Quintana Roo se rehúsa a reconocer tortura en caso con CEAV
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) libra una batalla legal contra el Poder Judicial de Quintana Roo para sancionar a los torturadores de Héctor Casique Fernández.
Héctor Casique fue torturado durante 30 horas por la Policía Judicial de Quintana Roo para presentarlo como culpable de un múltiple homicidio y presunto líder de Los Zetas.
El expolicía e instructor de artes marciales fue detenido de forma arbitraria en marzo de 2013, y torturado por policías judiciales de Quintana Roo para obligarlo a firmar una confesión, en la cual aceptaba su participación en un multihomicidio y pertenecer al crimen organizado.
“Es una batalla legal muy fuerte en donde la víctima, apoyada por la Asesoría Jurídica Federal, está utilizando todos los instrumentos legales para decir que fue detenida, maltratada y torturada. Por el otro lado, hay un estado que se empecina en configurar un hecho basándose en pruebas que no pueden ser consideradas lícitas”, expuso Rubén Vasconcelos, director de la Asesoría Jurídica Federal de la CEAV.
La Asesoría impulsó una averiguación previa ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) estatal por los hechos de tortura, sobre la cual el Ministerio Público resolvió el no ejercicio de la acción penal, decisión que fue impugnada ante el Procurador, quien ratificó el no ejercicio.
La CEAV ganó esta batalla a finales de agosto, cuando la Sala Constitucional del Tribunal de Justicia estatal ordenó a la PGJ consignar el asunto por tortura, al considerar que existían los elementos de prueba.
“(Ello implica que) en el proceso que lleva Héctor como imputado, el juez debe excluir, en el momento de resolver, todos los elementos de prueba que se deriven de tortura. También abre otro proceso, donde Héctor aparece como víctima, para obtener la sanción de los responsables”, explicó.
En la averiguación se señala a cinco policías judiciales, así como a Arturo Olivares Mendiola, Subsecretario de Coordinación Municipal, y a Higinio Sánchez Baltazar, director del Centro de Readaptación Social de Cozumel.
En octubre, la Asesoría interpuso una denuncia ante Procuraduría General de la República (PGR) por la tortura, a fin de consignar a los responsables ante un juez federal.
La defensoría federal de víctimas también está luchando por proteger la integridad personal de Casique y su familia, ante diversas amenazas y hechos de intimidación que han sufrido.
Vasconcelos solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Ministerio Público estatal la emisión de medidas cautelares para garantizar su salud, atención psicológica y protección a su integridad física.
“Héctor fue muy lesionado, y ha quedado con secuelas (que requieren) trasladarlo a otros hospitales por daños en pulmón, estómago y testículos”, argumentó.
Doble tormento
La familia de Héctor Casique ha padecido intimidación por el caso. Estas son algunas denuncias hechas por la mamá Yaskade Fernández:
Yaskade Fernández, madre de Héctor Casique ha denunciado en numerosos foros la tortura de 30 horas que padeció su hijo.
Policías judiciales catearon su casa, le robaron sus pertenencias, la obligaron a cambiar de domicilio.
Perdió su trabajo y su hija (hermana de Héctor) tuvo que cambiarse de escuela.
Ha sido detenida infinidad de veces para revisarle su auto.
Fue amenazada y han vandalizado su camioneta.
En los medios locales la han estigmatizados como “la mamá de El Diablo” (apodo dado por la Procuraduría en su detención de Héctor).