Se le cae la Ley Mordaza al Gobernador de Nayarit
José Luis Flores Rosas/Independiente
Los gobiernos jamás pensaron que el avance de la informática llegaría un día a causarles serios dolores de cabeza. No lo visualizaron con la aparición del correo electrónico ni tampoco con la de los chats y medios de comunicación instantánea que en esos momentos tenían como mercado acaparador a los jovencitos de la época que lo usaban para intercambiar sus loqueras de adolescentes y noviazgos. De los chats pasamos a las redes sociales y cuando el gobierno se dio cuenta de su potencial, esta poderosa arma de comunicación ya estaba metida hasta en sus hogares.
En 2011 los egipcios nos dieron una cátedra majestuosa de lo que puede hacerse con las redes sociales y a través de su uso tomó cuerpo la llamada revolución Egipcia que culminó con el derrocamiento de Hosni Mubarak.
Ni tardos ni perezosos, los gobiernos entendieron el mensaje y los parlamentos del mundo enfocaron sus atenciones en la regulación de este medio de comunicación para evitar repetir la historia de Egipto. Su impacto es tan fuerte que la proliferación de la comunicación ha llegado a desplazar a los poderosos medios de comunicación escrita y de televisión para ceder irremediablemente este poder a los ciudadanos. El gobierno español fue el mas veloz en reaccionar y en este año logró tapar las bocas de sus ciudadanos al aprobar la polémica “Ley de Seguridad Ciudadana¨ la cual entró en vigor este primero de julio y que prohíbe entre otras cosas a ciudadanos convocar a manifestaciones ni tampoco compartir ninguna publicación relativa la concentración de sus ciudadanos, asimismo les queda prohibido publicar fotografías de policías y cualquier otro personal que pertenezca a la seguridad facilitando con ello la proliferación del abuso por parte de los cuerpos policiacos. Venezuela, Guatemala y México son ejemplos en Latinoamérica de movilización masiva a través del uso de redes sociales como Facebook y Twitter, para sacar a las calles sus protestas contra sus respectivos regímenes.
En México, la intención por delimitar su uso y suavizar la peligrosidad que representa un pueblo encolerizado en las calles cobra fuerza desde 2011 cuando el senador por el PAN Federico Döring presenta la llamada Ley Döring la cual propone regular los contenidos en internet haciendo hincapié directamente al uso de redes sociales y señalando como delincuente a aquel que sea el propietario de la IP desde donde se difundieran los contenidos que invitaran a la concentración masiva de personas. Ante las críticas de los mismos cibernautas y lo fresco del tema por la Revolución Egipcia no pudo prosperar pero tres años mas tarde el senador Javier Lozano Alarcón del mismo partido político presenta una iniciativa similar pero mas suave y con un contenido mas subjetivo en la llamada Ley Telecom, la cual disfrazando beneficios en cuanto al servicio de internet y de televisión para los ciudadanos pretendía por ejemplo restringir la difusión de las ideas a través del uso de redes sociales y de concentración masiva al proponer que se impidiera el internet bloqueando las señales en donde hubiera concentraciones masivas. Ante lo agresivo de la iniciativa las protestas precisamente por redes sociales encendieron el ánimo y tras multitudinarias manifestaciones en las calles y una intensa campaña por redes como el Twitter, Javier Lozano fue exhibido junto con el gobierno de Peña Nieto como un represor ante el mundo y finalmente tuvieron que dar marcha atrás en su intención quedando solamente lo relacionado a los beneficios sobre Servicio de Internet y Televisión, beneficios que por cierto están en entredicho pues esto ha propiciado una intensa campaña política con el regalo de pantallas a los ciudadanos usándolos sutilmente para comprar el voto.
Sinaloa modificó la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en agosto del año pasado en donde les queda prohibido a los periodistas asistir a escenas de crímenes y publicar fotografías o videos relacionadas con la comisión de asesinatos. Solo pueden publicar información contenida en boletines oficiales. Asimismo personal de la PGJE no puede proporcionar ningún tipo de información a medios de comunicación sin la autorización personal del Procurador. Mario López Valdez debe ser un tahúr de la política al lograr someter de esa manera a sus gobernados.
