En 4 años, Borge convirtió a QRoo en una entidad de alto riesgo para la libertad de expresión
Ciudad de México, 4 de octubre (SinEmbargo).– Una de las administraciones estatales más cuestionadas por parte de organizaciones sociales y activistas es la del priista Roberto Borge Angulo en Quintana Roo. Las difamaciones en contra de periodistas y legislaciones “a modo”, son algunas críticas que ha recibido en los poco más de cuatro años que lleva como Gobernador y que han colocado a su gestión como una de las más “represoras” en el país.
El pasado 14 de septiembre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Quintana Roo, promovida por el Gobierno de Borge Angulo, por considerar que atenta contra el derecho a la información.
A principios de agosto, el Congreso de Quintana Roo aprobó la también llamada “Ley Borge”, que contiene disposiciones restrictivas para el ejercicio periodístico. De acuerdo con la organización Artículo 19, constituye “un acto de simulación” de un gobierno que continúa agrediendo a periodistas críticos e independientes.
En el artículo 3, fracción XII de la nueva Ley de Quintana Roo, al definir el término “periodista”, se incorporan criterios restrictivos que no van de acuerdo con la concepción de este oficio como el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, señalando que debe ser una actividad de carácter “permanente con remuneración”.
Por ejemplo, la legislación deja a Pedro Canché Herrera y a Rubén Espinosa Becerril fuera de la protección: simplemente no califican como periodistas porque no están (estaban, en el caso del fotógrafo) en una nómina. Rubén era freelance y Canché no está en ningún medio reconocido por el Gobierno de Borge.
La CNDH argumentó respecto al artículo 3 fracción XII, en la que se delimita la calidad de periodistas con la condición de que la actividad sea “permanente”, que este concepto deja “fuera a aquellos que ejerzan el periodismo de manera no permanente, lo cual adolece de razonabilidad al excluir a tales personas del reconocimiento como periodistas, aun cuando ejercitan la libertad de expresión”.
Con esta modificación a la legislación, sostuvo el organismo presidido por Luis Raúl González Pérez, se podría dar lugar a diversas violaciones de los derechos de las personas “al no otorgarles el reconocimiento de la protección a los periodistas, a quienes no encuadren perfectamente en el supuesto debido a la temporalidad con la que desempeñen su actividad”.
Quintana Roo es la segunda entidad con mayor número de agresiones a la prensa, debajo del Distrito Federal, donde fue asesinado el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, y por arriba de Veracruz, el estado que concentra más asesinatos de periodistas, de acuerdo con el más reciente informe de la organización Artículo 19.
También señala que el año pasado se registraron 42 casos de violencia contra la prensa en la entidad, de las cuales, 15 por ciento fueron cometidas por servidores públicos.
Uno de los señalamientos más fuertes fue la detención del periodista maya Pedro Canché Herrera, quien fue liberado el pasado 29 de mayo tras ser acusado, sin algún sustento, de sabotaje.
Información difundida en medios locales señala que la campaña mediática de desprestigio que se emprendió contra Canché, en marzo pasado, pasó previamente por la supervisión del vocero del Gobierno de Quintana Roo, Rangel Rosado Ruiz, antes de “masificarse” a través de los diarios y las revistas locales.
De acuerdo con mensajes enviados y reenviados desde el correo rangelrosador@gmail.com, el mismo Gobernador estuvo previamente enterado de las calumnias que se publicarían los días y las semanas siguientes contra Canché Herrera.
ACUSACIONES DE REPRESIÓN
En otro intento por silenciar las voces de protesta social, en mayo del año pasado el Congreso estatal aprobó la Ley de Ordenamiento Cívico de Quintana Roo, llamada popularmente “Ley Antimarchas”.
Quintana Roo se convirtió así en el primer estado de la República Mexicana que oficialmente concretó una ley en contra de las protestas sociales en espacios públicos, donde los participantes en marchas y mítines tendrán que pedir permiso a las autoridades para ejercer un derecho que está consagrado en los artículos 6, 7 y 9 de la Constitución Mexicana.
También faculta a las autoridades para que, por cualquier tipo de queja o protesta, puedan disolver las concentraciones.
Las acusaciones contra la administración de Borge Angulo en materia de libertad de expresión y represión no paran. El pasado 22 de septiembre, José Manuel Ávila Fernández, Magistrado de la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), dictaminó que al menos 35 elementos de la Policía Judicial de Quintana Roo, además de Arturo Olivares Mendiola, subsecretario de la Coordinación de las Policías Municipales, deberán enfrentar acción penal por los delitos de tortura y abuso de autoridad en contra de Héctor Casique.
Casique, de 29 años, está recluido desde el 16 de marzo de 2013. Fue escolta de apoyo en eventos donde el Gobernador Roberto Borge Angulo se presentaba. Era instructor de la Policía Judicial del Estado cuando fue detenido, incluso Casique pensó que se trataba de una novatada, cuando lo empezaron a torturar para declararse confeso, pues aspiraba a un puesto oficial en la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo. Por esta razón conoce a todos sus victimarios por nombre.
La Sala Constitucional ordenó al Procurador General de Justicia en el Estado (PGJE) dar cumplimiento a la resolución S.C.A /P/075/2015 que ordena ejercer acción penal de la acción penal en contra de los 36 inculpados por los delitos de abuso de autoridad y tortura, determinando así también la presunta responsabilidad de los sujetos.
Todas las acusaciones que ha recibido Roberto Borge por parte de organizaciones, activistas y periodistas parecen no inmutar en lo más mínimo al Gobernador, al contrario, como respuesta premia con cargos públicos a los agresores de éstos. Por ejemplo, el pasado 30 de julio nombró a Jaime Ongay Ortiz, uno de los involucrados en la detención arbitraria de la periodista Lydia Cacho Ribeiro, el 16 de diciembre de 2005, como Jefe de la Policía en el municipio de Benito Juárez, mejor conocido como Cancún.