Repudia el Frente de Pueblos “dádivas” a víctimas de Atenco
VENERANDA MENDOZA
SAN SALVADOR ATENCO, Edomex. (apro).- El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra no recibirá dádivas del Fondo de Indemnización a Víctimas, debido a que con esta acción se pretende dar carpetazo al caso Atenco, advirtió Ignacio del Valle, líder de la organización.
Del Valle Medina precisó que la posición del Frente es la misma desde sus inicios, a pesar de todas las represiones sufridas: la exigencia de justicia.
“Desde luego que no, no somos ingenuos, no queremos esa dádiva… Quien iría a la cárcel, en principio, si hubiese justicia, sería él –el presidente Enrique Peña Nieto–, porque reconoció públicamente que él ordenó –como gobernador– la represión del 3 y 4 de mayo de 2006”, dijo.
Con la entrega de ese recurso y el llamado a una última audiencia en los juzgados del penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, aseguró, las autoridades están buscando cerrar ese capítulo.
“Es como el requisito que necesita el gobierno para darle carpetazo a ese asunto: Te obligo a ir a señalar al que te agredió, al chivito expiatorio –los elementos policiacos sujetos a proceso–, y ya no te hablo como víctima, sino como testigo. El gobierno quiere cerrar ese capítulo, quiere decir que se complementó el proceso, decirle a la Corte que resarció el daño con el fideicomiso”, alertó.
Las integrantes del Frente, abundó, sobre todo las violentadas, han actuado con mucha dignidad, de tal manera que si quisieran habrían recibido la indemnización desde hace mucho tiempo; “no la van a aceptar”, acotó.
Por ahora, dijo, la exigencia de justicia por los excesos cometidos contra los integrantes del Frente se encuentra en otro nivel, fuera del país, donde a pesar de que ha implicado un buen plazo se confía en una determinación favorable.
Posiblemente este fin de año, compartió, haya un resolutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se acusa a Peña Nieto, a las autoridades municipales de Texcoco y a las del Estado de México de incurrir en un crimen de lesa humanidad por la represión y confabulación con que actuaron en contra de los integrantes de la organización que se opusieron a la construcción del aeropuerto en sus tierras.
“Es un crimen de Estado repugnante que no podemos aceptar ni perdonar, no por un sentido de venganza, sino de justicia. Tenemos esa postura de no olvidar lo que nos cambió la vida totalmente”, advirtió.
El 20 de octubre, el procurador Alejandro Gómez anunció que la dependencia a su cargo se encontraba ya en etapa de individualización de la compensación a 11 mujeres de Atenco agredidas sexualmente.