Después de Sinaloa, es Nayarit en donde el gobernador Roberto Sandoval presentó una iniciativa para realizar 12 reformas al código penal en esa entidad, entre las que destacan, por su características, la sanción y penalización de manifestaciones públicas, así como la intención de la regulación de contenido en redes sociales. La propuesta busca sancionar a quienes participen en manifestaciones públicas con el argumento de que alteran el orden y el buen funcionamiento de las vías de comunicación y por tanto se vulnera el derecho constitucional del libre tránsito. Lo que ha propiciado un maremágnum en las mismas redes sociales y el tema alcanzó en poco tiempo a todos los sectores sociales del estado. El gobernador, a través de su Secretario General de Gobierno ha desmentido la intención de limitar la libertad de expresión y diputados de su partido – el PRI por supuesto – han tratado de maquillar la iniciativa justificando la medida como una protección a quienes se ven afectados con publicaciones de tipo sexual u otras imágenes comprometedoras para menores de edad. Argumento mas que válido, sin embargo si esta es la intención destapa al equipo del gobernador como personas incapaces de poder estructurar textualmente las ideas. Si una ley es general, ambigua, se afecta a sectores que aparentemente estaban ajenos a la problemática (a menos que la intención sea esa precisamente) y si se quiso decir otra cosa entonces ¿por que no incluirlo en la propuesta de ley tal como ellos lo exponen en sus declaraciones de café? Por ejemplo en la iniciativa se busca sancionar a los medios de comunicación y pareciera que esto va dirigido a periodistas y demás trabajadores de ese ambiente pero ¿qué se entiende por medio de comunicación si no es cualquier herramienta que se use para transmitir una idea o un mensaje? Entonces desde este enfoque las redes sociales en manos de cualquier ciudadano es un medio de comunicación. Por otro lado si analizamos igualmente qué es calumnia, infamia y difamación nos vamos a encontrar con definiciones tan ad hoc del lado de quien la interprete. En el caso de la infamia se define como un acto vil que desacredite a una persona, que dañe su honor. En este sentido todo el sistema de gobierno queda protegido contra señalamientos que “desacrediten su persona y lo lastimen en su honor” a través de acusaciones o quejas que los mismos ciudadanos realicen.
Fue este 14 de septiembre cuando los diputados locales sesionaron para analizar y en su caso aprobar la iniciativa del gobernador. Y debido a las presiones ejercidas por los ciudadanos, el presidente del Congreso diputado Jorge Humberto Segura López anunció ayer en su cuenta de Facebook que debido a lo que juzgó de desinformación de esta propuesta de ley solicitaba a la presidenta de Comisiones del congreso Nayarita se retirara esta iniciativa. Con todo y eso, la organización para manifestarse continuó con normalidad y gran sorpresa dio el diputado Segura que ya estando en sesión jamás ratificó lo que horas antes había anunciado y la propuesta del gobernador continuó en el orden del día. No obstante esto, la presión ejercida desde en interior del recinto por los representantes de oposición y la manifestación externa, tuvieron que decidir posponer esta propuesta para una mejor ocasión. No hace mucho tiempo cuando el ahora Secretario General de Gobierno, quien propone hacer tremenda modificación encabezó él mismo las manifestaciones a favor de la libertad de prensa con una cinta cubriendo la boca en contra del régimen de Antonio Echevarría. Las cosas pueden cambiar con el tiempo, pero la congruencia nunca.
En el tema de limitar libertades, hay muchas cosas que se caen del platillo en la balanza pues por un lado les importa mucho el libre tránsito y se rasgan las vestiduras por hacer respetar el derecho constitucional de todos los ciudadanos pero nada dicen cuando las manifestaciones son de tipo religioso y las calles igual permanecen cerradas mientras los cohetes y la vendimia se instala en pleno pavimento. Mucho menos cuando la manifestación es por un mitin político y los templetes se apoderan de las calles obligando a los transeúntes y automovilistas a desviar su ruta: ah no claro! Es que ahí si hay permiso!
Luego del trago amargo que tuviera que aventarse el gobernador, declaró a los medios que el gabinete no estaba satisfecho por el desenlace de este tema ya que el fue engañado. Le presentaron una propuesta y al congreso llevaron otra. Los comentarios de este penoso asunto no forman parte de este análisis pero si de una charla de sobre mesa en muchos hogares nayaritas.
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