de los expedientes de desaparición y desaparición forzada de personas, de 2011 a la fecha se ha logrado dar con el paradero de 143 personas, refieren las integrantes de Cadhac.
Asimismo, se han emprendido procesos judiciales en contra de los responsables de estos flagelos. A la fecha suman ya 63 personas consignadas y 17 sentenciadas en segunda instancia por cometer desaparición. Otras cinco obtuvieron su libertad vía amparo.
No obstante lo anterior y a pesar de que desde 2012 el tipo penal de desaparición forzada fue incorporado a la legislación local conforme a los más altos estándares internacionales, hasta ahora ninguna persona ha sido sentenciada por este delito, aseveran Karla Torres y Andrea Menchaca. Precisan que, en la práctica, a los juzgadores se les está dificultando configurar el delito de desaparición forzada.
Suspendida la “buena práctica” a raíz del cambio de administración
Desde septiembre pasado, cuando se celebró el encuentro número 24 entre familiares de víctimas de desaparición y autoridades la procuraduría de Nuevo León para la revisión de los expedientes individuales, las mesas de trabajo que iniciaron en 2011 quedaron suspendidas. Esto como consecuencia del cambio de administración local.
A principios de este mes, quienes integran Cadhac y la Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos (Amores) en Nuevo León manifestaron a Jaime Rodríguez Calderón, actual gobernador, la necesidad de continuar con estos trabajos.
En la reunión que sostuvieron con el funcionario, éste se comprometió a satisfacer sus peticiones, sin embargo, las mesas de trabajo no han sido retomadas.
A decir de Karla Torres y Andrea Menchaca, Amores –organización de familiares de víctimas a la que Cadhac brinda acompañamiento jurídico y psicosocial– demanda también que el GEBI siga en funcionamiento y que, con el objetivo de dar continuidad a las mesas de revisión de expedientes individuales, los ministerios públicos que han participado en este proceso permanezcan en el cargo.
desinformemonos.org.mx/en-nuevo-leon-173-casos-de-desaparicion-que-involucran-a-314-victimas/