PGR define en noviembre si continúa o no con caso Calera
Redacción SDPnoticias.com
jue 05 nov 2015
El plazo de investigación que se amplió por tres meses concluyó el 30 de octubre.
México.- El 28 de octubre se celebró audiencia en el Centro de Justicia Federal de Ciudad Gobierno en Zacatecas con motivo del caso de desaparición y asesinato de siete jornaleros en Calera el 7 de julio.
La obtención de pruebas en el proceso judicial en contra del coronel Martín Pérez Reséndiz y tres elementos de ordenanza identificados como José Manuel Castañeda Hernández, Víctor Manuel González Alderete y Juan Ordóñez Prado, por la desaparición forzada y el homicidio de las víctimas obligó a ampliar la investigación tres meses.
La audiencia fue presidida por el juez Juan Ramón Barreto López y en ella estuvieron presentes los cuatro militares indiciados junto a los cinco abogados que los representan, así como las familias de las víctimas, quienes aparecen como testigos protegidos.
Esto fue el resultado de un plantón el 15 de julio a fuera del domicilio allanado de dónde desaparecieron los jóvenes, y de su visita al Congreso de Zacatecas, lo cual obligó a la Procuraduría General de la República a acudir a la vivienda, recabar declaraciones y llevar a cabo peritajes.
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El 17, la procuradora Leticia Soto Acosta anunció el hallazgo de cuatro de los desaparecidos dentro de una casa cercana a la presa El Tesorero, en una brecha de la carretera Jerez-Fresnillo; ese mismo día, pero más tarde, se localizó a los tres restantes, quienes tenían un disparo en la cabeza y signos de tortura, además de que la evidencia mostraba que habían fallecido días atrás.
Las autopsias e informes forenses certificaron el asesinato horas después del levantamiento por parte de los militares en la vivienda el 7 de julio.
De acuerdo con Proceso, filtraciones a portales digitales y medios locales indicaban que tres de las siete víctimas, entre las que se encontraba el exmilitar Germán Martín García, fueron señalados como delincuentes de bandos contrarios.
Cienfuegos advierte cero tolerancia a violaciones a derechos humanos
Diez días después de la desaparición, el Ejército ya llevaba a cabo su propia investigación, sin embargo y con base en fuentes militares, debido a la falta de credibilidad en la institución por casos como Tlatlaya o Ayotzinapa, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, molesto por el exceso de Reséndiz y la ostentación de éste sobre su presunta amistad, lo empleó como ejemplo de que las fuerzas armadas no tolerarían violaciones a la ley o los derechos humanos.
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Poco después, la Sedena confirmaba vía comunicado sobre la detención de cuatro militares que serían puestos a disposición de las autoridades civiles para ser procesados.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) hizo su aparición en octubre y envió a un grupo de abogados desde la delegación de Guadalajara para que fungieran como asesores jurídicos, luego de que los militares fueran vinculados a proceso el 31 de julio, lo que llevó al juez Primero de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio a fijar un plazo de tres meses para la investigación complementaria, el cual venció el 30 de octubre.
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